GOBIERNO - La España Que Reúne

Sobran los motivos para hablar alto y claro

La nación goza de buena salud, pero el acuerdo firmado en el mes de agosto con la finalidad de evitar la contestación y el rechazo de los socialistas del resto de España y, en general, de la sociedad española entre ERC y el partido de Illa, hace al Estado español ineficiente, ineficaz e incapaz de cumplir con sus atribuciones más características.

FUENTE: EFE

El Estado español ya no será el Estado Autonómico de la Constitución del 78, será una especie de Estado confederal, que no se basa en la voluntad afirmativa de las partes sino un Estado débil a la espera de la fractura definitiva. No es el acuerdo sobre principios sino el acuerdo de que unos aceptar que Illa sea presidente de la Generalitat y la resignación de los otros, a la espera de que rompan lo que queda cuando tengan fuerza suficiente.

El acuerdo es un camino claro y sin trampas de mutación salvaje del Estado que renuncia a sus atribuciones más características a la espera del momento adecuado para los independentistas. Todo ello sin consultar a la ciudadanía española, tratada como menor de edad y a la que le impiden protagonizar su futuro, apropiado por un clan político decidido a todo con tal de seguir en el Gobierno.

Los progresistas de Sánchez e Illa son paradójicos. Son tan progresistas que nos devuelven al siglo XVII, anterior a la nación configurada por la historia, la razón y la Ilustración. De esa cesión vergonzosa se derivará un régimen insostenible en el que se perpetuará la España menesterosa y pobre. Da igual que este año ofrezcan mejor financiación. A corto plazo, Extremadura, las dos Castillas, Asturias, Galicia, Andalucía y todas las comunidades necesitadas de apoyo y solidaridad verán reducido su margen de gestión. Ese acuerdo les obliga a seguir siendo pobres, justamente en contra de lo que luchó una izquierda muy distinta, a la que sobrevive otra cobijada en siglas honorables y centenarias.

Algunos dicen que esos acuerdos no saldrán adelante. Pero en todo caso se han confirmado tres realidades que algunos venimos anunciando hace tiempo. El denominado PSC es en realidad el coche escoba de los nacionalistas. Es el encargado de hacernos tragar la píldora de le desigualdad y el discurso identitario. Es el inevitable «poli bueno» encargado de hacer realidad lo que desea la parte nacionalista. Y si algunos piensan que la financiación es la mejor demostración del nacionalismo vergonzante del partido de Illa es que no ha reparado en la política lingüística. Efectivamente diseñan en el acuerdo una política lingüística sectaria, totalitaria, que ahoga el derecho de los catalanes a hablar en español, ni siquiera podríamos decir que es un remedo dulce de la política franquista en contra del catalán, porque muestra el rostro de la intolerancia y el sectarismo en toda su crudeza.

Cualquiera que lea el acuerdo, salga adelante o no, verá que el partido de Illa (que me cuesta calificarle de socialista) acepta y comulga con todo el lenguaje, el discurso y los principios nacionalistas.

Hemos constatado que Sánchez es capaz de todo y quien es capaz de todo es capaz de lo peor. Por esta nueva confirmación nos debemos preparar para la desarticulación, en ocasiones zafia, de los engranajes del Estado de Derecho español.

La conclusión es evidente. No se trata exclusivamente de salvar al PSOE, hoy por hoy, irreconocible. Se trata de defender la España constitucional y el Estado Autonómico. No estamos solo ante una pequeña batalla por el futuro del Partido Socialista. La gravedad de lo que está sucediendo nos impone la necesidad de encontrar espacios comunes, acuerdos y colaboración entre la sociedad civil, las instituciones independientes y los partidos constitucionales, moderados, que rechazan las expresiones políticas iliberales, sean de izquierdas o de derechas. Ni nuestros muertos ni nuestra historia pueden ser una mordaza que nos impida defender lo que en el pasado ellos defendieron: una España vertebrada con igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos hayan nacido donde hayan nacido, sean quienes sean sus padres. Ni los apellidos, ni la identidad ni la lengua y menos el lugar pueden ser el origen de desigualdades.

Por Nicolás Redondo Terreros, presidente de la Fundación para la Libertad

Zapatero en Gamínides

Los venezolanos no se han resignado ante el robo descarado de sus votos y, con ellos, de su dignidad. Maduro, escoltado por lo peor de cada casa, se proclamó presidente sin vergüenza. Un sentimiento desconocido para un personaje que ha mantenido un régimen cleptómano y empobreciendo un país rico como pocos en el siglo XX.

Por Nicolás Redondo Terreros

Ha pasado Venezuela de ser un país que, sin duda, despilfarró parte de su inagotable riqueza, a un país mendigo, del que se han ido millones de sus ciudadanos por sentir la falta de libertad y no tener nada que llevarse a la boca.

Lo más execrable suele permitir que sobresalgan ejemplos extraordinarios de belleza y dignidad. A Maduro le hace contrapunto María Corina Machado a la voluntad de silenciar a la sociedad venezolana. Representa la valentía de los que han decidido no callar, sino alzar la voz.

Los venezolanos han luchado contra la dictadura de Maduro y contra la indiferencia que ha impuesto el “socialismo para ricos” que domina parte de la izquierda occidental. Han pasado desapercibidos los millones de personas que han huido de Venezuela, los secuestros y detenciones de los opositores, cuando no el asesinato en la propia Venezuela o lejos del país de Bolívar.

Son ellos los que nos ha enseñado el valor del sacrificio, de la dignidad, de la libertad que les falta. Por eso, merecen toda nuestra atención y nuestra solidaridad más militante, más cuando sabemos que ya hay muertos en las calles de Caracas. Hoy vemos el verdadero rostro del dictador. No es sólo un botarate que baila bachata en los mítines o que dialoga con los pájaros y las vacas. Es un fiel y cruel servidor de una multinacional iliberal que arraiga en países como Cuba o Irán.

Siempre nos hemos preguntado cómo sistemas execrables han podido tener el apoyo de personas relevantes, pues un ejemplo de esa alianza a veces inverosímil lo tenemos en directo en Venezuela. Vemos cómo los últimos 10 años el expresidente de España José Luis Rodríguez Zapatero ha apoyado sin dudas y sin matices al régimen de Maduro. Nos dijo engolado que mucha gente hablaba de Venezuela sin conocer el país, sin darse cuenta de que es posible hoy en día estar perfectamente informado sin visitar el país y, en todo caso, todos podemos hablar de todo y sobre todo de la libertad y de la dignidad de un pueblo hermano.

Zapatero, cuando escribo esta nota, no ha hablado. Teniendo en cuenta la infinitud del universo (como él se encargaba de describir en un mitin inenarrable en San Sebastián) puede que esté en Gamínides intentando pasar desapercibido. Pero las señales de indignidad, de relaciones inconfesables con un régimen cleptómano y autoritario, están ahí para quien quiera verlas.

Hoy la militancia por la libertad y la democracia de España respecto al “pucherazo” de Maduro pasa por retirar nuestro embajador temporalmente hasta que se reponga la voluntad de los venezolanos (por menos y por cuestiones muy privadas hemos retirado sin fecha un embajador en Argentina). La única manera de influir en la buena dirección es la presión internacional y a esa acción pacífica, democrática y ética, España no puede renunciar. Desde luego también pasa por una reflexión seria y honrada de los socialistas españoles. ¿Puede el PSOE seguir manteniendo en sus filas a una persona que ha apoyado, por los motivos que sean, una “pucherazo” a favor de un dictador?

Hemos visto como los neocomunistas se ha felicitado por el golpe de Estado protagonizado por Maduro. Pero esto no me sorprende. Esa comunión entre comunistas y dictaduras no ha sido infrecuente en la historia del siglo XX. Sin embargo, es imposible que los socialistas miremos para otro lado cuando uno de los nuestros, embozado en bellas palabras que pierden todo su significado en sus labios apoya una dictadura.

Zapatero puede rectificarme con una declaración rechazando a Maduro y todo su séquito. Si lo hace, me alegraré. Pero si sigue oculto y callado o vuelve a hablar del “valor de la palabra o del diálogo”, sabremos que su posición está junto a los líderes autoritarios e iliberales.

Un ataque a la información libre

El reciente anuncio del ‘paquete de regeneración democrática’ por parte del presidente Pedro Sánchez ha suscitado un intenso debate y una fuerte oposición, especialmente entre los medios conservadores y la derecha política.

FUENTE: EFE

A pesar de las promesas de fortalecer la democracia y combatir la desinformación, muchos ven en estas medidas un intento encubierto de controlar y amordazar a la prensa crítica con el gobierno.

El plan de Sánchez incluye, entre otras cosas, la limitación de la financiación pública a los medios de comunicación y la reforma de la ley de publicidad institucional para asegurar una mayor transparencia. El objetivo declarado es evitar que la publicidad institucional sea utilizada para influir en la línea editorial de los medios y garantizar que estos den a conocer quiénes son sus propietarios y cuánto dinero público reciben. Además, se contempla un paquete de ayudas de 100 millones de euros para la digitalización de los medios, financiado con fondos europeos.

Sin embargo, críticos de diversos sectores acusan a Sánchez de intentar coartar la libertad de prensa y de utilizar estas medidas para intimidar a los medios que han sido más críticos con su gestión. El presidente parece estar más preocupado por su imagen pública y la de su familia, usando este paquete de medidas como una herramienta para protegerse de la prensa adversa. Afirman que el verdadero propósito de Sánchez es controlar las narrativas mediáticas, asegurando que los medios que reciben publicidad institucional sean aquellos que no le critiquen.

Estas medidas representan una amenaza para la libertad de información. La intención de obligar a los medios a revelar sus fuentes de financiación podría tener el efecto contrario al buscado, limitando la independencia editorial y provocando una autocensura para evitar perder fondos públicos. Esta estrategia parece diseñada más para infundir miedo en los medios y controlar el flujo de información crítica que para fomentar una mayor transparencia y responsabilidad.

Además, el aspecto sobre las finanzas de los medios de comunicación podría no limitarse a las subvenciones que reciben del sector público. Tanto el Gobierno como sus socios explican que pretenden apelar al carácter social de los medios de comunicación para dar a conocer su accionariado, para comprobar si existen conflictos de interés. Esta medida, aunque con buenas intenciones declaradas, podría servir para desacreditar a ciertos medios vinculándolos con intereses empresariales específicos y erosionando su credibilidad.

En este contexto, la relación entre el gobierno y la oposición sigue siendo extremadamente tensa. La derecha política acusa a Sánchez de manipular la información para proteger su imagen y la de su familia, y exigen su dimisión. Las críticas no se limitan a la derecha política; incluso dentro de su propio partido y entre sus aliados, hay voces que cuestionan la efectividad y la motivación detrás de estas medidas.

Las dudas sobre la implementación y la verdadera intención de estas reformas son abundantes. En un escenario donde el gobierno de Sánchez enfrenta múltiples desafíos, incluyendo la pérdida de las elecciones europeas y tensiones internas con sus aliados de coalición, estas medidas parecen ser una estrategia para consolidar su poder y reducir la influencia de sus críticos. La percepción general es que el gobierno busca un mayor control sobre los medios, utilizando la publicidad institucional como una herramienta de presión.

Mientras Pedro Sánchez presenta su paquete de regeneración democrática como una serie de reformas necesarias para proteger la información veraz y fortalecer la democracia, las críticas desde la derecha política y los medios conservadores sugieren que estas medidas podrían ser utilizadas para restringir la libertad de prensa y consolidar el poder del gobierno sobre la narrativa pública. En este contexto, la vigilancia y el escrutinio continuos serán esenciales para asegurar que cualquier cambio realmente beneficie a la democracia y no la socave.

Lecciones desde el otro lado del mundo

La reciente noticia de la salida de Joe Biden de la carrera presidencial en Estados Unidos ha resonado en todo el mundo, pero más allá del impacto directo en la política americana, es un momento idóneo para reflexionar sobre lo que esta decisión puede enseñarnos en España sobre el funcionamiento de la política en Estados Unidos y cómo podríamos adoptar algunas de sus prácticas.

FUENTE: EFE

En primer lugar, la retirada de un candidato de la envergadura de Joe Biden destaca la flexibilidad y adaptabilidad de la política estadounidense. Biden, tras décadas de servicio público, incluyendo su mandato como vicepresidente y luego como presidente, ha demostrado que los líderes políticos en Estados Unidos no temen dar un paso atrás cuando las circunstancias lo requieren. En España, esta capacidad de reconocer el momento adecuado para retirarse es algo que, lamentablemente, se observa con menos frecuencia. Los políticos españoles tienden a aferrarse a sus cargos hasta el último momento, incluso cuando el desgaste es evidente. Aprender a reconocer el momento adecuado para dar un paso al costado, permitiendo la renovación y el surgimiento de nuevas figuras, podría revitalizar nuestro sistema político.

Otro aspecto notable es la comunicación política en Estados Unidos. La salida de Biden no ha sido un mero comunicado frío y calculador. Ha sido una decisión anunciada con claridad, con un discurso que resalta la visión de futuro del partido y del país, priorizando el bienestar general sobre el individual. Esta forma de comunicar es esencial para mantener la confianza del electorado. En España, la transparencia y claridad en las decisiones políticas a menudo dejan mucho que desear. Los mensajes suelen estar cargados de ambigüedades y falta de compromiso, lo que genera desconfianza y descontento entre los ciudadanos. Adoptar una política de comunicación más directa y honesta podría fortalecer la relación entre los políticos y el electorado.

La participación de la sociedad civil en el proceso político es otra lección crucial. En Estados Unidos, la ciudadanía juega un papel activo y crucial en el proceso de selección de candidatos. Las primarias abiertas y los caucus permiten una participación amplia y diversa, donde los votantes tienen una voz significativa en la elección de los representantes de sus partidos. Este proceso participativo fomenta un sentido de pertenencia y responsabilidad entre los ciudadanos. En contraste, en España, la selección de candidatos a menudo está dominada por las cúpulas de los partidos, limitando la participación y el poder de decisión de la base electoral. Implementar mecanismos más participativos y democráticos en la elección de nuestros representantes podría incentivar una mayor implicación ciudadana y fortalecer nuestra democracia.

Además, la cultura del debate en la política estadounidense es digna de admiración. Los debates presidenciales en Estados Unidos son eventos de gran relevancia, donde los candidatos exponen sus ideas y confrontan sus puntos de vista de manera directa. Estos debates no solo permiten a los votantes conocer mejor las propuestas de cada candidato, sino que también fomentan la transparencia y la rendición de cuentas. En España, aunque se han dado pasos en esta dirección, los debates políticos aún carecen del mismo nivel de importancia y estructuración. Fomentar una cultura de debate más robusta podría enriquecer el diálogo político y ofrecer a los votantes una visión más clara de las opciones disponibles.

Finalmente, la capacidad de reinvención es una característica destacada de la política estadounidense. La salida de Biden no significa el fin de su influencia política, sino una transformación de su rol. Los políticos en Estados Unidos tienen una notable habilidad para reinventarse y seguir contribuyendo desde diferentes ámbitos, ya sea en la academia, organizaciones no gubernamentales o en otros roles públicos. En España, la carrera política a menudo se percibe como un camino sin retorno, donde la retirada de un cargo significa el final de la vida pública. Fomentar una visión más amplia y flexible de la carrera política podría permitir a nuestros líderes seguir aportando su experiencia y conocimiento en diferentes contextos.

En conclusión, la salida de Joe Biden de la carrera presidencial no solo es un acontecimiento relevante en la política estadounidense, sino también una oportunidad para que en España reflexionemos sobre nuestras propias prácticas políticas. Adoptar una actitud más flexible, mejorar la comunicación, fomentar la participación ciudadana, enriquecer la cultura del debate y promover la capacidad de reinvención son lecciones valiosas que podrían fortalecer y revitalizar nuestra democracia. Desde el otro lado del Atlántico, hay mucho que aprender y aplicar para el beneficio de nuestra sociedad.

El año Sánchez: inestabilidad y desconexión

El año de Pedro Sánchez desde las elecciones del 23 de julio de 2023 ha sido un periodo de turbulencias y decisiones controvertidas que han dejado a España en una situación incierta.

FUENTE: EFE

Tras la debacle del PSOE en las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo, Sánchez tomó la audaz decisión de adelantar las elecciones generales al verano, en un intento desesperado por mantener el control político en un momento de creciente descontento social.

El contexto electoral de julio, inusual por realizarse en plenas vacaciones, fue interpretado como una táctica para reducir la participación y así minimizar el impacto del descontento generalizado. Sánchez convocó un Consejo de Ministros para disolver las Cortes Generales apenas días después de los resultados adversos de mayo, mostrando una clara prioridad en su estrategia política sobre el bienestar del país.

El año siguiente, la gestión de Sánchez estuvo marcada por maniobras políticas y controversias. Uno de los aspectos más criticables ha sido su dependencia de alianzas con partidos radicales de izquierda y separatistas. Estas coaliciones han generado una inestabilidad constante y han erosionado la confianza pública. Las concesiones hechas a estos socios, incluyendo indultos y negociaciones opacas, han sido vistas como sacrificios de la integridad gubernamental a favor de la supervivencia política.

La economía ha sido otro punto débil en la gestión de Sánchez. Aunque el gobierno ha promocionado cifras de crecimiento y creación de empleo, muchos de estos logros han sido superficiales. La inflación sigue afectando el poder adquisitivo de las familias españolas, y las políticas de gasto público parecen más orientadas a comprar votos que a establecer un plan serio de recuperación económica. Esta percepción de falta de sostenibilidad ha aumentado la preocupación entre los ciudadanos sobre el futuro económico del país.

En el ámbito internacional, Sánchez ha intentado proyectarse como un «actor global». Su rol en la presidencia del Consejo de la Unión Europea y diversos encuentros internacionales han tenido un impacto limitado en la política doméstica y han sido percibidos como intentos de desviar la atención de los problemas internos. Este enfoque ha hecho poco por mitigar las críticas hacia su gestión nacional y ha dejado a España con la sensación de que sus problemas internos no están siendo adecuadamente abordados.

Otro elemento crítico en el año de Sánchez ha sido la semana de reflexión que se tomó tras la derrota en mayo. Durante este periodo, se esperaba que Sánchez reconsiderara su estrategia y buscara formas de reconectar con la ciudadanía. Sin embargo, la decisión de adelantar las elecciones fue vista como un movimiento calculado para mantener su posición, más que un esfuerzo genuino por rectificar el rumbo de su gobierno.

Además, los problemas personales no han estado ausentes en este periodo tumultuoso. Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se ha visto envuelta en procesos judiciales que han generado aún más controversia. Las investigaciones en las que está implicada y su próxima declaración judicial han añadido otra capa de distracción y desconfianza en el liderazgo de Sánchez. Estos escándalos personales han exacerbado la percepción de un gobierno más preocupado por su propia supervivencia que por el bienestar de los ciudadanos.

La situación con los socios de gobierno ha sido caótica. La falta de cohesión y la continua fragmentación de la izquierda han debilitado la posición de Sánchez. Las disputas públicas con Podemos y Sumar, y los desacuerdos constantes, han impedido una gobernabilidad efectiva. La incapacidad de Sánchez para mantener un frente unido dentro de su propio bloque político ha exacerbado la percepción de un gobierno en crisis.

Esta semana, esta inestabilidad quedó aún más patente cuando Junts, el partido independentista catalán, puso en peligro la legislatura con su amenaza de retirar su apoyo al gobierno. Esta situación subraya la fragilidad de las alianzas de Sánchez y la dependencia crítica de partidos que tienen agendas específicas y, a menudo, opuestas a los intereses nacionales. El miércoles, en un intento de calmar las aguas, Sánchez se reunió con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Esta visita busca asegurar el apoyo de los partidos independentistas catalanes, pero también resalta la continua dependencia de Sánchez en fuerzas políticas que priorizan la secesión sobre la unidad nacional

Desde las elecciones del 23 de julio de 2023, el Gobierno ha estado marcado por la inestabilidad, la mala gestión y una desconexión evidente con las necesidades reales de los ciudadanos. Su enfoque en mantener el poder a toda costa, a expensas de la integridad y la cohesión nacional, ha dejado a España en una situación precaria y con un futuro incierto bajo su liderazgo. Este periodo ha puesto de manifiesto las debilidades de un gobierno más preocupado por la supervivencia política que por el servicio al país.

La Justicia y el sentido común

La Ley de Amnistía ha generado un debate encendido en la sociedad española. Esta ley, que busca exonerar a aquellos implicados en el procés independentista catalán, plantea serios interrogantes sobre el respeto al Estado de derecho y la integridad de nuestras instituciones judiciales.

FUENTE:EFE

La Ley de Amnistía no solo es un error político, sino también una amenaza a los principios fundamentales de justicia y equidad.

En primer lugar, es crucial entender que el problema no radica en los jueces del Tribunal Supremo, sino en las trampas inherentes a la Ley de Amnistía. Esta ley representa una maniobra política que busca desvirtuar las decisiones judiciales previas y socavar la independencia del poder judicial. La justicia debe ser imparcial y basada en hechos y leyes, no en conveniencias políticas o presiones externas. Alterar los veredictos judiciales a través de una ley ad hoc sienta un peligroso precedente que mina la confianza en el sistema judicial.

Asimismo, debemos subrayar la importancia del imperio de los jueces. La propuesta de amnistía, lejos de promover la reconciliación, ataca directamente el corazón de nuestro sistema de justicia. Al desautorizar las sentencias emitidas por los tribunales, se envía un mensaje desalentador a los ciudadanos: la justicia puede ser manipulada por intereses políticos. Esto no solo desacredita a los jueces, sino que también erosiona la credibilidad del sistema judicial en su conjunto. Los jueces son los garantes de la ley, y su autoridad debe ser respetada para mantener la integridad y la estabilidad del orden legal.

Por otro lado, la ley y el sentido común deben prevalecer. La Ley de Amnistía, en su esencia, desafía ambos principios. La ley no debe ser vista como una herramienta flexible para acomodar decisiones políticas, sino como un marco riguroso que asegura la justicia y la equidad. La justicia debe ser igual para todos, y cualquier intento de modificarla para beneficiar a un grupo específico es, en última instancia, injusto y contraproducente.

Además, es fundamental considerar el impacto que esta ley tendría en el tejido social y político de España. La amnistía no resolverá las tensiones políticas subyacentes ni promoverá una verdadera reconciliación. Por el contrario, podría profundizar las divisiones al crear una percepción de impunidad y favoritismo. Aquellos que respetan la ley podrían sentirse traicionados, mientras que los beneficiados por la amnistía podrían interpretarla como una licencia para repetir sus acciones sin temor a repercusiones.

En este contexto, es imprescindible mantener una postura firme en defensa del Estado de derecho. La justicia no puede ser una variable dependiente de las circunstancias políticas. La amnistía no solo es una solución inapropiada para la crisis catalana, sino que también representa un peligroso precedente para el futuro de nuestra democracia. Si permitimos que las decisiones judiciales sean revocadas por conveniencias políticas, ¿qué mensaje estamos enviando a las futuras generaciones sobre el valor de la justicia y el respeto a las leyes?

La ley es un grave error que socava los principios fundamentales de nuestra sociedad. Debemos rechazarla con firmeza y abogar por un sistema judicial independiente y respetado. La justicia debe ser ciega, imparcial y no estar sujeta a las fluctuaciones políticas. Solo así podremos garantizar una sociedad justa y equitativa, donde todos los ciudadanos, sin excepción, estén sujetos a las mismas leyes y normas. La amnistía no es el camino; el respeto a la ley y la justicia sí lo son.

El fiscal y sus ‘líos’

Resulta complicado asociar el título de Fiscal General del Estado con Álvaro García Ortiz. El Gobierno lo emplea como un mensajero de la fiscalía, preguntándose a quién responde realmente.

FUENTE: EFE

Dado los tres contundentes reveses judiciales recibidos por el Fiscal General del Estado por parte del Tribunal Supremo, que incluyen la acusación de «desvío de poder»; su controvertida decisión de impedir al Consejo Fiscal emitir el dictamen solicitado por el Senado respecto a la Proposición de Ley de Amnistía; su elección de pasar por alto el consejo mayoritario de la Junta de Fiscales que recomendaba abrir una nueva causa contra el líder independentista Carles Puigdemont por terrorismo relacionado con el Tsunamic Democratic; y, más recientemente, la filtración atribuida a la fiscalía en el caso del novio de Ayuso, resulta evidente el reiterado y grave incumplimiento de García Ortiz de sus obligaciones como Fiscal General del Estado.

Los jueces y fiscales son los únicos ciudadanos españoles atrapados por ideologías obsoletas. García Ortiz incluso opina que la ley siempre se inclina hacia la izquierda, y no le molesta ser el alto funcionario de Pedro Sánchez más acosado por los extremistas, aunque a veces reciba críticas.

El fiscal general del Estado, designado por el Gobierno, muestra su disgusto cuando los jueces cuestionan sus decisiones (usualmente tomadas en nombre del Gobierno de Sánchez) y ahora se dedica a impugnar a magistrados del Tribunal Supremo.

El caso de Dolores Delgado como fiscal de Memoria Democrática se suma a la lista anterior, designado por él y cuyo nombramiento ha sido anulado por el Tribunal Supremo. Delgado es pareja de Garzón. Para aquellos que no lo recuerden, García Ortiz fue magistrado de la Audiencia Nacional y en 2012 el Tribunal Supremo emitió una sentencia condenándolo a 11 años de inhabilitación por prevaricación dolosa, relacionada con el hecho de ordenar la grabación de conversaciones en la cárcel.

Además, popularizó la figura de los jueces mediáticos, utilizando helicópteros para desplazarse y creando un espectáculo casi cinematográfico, además de participar en grandes expediciones de caza de ciervos con el entonces ministro de Justicia. El sur del país parecía estar ocupado por un ejército de policías.

El sistema judicial español está seriamente afectado, y no solo por los retrasos. Es inadmisible que existan asociaciones de jueces y fiscales que se autodefinan como conservadoras o progresistas. La afiliación a una u otra ideología debería ser un asunto privado de cada individuo, y no debería ser impulsada por necesidades de asociaciones profesionales. Esta afiliación, tanto a un lado como al otro, genera desconfianza en la ciudadanía, que debería ser el verdadero destinatario de decisiones judiciales imparciales, y no de las ideas políticas de aquellos que acusan y juzgan.

Los nombramientos de personas cercanas ideológicamente y simpatizantes políticos para cargos en el sistema judicial, hechos por los partidos en el poder, son inaceptables. Ni siquiera se ajustan al Derecho, como ha señalado en varias ocasiones el Tribunal Supremo respecto a los nombramientos designados por Sánchez.

Toda esta red de personas dejará sus cargos cuando Sánchez deje el poder. Por eso se aferran a él. Lo que realmente se necesita es una purga en las instituciones, una medida que los socialistas sensatos han pedido a gritos. Politizar los nombramientos es una aberración que representa una tremenda amenaza para la seguridad democrática.

Hasta dónde el independentismo puede seguir perturbando España

El domingo marcó un hito histórico para el Partido de los Socialistas de Cataluña, al obtener la victoria. Liderados por Salvador Illa, cuya candidatura creció 9 escaños, alcanzando 42, el PSC logró un triunfo significativo, pero estéril para conformar una gobernabilidad sólida y con un serio riesgo de repetición electoral.

FUENTE: EFE

Detrás de esta victoria están miles de catalanes que de buena fe creen que el camino que sigue el PSC es el correcto. Pero también otros tantos miles (hasta llegar al crecimiento de más de 200.000 votos del PSC con respecto a 2021) que tácticamente optan por esta formación para conseguir sus objetivos de convertir a España en un Estado confederal.

En cualquier caso, este resultado supone un cambio de rumbo en Cataluña, evidenciado por el repliegue parcial del bloque independentista, que ahora se encuentra lejos de la mayoría absoluta que ostentaba anteriormente. Esta elección refleja la decisión de un poco más de la mitad de los ciudadanos catalanes de dejar atrás el proceso independentista, marcado por la declaración ilegal de independencia en octubre de 2017, marcando otro paso distinto que sólo el tiempo dirá si es mejor o peor que lo visto hasta la fecha.

Además, este cambio de ciclo se caracteriza por el fortalecimiento y la consolidación de las fuerzas de derecha en la región. Tanto Junts, que aumentó en 3 escaños, como el Partido Popular, que pasó de 3 a 15 asientos en el Parlament, experimentaron un crecimiento significativo. Vox mantuvo su representación con 11 escaños, y se sumó a la Cámara la extrema derecha independentista de Aliança Catalana, con 2 escaños.

En un escenario «normal», la victoria de Illa lo posicionaría como el único candidato viable para una investidura en este momento. Sin embargo, la política catalana dista de ser «normal», acostumbrada a unas lógicas y normas muy distintas a lo que se puede considerar racional. El jugador más importante no tiene por qué ser el ganador (por ejemplo, no vale que ahora la dirección del PSOE reivindique como líder de la situación al partido más votado cuando esa legitimidad se le negó al PP en julio de 2023). Y es precisamente lo que sucede aquí: Puigdemont y Junqueras siguen controlando la situación, teniendo la capacidad de condicionar los planes de Illa y Sánchez.

El nacionalismo catalán, transformado en independentismo, ha perdido su mayoría en el Parlament por primera vez desde 1980. El resultado de las elecciones del domingo indica claramente el deseo de una parte de la sociedad cansada de más de una década de polarización y parálisis institucional. Durante este período se han sucedido cuatro elecciones, cuatro presidentes, un intento de ruptura constitucional, la suspensión del autogobierno y una falta de atención a las políticas públicas que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos.

Pero éste es un análisis parcial, ya que la abstención es alarmante. Aunque el independentismo parece haber perdido su impulso, no se puede afirmar que esté completamente derrotado. Más bien parece haber entrado en un periodo de letargo. Con una participación del 58% en estas elecciones (comparado con el 79% registrado el 21 de diciembre de 2017), el futuro político de Cataluña sigue pasando por el independentismo.

La situación en Cataluña se caracteriza por un desgavell, es decir, un lío. Además, se observa el alto coste político de la propuesta de amnistía, que ha llevado a una pérdida neta de aproximadamente 200.000 votos independentistas, mientras que el PSC solo ha ganado algo más de 200.000 votos.

En 2017, los votos combinados del PSC, PP y Cs totalizaron 1,9 millones. Sin embargo, en las elecciones actuales, estos partidos, junto con Vox, no llegan a los 1,5 millones de votos. Esto sugiere que una parte significativa del electorado constitucionalista, que se movilizó durante el punto álgido del proceso independentista, ha optado por quedarse en casa en esta ocasión.

Todo queda en manos de una mayor movilización del electorado en una más que probable repetición electoral ante los vetos cruzados que a la mañana del lunes 13 ya se han oficializado. Mientras tanto, el independentismo mantiene intacta su capacidad de seguir condicionando la gobernabilidad de España. Éste es el elemento más preocupante y el que seguirá siendo perturbador en los próximos meses.

Un proyecto por el que votar

Las elecciones catalanas que se avecinan no son solo un evento político más en el calendario; representan un momento de inflexión crucial para el constitucionalismo en España.

FUENTE: EFE

Más allá de las intrigas partidistas y las tácticas electorales, estas elecciones ofrecen una oportunidad dorada para reafirmar el compromiso con el marco constitucional y enviar una señal clara y fuerte, tanto a nivel regional como nacional.

Por su parte, la decisión de Pedro Sánchez de no presentar en el Congreso los presupuestos del Estado para 2024 ha generado un revuelo político considerable. Las comparaciones con sus declaraciones pasadas, como aquella en 2018 durante un Comité Federal, son inevitables.

En aquel entonces, Sánchez criticó duramente a Rajoy por no aprobar los presupuestos para ese ejercicio, llegando a afirmar que «un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. No hay excusa». Sin embargo, la situación actual parece distar mucho de aquella analogía, y la percepción es que el gobierno actual se está quedando sin combustible y, en lugar de recargar, parece optar por una carretilla que apenas avanza.

Durante años, se han desplegado esfuerzos considerables para hacer frente al movimiento independentista en Cataluña. Desde la llegada de Sánchez, se han aplicado medidas económicas y políticas, se han llevado a cabo diálogos y se han buscado soluciones alternativas, todo en un falso intento por entender las raíces del separatismo y encontrar un terreno común, pero siempre con el resto de los españoles como mayores perjudicados de estas políticas.

Estas estrategias han alcanzado un punto de estancamiento, por decirlo de alguna forma, con pocas perspectivas de avance a través de la justicia europea u otros medios legales. En este contexto, las elecciones catalanas emergen como una oportunidad para el surgimiento de una población más activa y con una visión distinta bajo el marco constitucional, lo que podría tener repercusiones de gran alcance a nivel nacional.

Es fundamental reconocer el papel que ha desempeñado el Partido Socialista de Cataluña (PSC) y su estrategia de ceder espacio al independentismo. La coherencia y la firmeza en el apoyo al marco constitucional deben ser prioritarias, incluso si eso implica adoptar posiciones más de confrontación.

Un aspecto fascinante de este escenario electoral es el análisis de los presupuestos y su implicación en la dinámica política. Los presupuestos, originalmente diseñados como una herramienta para establecer una mayor equidad entre los territorios de España, ahora están en el centro del debate por su falta total de sentido en favor a las exigencias de los independentistas.

Incluso se ha planteado la posibilidad de crear un cupo catalán y modificar la recaudación de impuestos, propuestas que han sido frenadas en un corto lapso de tiempo, a pesar de haber estado acordadas, por la convocatoria electoral. Esto marca un punto de inflexión significativo y debería servir para enviar un mensaje claro y rotundo: se acabó el juego de las concesiones sin límites.

No obstante, no basta con simplemente rechazar estas propuestas; es imperativo presentar una alternativa sólida y creíble. La fuerza del independentismo radica en la abstención de los votantes, y las elecciones catalanas han sido históricamente marcadas por altos niveles de abstención. Para contrarrestar esta tendencia, es fundamental ofrecer una visión atractiva y convincente que atraiga a aquellos que han optado por no participar en el proceso político.

Las elecciones catalanas representan una oportunidad única para reafirmar el compromiso con el constitucionalismo y establecer una dirección clara para el futuro político de Cataluña y España en su conjunto. Es el momento de dejar claro que el juego de las concesiones unilaterales ha llegado a su fin y de presentar alternativas sólidas que puedan abordar las demandas legítimas de la sociedad catalana dentro del marco constitucional español. La historia nos está mirando; es hora de actuar con determinación y visión.

En los últimos años, Cataluña ha estado inmersa en una profunda crisis política, marcada por el desafío independentista y la polarización de la sociedad. En este contexto, el constitucionalismo ha sufrido numerosos embates y ha visto cómo sus fuerzas se dispersaban en medio de disputas partidistas y estrategias divergentes.

La cuestión es: ¿sobre qué mimbres políticos se puede establecer una convergencia de valores y objetivos que brinde una base sólida sobre la cual construir una alianza política que pueda hacer frente al desafío independentista de manera efectiva y constructiva? El debate de siglas entre el PP de Cataluña y Ciutadans no ayuda a visibilizar una alternativa real al separatismo, menos aún fuera de Barcelona.

Es necesaria una muestra de unidad y cohesión dentro del bloque constitucionalista para recuperar la confianza de aquellos que han perdido la fe en las instituciones y para demostrar que hay una alternativa sólida y creíble al proyecto separatista, algo que se echa en falta en el PSOE.

La gobernabilidad de España, secuestrada por los socios de Sánchez

Nota de opinión de Nicolás Redondo Terreros

Recogida y emitida por la Asociación La España que Reúne

FUENTE: EFE

Dije que había conseguido un Gobierno sostenido en una alianza insostenible e inmoral, pero que no podría gobernar. Así está siendo. Tienen un Gobierno que no gobierna. Sánchez es presidente a cambio de hacer lo que digan sus socios y cuando lo digan. Pedro Sánchez dijo
desde el principio que la legislatura estaba asegurada, pero el rechazo de los Presupuestos de Cataluña pactados entre el partido de Gobierno autónomo (ERC) y el PSC por los mismos socios de coalición de Gobierno a nivel nacional (Comunes, que forman parte de Sumar), ha colapsado la intención de aprobar los Presupuestos de 2024 y, probablemente, la legislatura.

Todo indica que la mayoría gubernamental no da la seguridad y la estabilidad para mantener al Ejecutivo en momentos de una gran crisis política. Sólo están de acuerdo para evitar que la situación actual no cambie. La razón no es el PP ni la extrema derecha. Son sólo justificaciones.
El verdadero motivo para mantener a Sánchez es la necesidad de que los nacionalistas tienen de un Gobierno en sus manos, secuestrado por ellos. El Gobierno es su rehén y no hay otra forma de ver los comportamientos de unos y de otros. Los independentistas dicen, y Sánchez cumple según las conveniencias de Puigdemont o de Aragonés. En definitiva, no ha habido en
la historia de España un Ejecutivo más dependiente de fuerzas centrífugas que el que preside Pedro Sánchez.

14 de Marzo: Un día negro en la Historia de España

14 de marzo pasará a los anales de la Historia como uno de esos días negros que nadie querría haber vivido. Se aprobó una ley que impugna las sentencias judiciales provocadas por el alzamiento independentista, dejando a los jueces en una posición secundaria en el sistema democrático español. Desde el 14 de marzo, los jueces perderán autoridad y legitimidad. Se impone un sistema arbitrario y caciquil, propio del siglo XIX, paradójicamente de la mano de quienes se proclaman progresistas. Como sucedía hace dos siglos, la ley se nos aplicará según la capacidad de influir en la política. Entonces era el dinero, las creencias o los apellidos, ahora
la palanca de la arbitrariedad es la necesidad que tenga el Gobierno de votos en el Congreso.

Hemos perdido durante este tiempo todos los instrumentos para defender la democracia española. Mañana los independentistas podrán realizar cualquier consulta sin que el Gobierno pueda hacer nada. Tal vez estaría en su mano discutir la naturaleza del referéndum, pero nada más. Pero no podría impedir “la consulta pacífica al pueblo español”. Desde el 14 de marzo, la soberanía española, después de todas las concesiones políticas y penales, estará definitivamente en manos de Puigdemont.

De ellos dependerá seguir adelante con su referéndum o imponer con una fuerza redoblada su catecismo ideológico a todos los ciudadanos catalanes. O una cosa (la independencia) o la otra (hacer tabla rasa de la pluralidad de la sociedad catalana). Nada que ver con la concordia
de final de cuento de hadas que pregona el Gobierno.

El PSC es parte fundamental del problema de Cataluña y España

Se celebrarán en mayo elecciones autonómicas en Cataluña. Y es el momento de hacer algunos comentarios sobre la cuestión. Los independentistas no conseguirán romper España, no tienen ni la inteligencia ni el coraje ni la capacidad de sacrificio para conseguir que Cataluña sea un sujeto independiente en la historia. La independencia no se puede lograr entre los mejores despachos de la Ciudad Condal y los mejores restaurantes. Pero sí pueden conseguir (como lo han hecho en otras ocasiones) destruir la voluntad de progreso y libertad de España.

Pero en realidad ni siquiera ellos son el principal problema que tenemos. Si el PSOE ha secuestrado la razón, y con la razón el sistema democrático del 78, al PSOE lo tiene de rehén un partido político que es más identitario que socialista, que es más nacionalista que constitucionalista, que está más cerca de los que limitan las libertades individuales de los catalanes que de los humillado. Buen ejemplo es su comportamiento con los idiomas
naturales de Cataluña.

El PSC es el mejor instrumento para que todo siga igual, legitima a los autores del levantamiento, pacta con quienes quieren imponer una cultura gris y uniforme en una sociedad abigarrada de diferencias y conflictos. El PSC es el factor imprescindible para que el nacionalismo siga hacia adelante. No se enfrenta, no para, sólo legitima vergonzosamente las
quimeras absolutistas y reaccionarias de independentismo. El PSC no es la solución. Es parte fundamental del problema.