El penúltimo capítulo de descrédito de España es la filtración de un primer borrador del informe que está confeccionando la Comisión de Venecia sobre la ley de amnistía en tramitación en el Congreso de los Diputados por parte del Gobierno. Al ser un borrador, la Comisión de Venecia lo envía a los gobiernos afectados para que se pronuncien al respecto.
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En lugar de eso, el Gobierno de España ha preferido filtrarlo a la prensa con una fuerte campaña que contrarreste el deterioro de su situación política en los últimos días y engrase el tiempo de descuento en la negociación con Junts hasta el jueves 7 de marzo, último día para pactar las enmiendas. Precisamente, el momento es fundamental para entender la filtración y el sesgo de los mensajes, dado que el informe ni ampara ni apoya el actual texto de ley de amnistía. Más bien, todo lo contrario. Y menos aún sin haber sido hecho público por la propia Comisión de Venecia.
En primer lugar, este organismo del Consejo de Europa dice una cosa muy obvia: la amnistía existe en muchos países y está regulada constitucionalmente (cosa que en España no sucede). Por tanto, cuando no lo está, es necesario hacer una reforma de la Constitución para contemplarla y se necesita una mayoría abrumadora para poderla llevar a cabo. En segundo lugar, lo obvio da lugar a las especificaciones técnicas que son fundamentales. Una cuestión de tal calibre no puede tramitarse por vía de urgencia sin los informes técnicos preceptivos que dan estabilidad, seguridad jurídica y garantías a todo el proceso.
Por último, la proposición de ley está llena de imprecisiones temporales, de los tipos jurídicos (malversación, terrorismo…), fallos técnicos y falta de cuantificación y cualificación de sus consecuencias prácticas. ¿Hay algún estudio o estudios que evalúen la «reconciliación» observando el comportamiento de los actores en liza? ¿Se establece con claridad cómo se puede recurrir, su ámbito de aplicación y las garantías que se derivan de ello? Parece evidente que si no existe es porque sabemos que no hay ni reconciliación ni ánimo de tenerla en un futuro.
Habrá que emplear mucho más tiempo para leer con atención el informe y esperar a conocer el definitivo que sí publique la Comisión de Venecia, así como la evaluación de los expertos más destacados en la materia como la profesora Teresa Freixes. Pero lo que apuntan las primeras notas al respecto es, de nuevo, la inmoralidad de utilizar todos los resortes del Estado para continuar con una farsa que compromete la fiabilidad de nuestro país ante nuestros socios europeos.
Faltan unos cien días para las elecciones al Parlamento Europeo. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha puesto fin a meses de suspense anunciando su candidatura para continuar en el cargo al frente de las listas del Partido Popular Europeo (PPE).
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Los populares europeos están movilizándose para consolidarse como la fuerza principal en la Unión Europea (UE) y debilitar la posición habitualmente ocupada por sus rivales socialistas. El creciente descontento sugiere un posible aumento significativo en el apoyo a la extrema derecha, que aspira a obtener un número sin precedentes de escaños.
El próximo Parlamento Europeo contará con 720 escaños, 15 más que en la actualidad debido a la salida del Reino Unido. Las encuestas anticipan una Cámara inclinada hacia el centroderecha. Von der Leyen ha comenzado a moderar las medidas y propuestas que generan mayor oposición entre los ciudadanos y los gobiernos, buscando asegurar un buen resultado electoral y obtener el respaldo de los líderes de los Veintisiete para un segundo mandato de cinco años. Posteriormente, necesitará la aprobación como presidenta de la Comisión Europea por parte del Parlamento Europeo, con el respaldo de, al menos, 361 eurodiputados (más de la mitad).
En 2019, su elección se decidió por apenas nueve votos, y sin los 13 diputados del húngaro Orbán no habría sido posible. Von der Leyen aún enfrenta cierta oposición dentro de su propio partido, especialmente en Francia. También ha mostrado disposición a colaborar con la extrema derecha, siempre y cuando esta no vaya en contra de los intereses de la UE y no mantenga una relación cercana con el presidente ruso, Vladimir Putin.
Sin embargo, su gestión no ha sido exenta de críticas. Durante los últimos cinco años, ha implementado políticas de endeudamiento costosas y una estrategia ambiental que podría desindustrializar el continente, al mismo tiempo que impone regulaciones que pueden afectar el crecimiento económico. Bajo su liderazgo, la UE ha quedado rezagada en comparación con otras regiones del mundo, y las perspectivas de recuperación durante un segundo mandato son escasas.
En los últimos años, la UE ha experimentado un deterioro económico más pronunciado en comparación con sus principales competidores, en gran parte debido a la gestión de la Comisión por parte de la presidenta Von der Leyen. Tres problemas principales han contribuido a esta situación. En primer lugar, el aumento significativo del endeudamiento de la Comisión, con el lanzamiento del Fondo de Recuperación Covid de 700.000 millones de euros y la emisión de bonos. Aunque se esperaba que estimulara el crecimiento económico y rescatara a economías como la italiana, hasta ahora ha mostrado resultados limitados y ha generado preocupaciones sobre la forma en que se pagarán esos préstamos.
Además, el lanzamiento del costoso Nuevo Pacto Verde tenía como objetivo convertir a Europa en líder mundial en la lucha contra el cambio climático y mejorar la competitividad de sus industrias. Sin embargo, los resultados han sido decepcionantes, con la industria automotriz europea en declive y una dependencia creciente de importaciones chinas en el sector de energías renovables.
La UE necesita urgentemente impulsar su crecimiento económico, ya que se está quedando rezagada en sectores clave y sus sistemas de bienestar enfrentan dificultades crecientes. Para lograrlo, deben implementarse políticas que fomenten la innovación, la inversión y la creación de empleo, especialmente en tecnología, energía renovable y atención médica. También se requieren medidas para abordar los desequilibrios económicos entre los países miembros y promover una mayor integración económica y social.
La sostenibilidad de los sistemas de bienestar europeos necesita una revisión cuidadosa y posiblemente una reforma para mantener servicios de calidad sin acumular deudas insostenibles. Es esencial que la UE adopte un enfoque colaborativo y proactivo, trabajando con gobiernos nacionales, el sector privado y otras partes interesadas para promover un crecimiento económico inclusivo y sostenible en toda la región.
A Sánchez no le importa Galicia, solo quiere que no gane el PP y que ese resultado pueda abocar a Feijóo a forzar su salida de la dirección nacional de su partido.
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El presidente del Gobierno es sabedor de la tranquilidad que puede ocasionar a su difícil juego de equilibrios para la gobernabilidad una reestructuración de la cúpula de sus rivales, y probablemente tendrá incluso preparados los discursos por si eso llega a pasar.
Pero primero están los comicios y el PP parece jugarse la mayoría absoluta que mantenía en los últimos años y más después de la revelación de Feijóo en la que reconoció tres cosas: primero, que Junts le ofreció votar a favor de su investidura si aceptaba la amnistía, y aunque el PP estudió la oferta, la rechazó en 24 horas por considerarla «inconstitucional»; segundo, expresó que será complicado demostrar judicialmente la acusación de terrorismo contra Puigdemont; y tercero, y más importante, afirmó que si llega al gobierno, indultaría al líder independentista siempre y cuando éste se someta a la Justicia y a la Constitución.
«El PP nunca indultaría a una persona acusada por cualquier delito que no mostrara arrepentimiento por sus actos ni mostrara propósito de enmienda» rezaba la nota aclaratoria del domingo 11 de febrero. El incendio ya era imposible de sofocar.
Aunque Galicia no es un territorio de suma importancia histórica en cuanto a los resultados electorales se reflejan en los partidos nacionales, la situación actual es distinta a otras.
Esa tranquilidad de la que hablábamos al principio si la situación se desboca por completo y provoca una salida de urgencia de Feijóo, puede ser lo más peligroso para los españoles. La situación de un Gobierno sin oposición beneficia políticamente a Sánchez en cuanto a que aumenten las propuestas legislativas descabelladas que poner encima de la mesa, provocando una situación de descontrol.
Mientras, en el PP suenan las alarmas por una situación que se hubiese celebrado como un mundial deportivo en la actual dirección de Ferraz. ¿De qué no son capaces después de se haya firmado una amnistía rindiendo pleitesía a un delincuente fugado con el solo fin de colmar las aspiraciones personales de un derrotado en las urnas?
Por si alguien no recuerda, durante los últimos cinco años, Sánchez ha ejercido un impacto destructivo en España, en parte debido a nuestra pasividad. Permitimos que llevara a cabo una moción de censura respaldada por individuos cuestionables. Le permitimos conceder indultos a Junqueras, rehabilitar a Otegi y elevar a la prominencia a Pablo Iglesias, promoviendo un programa que muchos consideran comunista, restrictivo de libertades y simpatizante del terrorismo.
Permitimos que criminalizara a la oposición, estableciera cordones sanitarios contra partidos constitucionales y colocara a sus aliados en todas las instituciones estatales. Lo dejamos imponer confinamientos y cierres de negocios para encubrir la propagación de un virus, contribuyendo a su difusión inicial al negarse a suspender las actividades del 8M.
Permitimos que humillara a las víctimas de ETA al liberar a sus perpetradores, malgastara dinero público en fines clientelistas y descuidara la economía productiva en favor de un sistema que premia la inactividad y la dependencia del Estado a cambio de votos continuos.
También permitimos que reviviera el espectro de Franco para deslegitimar a una parte significativa de la población, tachando de fascista a cualquiera que criticara su errática gestión, su política empobrecedora y su inclinación por el engaño y la corrupción. Todo esto, con el objetivo totalitario de perpetuar su mandato, blanquear a sus aliados corruptos y obstaculizar cualquier alternancia en el poder.
El Gobierno, sometido a chantaje por sus socios, no parece vislumbrar un horizonte claro en esta legislatura, que acaba de comenzar. A pesar de las múltiples líneas rojas traspasadas para satisfacer a sus socios de investidura, especialmente después del desplante de ayer con la amnistía, la situación se complica.
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Los tiempos de Sánchez todavía permiten maniobrar, aprovechando las elecciones gallegas para dar a Junts lo que pidan, desviando la atención con una retórica ‘españolista’. Para respaldar sus acciones, el Gobierno se apoya en terminales mediáticas y opinadores de guardia, quienes tratan de convertir la amnistía en una virtud, mientras la población española expresa su rechazo.
A pesar de las críticas y la oposición, el presidente parece ajeno a lo que sucede en el exterior, tal vez creyendo que contribuye positivamente al país con medidas regresivas. La ley de amnistía, tras la derrota parlamentaria, vuelve al inicio, y el Gobierno tiene un mes para satisfacer a Junts, evitando ceder ante la presión independentista cercana a las elecciones gallegas.
La persistencia de una corriente política y mediática que respalda la ley de amnistía, con una interpretación flexible del delito de terrorismo, genera alarma social. Esta estrategia, destinada a obtener votos y poder, no solo transgrede la ética legal, sino que también bordea la extralimitación moral, desafiando la capacidad de asombro de los ciudadanos españoles.
El texto señala una serie de acciones que cuestionan el Estado de Derecho, desde pactos con quienes inicialmente fueron rechazados, hasta indultos a delincuentes golpistas, eliminación de delitos y blanqueo de herederos políticos de terroristas. La inclusión de Puigdemont bajo la amnistía inconstitucional cruza la línea roja del terrorismo, socavando la separación de poderes.
La ley se enreda entre sus propias líneas, ya que Junts busca un texto concluyente que amnistíe todas las situaciones y evite la intervención de los jueces, lo cual va en contra de los principios fundamentales del Estado de derecho y de la separación de poderes.
Aunque la amnistía continuará adelante debido a la demanda que respalda la legislatura, para el PSOE es una noticia desfavorable que su aprobación se retrase y siga acaparando la atención mediática.
Los asesores legales de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados lo dejaron meridianamente claro en su opinión sobre la propuesta de Ley de Amnistía del Gobierno destinada a eliminar los delitos relacionados con el procés
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La iniciativa no puede fundamentarse en la Ley de Amnistía de 1977, ya que ésta fue aprobada antes de la entrada en vigor de la Constitución (un hecho anterior no implica automáticamente que éste esté reconocido en la Constitución) y que el texto constitucional no proporciona respaldo para la aprobación de una medida de gracia de este tipo al prohibir un hecho de rango menor a la amnistía como es el indulto general.
Este informe, aunque no está firmado, ha sido elaborado bajo la dirección de Piedad García-Escudero, quien ha ocupado cargos importantes en el ámbito legislativo, siendo secretaria general del Congreso y letrada mayor del Senado. Su nominación para este puesto fue en noviembre, sustituyendo a Manuel Fernández-Fontecha, que se había manifestado públicamente en contra de la amnistía. Piedad García-Escudero es Letrada de las Cortes desde 1981 y es hermana de Pío García-Escudero, quien fue presidente del Senado por el Partido Popular (PP) entre 2011 y 2019.
Desde la asesoría jurídica de la Comisión de Justicia señalan la necesidad de que cualquier nueva amnistía requiere previamente una reforma constitucional que la respalde. Este planteamiento contrasta con el análisis previo realizado con la aprobación de la Proposición de Ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que contó con la aprobación del letrado mayor de la Cámara, Fernando Galindo, recientemente nombrado directamente desde un puesto político dado que formaba parte del Gobierno anterior.
Con todas las cautelas que se requieren para un órgano de consulta previa, los letrados admiten que la inconstitucionalidad de la norma puede no ser evidente, pero luego identifican múltiples aspectos que podrían no cumplir con el filtro de la Carta Magna, dejando la decisión final en manos del Tribunal Constitucional.
Un aspecto crítico es la «indeterminación de los delitos comprendidos en la amnistía», criticando la inclusión de actos «cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña» y la falta de precisión en el ámbito temporal. Advierte que esta falta de determinación y la amplia ventana temporal podrían afectar al principio constitucional de seguridad jurídica y dificultar la aplicación unívoca de la ley, incluso pudiendo derivar en una «delimitación arbitraria» que infrinja el principio de igualdad.
Pero más allá de que el Alto Tribunal pudiera pronunciarse en un sentido u otro, los letrados apuntan en la dirección más importante como es la compatibilidad con las leyes europeas. Y aquí es donde se produce un auténtico “choque de trenes” en cuatro cuestiones críticas:
La exclusión del ámbito de la amnistía de los delitos de terrorismo solo si hay una sentencia firme.
Las disposiciones relacionadas con los efectos suspensivos de la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La inclusión de delitos de corrupción en la amnistía, que pueden comprometer la armonización y efectividad de las normas reguladoras de estos delitos según el Derecho UE.
Sobre el artículo 4 de la Proposición de Ley de Amnistía que revoca las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención, con afección especial a los delitos de terrorismo y malversación.
Estos argumentos esgrimidos por los letrados de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados no sólo son claros, sino que muestran también hasta qué punto incluso una decisión con un sesgo favorable del Tribunal Constitucional al texto de la ley es incompatible con la permanencia de España en la Unión Europea.
Ante las cámaras, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó: «Es una ley sólida, impecable y absolutamente conforme con la Constitución». Esta idea fue reiterada poco después durante la misma intervención, al expresar: «Es una ley impecable desde el punto de vista legal y constitucional». El ministro expresa una confianza absoluta en la Ley de Amnistía, fundamentada, según él, en informes realizados por los letrados del Congreso de los Diputados.
Esta “confianza” no es tal, al tener que repetir hasta en ocho ocasiones distintas el término “constitucional” en la Exposición de Motivos. La acusación de terrorismo por parte del juez Manuel García-Castellón y los apabullantes indicios de que se cometieron graves violaciones de derechos humanos durante las manifestaciones de 2019 y la llamada “batalla de Urquinaona”, inciden directamente en que España está obligada a cumplir los preceptos del Derecho europeo sin discusión alguna.
Para Europa no hay “terrorismo que no viole gravemente los derechos humanos”, parafraseando al ministro Bolaños. El delito de terrorismo es muy claro, al igual que el de malversación y corrupción. Se acepta o no se acepta. No faltarán presiones directas o indirectas en los próximos meses a los jueces para que los encausados por terrorismo salgan indemnes y puedan estar poco tiempo después de vuelta en España habiéndoseles borrado sus delitos. Este punto es el que decidirá todo de aquí en adelante, más allá de que se pueda producir una batalla judicial dura y duradera en los tribunales españoles y el TJUE.
El discurso de Nochebuena del Rey Felipe VI de este año se enfocó principalmente en una firme defensa de la Constitución y los valores fundamentales de la sociedad española. El monarca se centró en abordar el panorama político interno de España sin demasiada atención a conflictos internacionales.
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En medio de un año políticamente tenso, con elecciones que han llevado a la necesidad de acuerdos inusuales entre partidos para formar gobiernos autonómicos y centrales, el Rey hizo hincapié en la importancia de evitar la polarización ideológica. Señaló cómo esta tendencia a dividirse en bloques puede deslegitimar a la otra parte, representando una amenaza para la estabilidad y el respeto mutuo en la sociedad.
El discurso buscaba recordar la importancia de mantener la unidad y la voluntad de entendimiento, especialmente en un momento en el que los pactos políticos se vuelven indispensables y la separación ideológica podría poner en peligro la cohesión social.
Después de las elecciones generales del 23 de julio, el Rey mismo se vio envuelto en disputas políticas, enfrentando acusaciones y demandas sobre su papel institucional. En medio de estos antecedentes, sus palabras sobre el lugar constitucional de cada institución, incluyendo la suya, y el respeto mutuo entre estas, cobran sentido.
No es exclusivo de Felipe VI el dedicar un discurso a advertir sobre los peligros de la polarización extrema y su impacto en la credibilidad democrática. La tendencia global a cuestionar los pilares de la convivencia, como la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político, requiere ser detenida antes de normalizarse. La clave es la Constitución, no como un símbolo vacío para las luchas partidistas, sino como el fundamento de sus valores esenciales.
El discurso del Rey este domingo fue una rara expresión de defensa precisa de los valores constitucionales como logro colectivo y herramienta para el futuro. Expresó preocupación, haciendo un llamado al «deber moral» de evitar la discordia, pero también transmitió confianza y optimismo. Ofreció un análisis no solo de las corrientes problemáticas que enfrentamos, sino también un argumento esencial para un país que tiende a subestimar sus virtudes y negar sus éxitos.
A veces, expresarse sin ser escuchado puede sentirse como hablar en un vacío, pero al menos se tiene la certeza de haber dicho lo que se necesitaba decir. El discurso del Rey Felipe VI esta Nochebuena, probablemente el más político desde su intervención el 3 de octubre de 2017 durante la situación en Cataluña, deja la pregunta de si los líderes políticos realmente han captado su mensaje.
En los próximos meses veremos si hubo una respuesta o si este llamado a la reflexión sobre el discurso del Rey resonó en la esfera política, especialmente considerando la situación crítica que enfrentaba el Gobierno de Mariano Rajoy en aquel entonces, con la crisis en Cataluña y su aparente inacción.
El discurso de Felipe VI en esta última Nochebuena llevó a la mesa de los españoles dos ideas fundamentales que desafiaban directamente el dramático panorama político del país: la advertencia de evitar que se arraigue la «germen de la discordia» y la afirmación de que la Constitución representa el mejor medio para «superar las divisiones». Remarcó que fuera de esta ley fundamental «no hay ley ni España en paz y libertad».
Es común que cada partido político interprete estas palabras según su conveniencia y las utilice para atacar a sus opositores. En España, son pocas las instituciones que no han sido arrastradas a los enfrentamientos políticos, como si fueran blancos en una obra de arte, sufriendo golpes y embates propinados por algunos políticos aficionados a la confrontación.
El discurso del Rey, especialmente para las dos principales formaciones políticas, debería ser un recordatorio crucial sobre la creciente polarización y un llamado a detener la deslegitimación del adversario, recordando que nunca deberían considerarse enemigos. En los últimos meses, la sensación era de caminar peligrosamente hacia el borde de ese abismo. «No podemos permitirlo», recalcó el Rey, subrayando la urgencia de detener este peligroso rumbo hacia la confrontación y el descrédito mutuo en el panorama político.
Las palabras de Felipe VI suelen ser meticulosamente escogidas, lo que permite diversas interpretaciones por parte de ciudadanos y partidos políticos que buscan respaldo para sus propias visiones. Sin embargo, dejó en claro la importancia de defender los «valores constitucionales» cuando se ven amenazados o cuestionados.
Entre las interpretaciones posibles, se puede sostener que este discurso de Nochebuena fue una llamada de atención, una señal contundente para recordar que en la confrontación política no todo es válido y que preservar las instituciones es crucial. Más allá de los líderes políticos, estas instituciones perdurarán y deberían hacerlo con el menor daño posible.
La imagen que acompañaba la alocución, con los Reyes y la Infanta Sofía aplaudiendo a la Princesa Leonor cuando juró la Constitución ante las Cortes Generales, fue una metáfora perfecta de la necesidad imperante de que las instituciones se mantengan sólidas y perduren en el tiempo.
Ya hay Gobierno y Pedro Sánchez no ha reducido el gasto, sino que lo ha aumentado al incrementar el número de secretarías de estado. También está por verse qué sucederá con las subsecretarías, secretarías generales y otros cargos que a menudo están asociados con ciertos privilegios, una práctica que parece ser común entre Sánchez y su equipo. Ni medidas de ahorro ni reducción de gastos.
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Sánchez ha presentado su nuevo gabinete para la próxima legislatura, destacando que Sumar retiene las cinco carteras que anteriormente ocupó Podemos, a pesar de haber obtenido menos escaños que esta formación. Una de las novedades más notables es el carácter político que adquiere el nuevo gabinete, marcado por la designación de María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y titular de Hacienda, como vicepresidenta. Similarmente, la ministra de Educación y portavoz socialista, Pilar Alegría, asume también la portavocía del Gobierno, relevando a Isabel Rodríguez, quien se enfrenta al desafío de implementar el ambicioso plan de vivienda asequible de Sánchez.
Se observa un gabinete menos orientado hacia lo técnico y más enfocado en perfiles políticos. Un claro ejemplo es la designación de María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE y titular de Hacienda, como nueva vicepresidenta. Lo mismo ocurre con Pilar Alegría, ministra de Educación y portavoz socialista, quien ahora también ejercerá como portavoz del Ejecutivo, relevando a Isabel Rodríguez, encargada del desafiante plan de vivienda asequible de Sánchez.
El enfoque político se hace evidente con la elección de Óscar Puente para Transportes, reconocido por su posición polémica, y el nombramiento de Elma Saiz en Seguridad Social, una figura menos conocida pero apoyada por Santos Cerdán, clave en las negociaciones con Junts y secretario de Organización del PSOE.
Un aspecto crucial que define el rumbo de esta legislatura es la ampliación del rol de Félix Bolaños, quien suma a su cartera de Presidencia y Relaciones con las Cortes la responsabilidad en Justicia. Esta concentración de poderes legislativos, ejecutivos y judiciales en una sola figura plantea interrogantes sobre la independencia judicial, especialmente en relación con la Ley de Amnistía, dado que Bolaños podría tener un papel dual como juez y parte en el ámbito judicial.
La concentración de competencias en la figura del superministro ha levantado las primeras suspicacias entre la oposición , ya que Bolaños pasará a controlar los tres poderes. Manteniendo su rol como ministro de la Presidencia, seguirá coordinando las acciones del Ejecutivo y encabezando las reuniones semanales de secretarios de Estado y subsecretarios, destinadas a preparar las próximas sesiones del Consejo de Ministros. Además, en su posición como ministro de Relaciones con las Cortes, continuará siendo el enlace entre el Gobierno y el poder legislativo, con una presidenta del Congreso que ha mostrado una clara afinidad con Sánchez, tal como lo ha demostrado Francina Armengol en apenas cuatro meses.
En su papel como ministro de Justicia, se espera que Bolaños aborde la reacción del Poder Judicial frente a la ley de amnistía, en gran medida producto de sus acciones. Esta ley continuará su proceso parlamentario el próximo martes después de ser calificada por la Mesa del Congreso, con el respaldo del secretario general de la Cámara Baja. Asimismo, se espera que busque persuadir a la Comisión Europea de que la democracia en España está protegida.
El PSOE solo ha firmado el documento que le ha presentado Junts, introduciendo, en todo caso, algunas “morcillas” para justificar la firma. Han comprado con entusiasmo el relato de los independentistas, sin reservas, y han aceptado las medidas de carácter populista, que caracterizan a repúblicas hispanoamericanas fracasadas, con entusiasmo.
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Los progresistas del siglo XXI nos llevan a los españoles directamente al siglo XIX. ¡Raro progreso el que nos lleva al pasado! Con Puigdemont hemos retrocedido con los Decretos de nueva planta a principios del siglo XVIII; esperemos que con el PNV no retrocedamos a las cuevas de Santimamiñe.
El primer dato relevante es que es la primera vez que soluciones políticas gubernamentales se negocian y se presentan fuera de nuestro país, en Waterloo, como si fuéramos un país inhóspito en el que no existe libertad para negociar. Waterloo supuso una derrota definitiva de Napoleón, y tristemente, en esa ciudad belga, los socialistas han puesto punto final a la democracia española del 78. No sabemos lo que vendrá, pero desde luego, no será el desarrollo lógico de la Constitución del 78.
En segundo lugar, han negociado con una persona que, si pisara el suelo español, sería detenido. Han negociado con un prófugo y por unos cuantos votos en el Congreso. Esto sería impensable hace una década, pero la ambición de una persona y el silencio acomodaticio de muchos lo han permitido. Hoy son ya responsables del desastre, tanto Sánchez como quienes le acompañan a llevar al precipicio al sistema constitucional español.
El PSOE dice en el acuerdo: “Estos acuerdos deben responder a las demandas mayoritarias del parlamento catalán que representa legítimamente al pueblo catalán”. ¿Y la soberanía nacional? ¿Y el Congreso de los Diputados? ¿Dónde queda en ese documento suscrito por el PSOE la nación española? ¿Ha dejado acaso de existir para el PSOE? Con esta afirmación, podemos decir que el PSOE, para satisfacer la ambición de Sánchez, ha dejado de creer en España y en la Constitución del 78.
Aprueban la existencia de un verificador internacional como si de un problema internacional se tratara. Justifican y legitiman los desórdenes públicos en Cataluña, la transgresión de leyes y sentencias realizadas por cargos públicos, y aceptan que comportamientos de naturaleza terrorista sean considerados solo expresiones políticas. Podemos decir que Puigdemont y la necesidad narcisista de Sánchez han conseguido más que la banda terrorista ETA durante décadas; justo es reconocerlo sin necesidad de poner un muerto encima de la mesa para negociar.
Destruyen la independencia judicial y, después de firmado este documento que permitirá crear comisiones de control a los jueces en el Congreso, estos ya pueden sentirse amenazados, ni más ni menos que por la fuerza del parlamento. Sería este acuerdo el sueño dorado de Trump, pero los EE. UU. pueden tener presidentes pintorescos e impresentables, pero tienen unas instituciones que no claudican.
Hoy corre más peligro el juez Marchena que los delincuentes independentistas. La Unión Europea debe mostrar su preocupación por la quiebra de la independencia judicial, y debe importarles poco que los autores de tamaños desaguisados sean de extrema derecha o populistas, nacionalistas o extremistas de izquierda.
Queda la ley de amnistía, radicalmente inconstitucional, y que conseguirá que seamos los españoles, vivamos en Cataluña o en el resto de España, los que tengamos que pedir perdón a los independentistas catalanes. En contra de lo que dice Santos Cerdán, este acuerdo es de investidura, no de legislatura; excepto que existan otros acuerdos que los ciudadanos españoles desconozcamos. Es decir, cada votación, cada ley será aprobada a costa de otro destrozo a la soberanía nacional española; una votación en el Congreso, otro regalo en favor de la desigualdad entre españoles.
No es extraño que Puigdemont se sienta ganador, igual que tampoco es extraño que los miembros y portavoces del PSOE se hayan escondido para que el mal trago pase. No merece la pena perder la dignidad, tirar por la borda los últimos 45 años de la historia del PSOE, poner punto y final a la Transición democrática española, por seguir las alborotadas vanidades de ningún líder.
¿No es posible que salgan más voces socialistas a decir que esto no se puede hacer en su nombre? Al silencio le acompañará para siempre la indignidad. ¡Digan no! Digan: ¡hasta aquí hemos llegado! Rebélense por su dignidad, por su partido, por España… Los que les antecedieron pagaron con la cárcel su ejercicio de dignidad en la lucha contra el franquismo, hablen menos de ellos y hónrenles. El resto de españoles debemos resistir pacífica y democráticamente donde nos corresponda.
La princesa Leonor juró la Constitución española la semana pasada en el Congreso de los Diputados, en una ceremonia especial con motivo de su 18 cumpleaños, siguiendo el ejemplo de su padre en 1986, cuando tenía su misma edad. De esta manera, la heredera al trono se acerca cada vez más a su futura posición como reina de España.
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Cuando su padre fallezca, abdique o no pueda continuar en el cargo, ella se convertirá en la Jefa del Estado, siendo la primera reina titular (no consorte ni regente) de España en más de 120 años.
Este escenario no es sorprendente, ya que Leonor goza del respaldo de la opinión pública y representa el futuro de la Monarquía en España. Siendo joven y mujer, ella se convierte en una figura clave para la institución, capaz de renovarla y superar las sombras y escándalos del pasado, particularmente los relacionados con su abuelo. Leonor ha ganado cada vez más apoyo y es actualmente la miembro de la Casa Real mejor valorada, incluso por encima de su padre, el rey Felipe VI.
Según una encuesta de Sigma DOS, un 63% de los españoles considera que la princesa Leonor será una «buena Jefa del Estado para España», en comparación con el 23% que no lo cree. Además, el 64,2% opina que la imagen de la Corona está mejorando en la sociedad española, en contraste con el 29% que piensa lo contrario. Un amplio 60% de los españoles cree que Leonor llegará a ser reina, mientras que solo el 23% cree que cambiará el modelo de Estado antes de heredar.
Este apoyo a Leonor llega en un contexto en el que la Corona española ha experimentado un notable distanciamiento de la sociedad en los últimos años. Factores como la conducta del rey emérito Juan Carlos I y cambios en la política, con la aparición de partidos republicanos en el Gobierno y el Parlamento, han contribuido a este fenómeno. Además, los escándalos sexuales y económicos de Juan Carlos I han afectado la reputación de la Monarquía y la Casa Real.
A pesar de los desafíos, algunos analistas argumentan que la Monarquía ha superado la mala racha de su predecesor con la llegada de Felipe VI, quien ha ganado la confianza de una parte significativa de la sociedad, especialmente en el espectro conservador. Además, la familia real ha logrado desvincularse de Juan Carlos I.
En cuanto a la popularidad de la Monarquía en comparación con la República en un hipotético referéndum, es difícil predecir su resultado. Sin embargo, es importante destacar que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el principal instituto demoscópico español, no ha preguntado sobre la Monarquía o la Familia Real en sus encuestas desde 2015.
Lo que es evidente es que, en los libros de Historia de España, se registrará la imagen del presidente Sánchez junto a Leonor, asegurando la lealtad de su Gobierno. No obstante, también quedará registrado que su Gobierno incurrió en una flagrante deslealtad desde el principio, sin que el presidente haya desautorizado o reprochado la conducta de sus ministros.
El domingo pasado, Argentina se encontró atrapada entre dos formas de populismo de signo opuesto. Por un lado, está el peronismo clásico, una corriente política manchada por la corrupción, que ha gobernado durante décadas y ha llevado al país a un fracaso económico y social de proporciones gigantescas.
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Por otro lado, se encuentra un nuevo peronismo pero en forma de un experimento libertario y antisistema que promete poner fin de una vez por todas a la ‘casta’ política. Los argentinos tomarán su decisión el próximo 19 de noviembre, eligiendo entre estos dos modelos, representados por dos figuras muy controvertidas: Sergio Massa y Javier Milei.
Es sorprendente para muchos que Argentina, donde profesionales altamente cualificados ganan 300 euros al mes y pierden 60 en la siguiente nómina debido al cruel repunte de la inflación, haya optado por la continuidad. El país espera los resultados de una segunda vuelta para confirmar la victoria del peronismo o resucitar la opción de Milei, un provocador sin límites que ha ganado popularidad a través de su actitud desafiante, pero que también podría fracasar debido a la misma razón.
El lastre de Massa es innegable y su desafío es monumental. Como ministro de Economía, no ha sido capaz de controlar la inflación descontrolada, detener el aumento de la pobreza y revertir la caída del PIB. La pobreza se ha convertido en un recurso político, generando un gran número de votantes sumisos que, inicialmente, entregan su voto por intereses personales y, con el tiempo, por inercia.
Las democracias mueren y las naciones prósperas se desmoronan cuando la política descubre una fórmula escalofriante pero efectiva para prosperar: crear problemas y luego ofrecer soluciones temporales, lo suficientemente efectivas como para obtener apoyo electoral, aunque sin resolver realmente los problemas subyacentes.
Javier Milei, un candidato que ha acaparado la atención política en el país en los últimos meses, obtuvo el 30% de los votos con un programa de propuestas radicales que incluyen la dolarización de la economía, la eliminación del Banco Central y de los ministerios de Salud, Educación y Obras Públicas, la promoción del libre uso de armas y la posibilidad de legalizar la venta de órganos.
La combinación de populismo y demagogia nacional-católica, enmascarada bajo una apariencia de ideas liberales o libertarias, puede dar lugar a un enfoque político problemático. Esta mezcla utiliza símbolos nacionales y religiosos para atraer apoyo popular, a pesar de promover políticas que no están en línea con los principios de la libertad. No es casual que en sus eventos políticos se vean jóvenes ondeando banderas confederadas y que Javier Milei insista en que «los liberales son superiores estéticamente».
Los populistas, en todas sus variantes, se aprovechan del descontento social, como el caos económico actual en Argentina. El país necesita estabilidad económica, social y política, y confiar en alguien con una estabilidad emocional precaria no es la solución. Un simple vistazo a los discursos de Javier Milei revela su tono delirante, su agresividad y su lenguaje frenético, características típicas de un populista, siguiendo el estilo de políticos como Donald Trump.
La afirmación de Milei de que «Dios es libertario y su modelo es el libre mercado» contradice uno de los fundamentos esenciales del liberalismo, lo que demuestra una falta de comprensión del concepto. Esta perspectiva también ha contribuido a distorsionar el término «liberalismo», que en sus inicios buscaba separar el poder del Estado de la religión, promoviendo un Estado laico y secular, lo opuesto a lo que defienden Milei.
Ambos extremos lograron dominar la elección del domingo, dejando fuera de la contienda a la derecha tradicional representada por Patricia Bullrich, a quien Milei ahora busca unir después de meses de duros ataques, para formar un frente unido contra el peronismo. La segunda vuelta se disputará entre el voto de protesta y el voto del miedo, cuando más que nunca se necesita un voto basado en la razón para sacar al país del agujero en el que el peronismo lo ha sumido.
