Tras las elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid, el Ministro de Justicia Juan Carlos Campo envió uno de los famosos “globos sonda” para reabrir la cuestión de los indultos a los líderes secesionistas condenados por el Tribunal Supremo en la causa del Procés.
Fuente: EFE
Se suele criticar al “sanchismo” como si este fuera un estilo político que tiene como fin la obtención del poder a cualquier precio, aunque esto implique debilitar las instituciones democráticas. El mayor desconcierto no surge por eso, pecado del cual no sólo se tendrían que redimir los socialistas, sino porque a priori el Gobierno no tiene mucho que ganar con este movimiento. El impulso de la recuperación económica, que vendrá tras el verano gracias a los fondos europeos, unido a la falta de escrúpulos ya demostrados para prorrogar presupuestos sine die y la colaboración de VOX para salvar el decreto para el reparto de dichos fondos, hacen que el PSOE pueda relajarse sabiendo que pasarán meses antes de perder una votación estructural importante.
También es cierto que si el modelo de sociedad que se defiende implica la desigualdad territorial absoluta donde unas regiones, curiosamente las más ricas, merecen unas prebendas determinadas con las que el resto tan sólo puede soñar y que este marco se debe aplicar en todos los aspectos políticos posibles, entre tanto cinismo, se podría defender de cara y abiertamente. En cambio, se nos vende un argumentario basado en la magnanimidad, el reencuentro y el perdón. Además, se compra el famoso «relato» del estado opresor y la nación agraviada que no reconoce a los catalanes no independentistas legitimidad alguna para discutir nada. Mientras, a los políticos, que malversaron dinero público para negar derechos fundamentales a más de la mitad de la población de su región, se les pone a la mesa. Muy poco barniz para una chatarra demasiado oxidada.
La dinámica es favorable a estos juegos. Sus afiliados apoyan al Gobierno en la concesión de los indultos aunque digan no estar de acuerdo, Moncloa provoca este tipo de magia. Para lo que sí ha servido es para reactivar la agenda gubernamental desactivada desde las elecciones catalanas. En su competición centrífuga el equipo de Sánchez se mueve mucho mejor que gobernando y tiene espacio que ganar tras la desactivación de Podemos. En ese combate identitario, el otro espectro no hay otra vencedor nato que el discurso «obrero y español» que VOX pretende articular.
Si bien de la manifestación de Colón nadie se atrevería a corregir a Trapiello, que se vieran Águilas de San Juan y la encendida retórica populista de Díez que hizo uso de la expresión del antiguo régimen dividiendo a los «españoles de bien» de los traidores a la patria no cabe duda que fué celebrado por Redondo (el Iván) y por el equipo de Abascal. No hubo foto, pero su retórica comanda.
Se dirá que VOX no ataca las instituciones. Lo cierto es que sólo las defiende en tanto y cuánto las puede utilizar para generar un espacio de confrontación contra los ataques de los partidos del Gobierno. Sus apoyos explícitos a Hungría y Polonia nos debería hacer ver que el Estado de Derecho les importa más bien poco.
Este uso de las instituciones para generar una narrativa de confrontación se pudo ver aquel día en boca de la presidenta Ayuso que tuvo que meter al Rey de por medio. El culmen de las paradojas de la política española, la política que más ha debilitado la Jefatura del Estado es la supuesta némesis de Sánchez.
Todos aquellos que pretendan fortalecer las instituciones democráticas deben proponer una identidad alternativa que pueda competir en esta dinámica de confrontación. Para ello, la estrategia a seguir no es la de confrontación iracunda contra el Gobierno, por mucho que entendamos que este es un agravio extremadamente grave, sino tratar de reducir la polarización afectiva a través de marcos alternativos ganadores. Pero a medio y corto plazo, hemos de esforzarnos en tejer acuerdos transversales entre diversos sectores de la sociedad, también con quiénes ahora apoyan al Gobierno para construir una hegemonía cultural constitucionalista.
El encuentro de escasos segundos en un pasillo de la cumbre de la OTAN entre Pedro Sánchez y Joe Biden, es una buena muestra de lo mucho que queda por hacer en materia de política exterior. Esta mal denominada ‘reunión’ ejemplifica la irrelevancia de España en materia geopolítica, especialmente en un momento clave para las relaciones internacionales donde los bloques americano y chino presionan sobre una Europa desunida, dependiente energéticamente de un enemigo como es Rusia y que no ha sido capaz de recomponer sus dinámicas internas tras el Brexit. ¿Cómo es posible que la cuarta economía de la Unión Europea tenga un papel tan secundario, y que en el primer viaje de un presidente recién elegido en Estados Unidos, Madrid no haya sido ni siquiera planteada como parada obligada?
(FUENTE: EFE)
España debe poner urgentemente en marcha un plan que recupere su posición geopolítica, reivindique su historia y establezca un nuevo juego de alianzas estratégicas, empezando por sus aliados tradicionales y acabando con una entente cordial con sus enemigos tradicionales, especialmente su vecino del Estrecho. Es probable que el ‘atlantismo’ haya llegado a su fin, teniendo en cuenta que se construyó en un momento histórico donde el ‘centro de gravedad’ geopolítico estaba en Europa. Sin embargo, ahora está en el Pacífico y China en menos de 2-3 años será la primera economía del mundo con un peso del 20% sobre el PIB global.
Por tanto, es necesario reconstruir el mapa de alianzas teniendo dos ejes estratégicos como prioridad: por un lado, el eje atlántico con las relaciones con Estados Unidos y América Latina y, por otro lado, la ‘Nueva Ruta de la Seda’ puesta en marcha en 2013 por China, la cual se ha convertido en la principal fuerza de extensión de un bilateralismo dentro de la tendencia general de la globalización, el cual cambió el planteamiento de Estados Unidos en 2016 y que ahora está por ver si la Administración Biden cambiará o no.
Con semejante desafío por delante, se necesitan más de 100 metros o 30 segundos de paseo de nuestro presidente con el presidente Biden para hablar de las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos, de Latinoamérica y de felicitar a Biden por su agenda progresista, en lo que Sánchez calificó como “una primera toma de contacto”. Moncloa aunque quiera ‘vender’ un encuentro que jamás se realizó en esos términos y teniendo en cuenta que la comitiva de Estados Unidos no llevaba marcada en la agenda de su viaje a Bruselas para la reunión de la OTAN reunión alguna oficial con España, debe reconocer que ya vamos tarde y que cuanto más tiempo pase, mayor va a ser la irrelevancia de España en política exterior.
No dudamos de que en algún momento se producirá una reunión entre ambos presidentes, ya que nuestro país ha sido históricamente un fuerte aliado de EEUU, pero el ‘cuándo’ y el ‘cómo’ son extraordinariamente importantes.
Esta semana, un grupo de 33 premios Nobel de Economía y otros 20 destacados economistas publicaron un artículo en el que defienden a Andreu Mas-Colell, economista catalán y exconsejero de Economía de la Generalidad. Mas-Colell es uno de los 40 implicados en un procedimiento del Tribunal de Cuentas que busca recuperar dinero público supuestamente malversado en la promoción internacional del procés entre 2011 y 2017.
(FUENTE: EFE)
En el texto compartido por este grupo de intelectuales, muestran su preocupación por uno de los economistas españoles más respetados a nivel internacional, habiendo sido profesor en Berkley y catedrático en Harvard, dos de las más prestigiosas universidades a nivel mundial. Estos economistas ponen en valor las aportaciones de Mas-Colell a la economía y muestran su enorme preocupación por la posibilidad de que le sean embargados sus bienes para subsanar el dinero malversado en la causa del procés.
Es evidente que estos economistas conocen el valor intelectual de Mas-Colell, pero obvian su implicación en una causa de gran importancia para el Estado español. Se debe separar las capacidades de una persona sobre sus acciones y en este caso no se está haciendo. Entendemos la preocupación de sus colegas por el futuro de un amigo, pero en ningún caso esta carta puede funcionar a modo de presión para proteger frente a los contrapesos legítimos de un Estado de Derecho a Mas-Colell, que es un ciudadano más. Muchas personas en distintas situaciones sufren los prejuicios de circunstancias semejantes y no por ello se les defiende de forma distinta: no se puede permitir que la opinión intelectual tenga más valor que un texto judicial y una posible sanción administrativa.
Los firmantes del escrito, muy apoyado por algunos colegas de profesión por redes sociales, no tienen porque conocer los actos de exconsejero de Economía catalán y aun así defienden su inocencia y la integridad de este y más, cuando los firmantes en su inmensa mayoría son extranjeros y no tienen por qué conocer los entresijos políticos de nuestro país con respecto a la cuestión catalana.
Este texto se apoya principalmente en la ausencia de cargos presentados por el Tribunal de Cuentas hacia Mas-Colell, lo que no significa que él fuese el máximo responsable del dinero público de Cataluña entre 2011 y 2017, aparte de defender de forma pública su defensa de la causa independentista con la más absoluta firmeza. Por tanto, será el Tribunal de Cuentas, a partir del 29 de junio, quien determine su verdadero papel en este proceso abierto.
Todos recordarán las intenciones de Mas-Calell en octubre de 2014, y quien no las recuerde, se lo refrescamos con este fragmento de la pieza de la periodista de El Mundo, Leyre Iglesias. “Palacio de Westminster, 22 de octubre de 2014. El consejero catalán de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell -bigote blanco, gafas, aire de intelectual-, toma la palabra. No es ningún desconocido para la élite académica anglosajona. Tampoco su inglés es deficiente. En la Cámara de los Comunes, envuelto en el aura del economista español de más prestigio, dibuja un panorama asfixiante. Habla de agravios económicos; cuenta que Cataluña fue anexionada por Castilla en 1714; defiende la consulta secesionista que Artur Mas ha convocado para el 9 de noviembre… Y avisa: el «último recurso» de Cataluña será un «ejercicio de soberanía» respecto a España, sin poner en riesgo su continuidad en la Unión Europea… «Solo nos defendemos de un ataque en toda regla», dice.”
Es por esta intervención, que el Tribunal de Cuentas tiene más que suficiente para, por lo menos, abrir una investigación hacia el exconsejero de Economía, responsable de los Presupuestos de la Generalidad. Por tanto, será la resolución de este caso lo que finalmente condicione el futuro de Mas-Colell.
El Gobierno de coalición ha vuelto a colocar al independentismo en el centro del debate tras el fracaso de la «opción Illa» y la formación de un gobierno autonómico de «línea dura». Vuelve a instalarse (si es que alguna vez se marchó) el convencimiento de que una parte del soberanismo es rescatable con ciertas concesiones, siendo la más importante el indulto a los presos del procés, a cambio de dar estabilidad parlamentaria al actual Ejecutivo. Ante esta estrategia del Gobierno y sus apoyos políticos, no cabe anteponer movimientos tácticos si no que es necesaria más que nunca una estrategia política y técnica sólida y consistente que sí tenga capacidad de parar decisiones injustas que provoquen un daño irreparable al Estado de Derecho.
Conforme van a ir pasando las próximas semanas y meses, los motivos de protesta contra el Gobierno van a crecer de una manera exponencial: la gestión de la pandemia, la errática e inconsistente política sanitaria, el más que posible mal uso de los fondos europeos, la irrelevancia de España en política exterior evidenciada en la crisis con Marruecos, la escalada inflacionista de la cesta de la compra y cómo el Gobierno se dedica a echar más gasolina a ese fuego (por ejemplo, el cambio de tarifas de la electricidad), las concesiones a los nacionalismos periféricos….
Este escenario requiere de una estrategia inteligente, en la cual converjan todos aquellos que deseen evitar una mayor disgregación y discordia en la sociedad española, además de pensar y estructurar cuál va a ser la «vía de salida» de la actual situación. Por supuesto todos los medios cívicos y democráticos a nuestro alcance son necesarios y legítimos (manifiestos, firmas, manifestaciones en la calle…) para defender una visión alternativa y colocarla como referencia para presionar al actual Ejecutivo. Pero es el momento de trabajar para despertar la atención y provocar la movilización de una gran mayoría de españoles silenciosos que desde su trabajo y vida personal cada día pueden impulsar las grandes transformaciones que nuestro país requiere.
Movilizar a los ya movilizados es una tarea en la que se pierden recursos muy necesarios para trabajar en un amplio espacio de la nación que también desde su cotidianiedad se indigan y protestan contra los indultos que quiere conceder el Gobierno Sánchez a los dirigentes independentistas, sin tener el apoyo del máximo órgano de justicia en España ni haberse sentado a hablar con la oposición para, al menos, tratar de forma conjunta una cuestión que afecta a todos los ciudadanos del país.
El otro espacio imprescindible es el de los partidos políticos y políticos a título individual que están en contra de los indultos. Su trabajo no es sólo ir a manifestaciones a protestar, sino que el lugar donde es necesario intensificar su labor es el Congreso de los Diputados, que no se les olvide. Con ello, les pedimos a los partidos constitucionalistas que realicen su trabajo de contrapeso al descontrol presente. Ese trabajo no se hace con un par de fotos. Se hace desde dentro y en silencio buscando el bien común y no el rédito político, con discursos que, en el panorama actual, no hacen más que tensionar más si cabe a los españoles.
Por último, a los miembros del Gobierno y del PSOE que no están de acuerdo con esta decisión de indultar a los líderes independentista, les pedimos que luchen desde dentro y hagan pensar a los dirigentes del partido y del Gobierno de la falta de integridad que supone dejar sin consecuencias a quien pasa por encima de la Carta Magna y que no sólo no se arrepienten, sino que ya han manifestado su intención de seguir intentando lograr la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña.
La batalla por un pago de impuestos justo y razonable por parte de las big tech, ha tenido un hito relevante con el pacto del G7 para la aplicación de un impuesto de sociedades mínimo del 15%. Sin embargo, esto no es más que una parte de lo mucho que es necesario hacer para romper un oligopolio que amenaza nuestra soberanía, privacidad y libertad.
Si bien el objetivo fundamental de este pacto es impedir que las grande multinacionales deslocalicen su sede a otro país donde tengan una situación fiscal mucho más favorable, además de hacerles pagar en los países donde operan, en realidad es positivo para las big tech (Microsoft, Amazon, Facebook, Google, Netflix y Apple) porque les da estabilidad regulatoria, supone un incremento escaso del pago de impuestos y elimina el mayor problema al que se enfrentaban que era la implantación de tasas Google en todos los países donde operan. Sin duda, su mejor defensor está siendo el Gobierno Biden, el cual sigue aplicando aranceles a varios países, entre los que se encuentra España, por esta cuestión.
Esta cifra del 15% está por debajo del nivel más bajo de los países del G7. De todas formas, los países occidentales más relevantes esperan que este sea un primer movimiento para implicar a más países en estas nuevas medidas. Comprometiéndose a llegar a una solución equitativa sobre el reparto de los derechos de imposición, “concediendo a los países del mercado derechos de imposición sobre al menos el 20% de los beneficios que superen un margen del 10% para las empresas multinacionales más grandes y rentables”, reza el texto del acuerdo.
«Facebook lleva mucho tiempo pidiendo una reforma de las normas fiscales mundiales y acogemos con satisfacción el importante progreso realizado en el G7», ha declarado Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales de Facebook, en un comunicado enviado por correo electrónico. «Creemos que un proceso dirigido por la OCDE que cree una solución multilateral ayudará a dar estabilidad al sistema fiscal internacional. El acuerdo del G7 supone un paso adelante en el esfuerzo por lograr este objetivo», ha explicado un portavoz de Amazon a Reuters.
De esta forma, las empresas aceptan las medidas tomadas por el G7 en estos términos para así poder evitar la aplicación de la Tasa Google y actuar bajo parámetros unificados en todo el mundo.
Aquí en España se espera que estas medidas hagan que el Estado perciba alrededor de 950 millones de euros, este año, por el tributo a las grandes tecnológicas. España trata de liquidar este mes a las grandes tecnológicas el impuesto de los dos primeros trimestres del año y aprovechará el acuerdo en el G-7 para negociar con EEUU el levantamiento de los aranceles.
Por otro lado, se esperaba que las ‘big tech’ notasen estos nuevos tributos en los mercados internacionales, algo que finalmente no ha ocurrido de forma significativa tras este nuevo acuerdo. A punto de cumplirse la primera hora de negociación en Wall Street, los títulos de Apple registraban un retroceso del 0,80%, mientras que los de Amazon perdían un 0,27% y los de Alphabet, matriz de Google, un 0,17%. De su lado, las acciones de Facebook se revalorizaban un 0,21%.
Pocos lugares de nuestro día a día son tan confusos y conflictivos como la electricidad. Siendo uno de los servicios esenciales clave para el funcionamiento diario de la sociedad, sufre constantes cambios regulatorios que alteran gravemente su funcionamiento, alejándose de sus objetivos más importantes como son la seguridad del suministro a costes razonables, la inversión en tecnologías eficientes que permiten reducir la huella de carbono o ser un elemento fundamental de competitividad de las empresas.
Este problema se agudiza en épocas donde el precio de la electricidad se dispara por diversos factores. Durante la primera semana de junio, los precios de los mercados eléctricos europeos crecieron mientras que la demanda bajó. La caída de la producción solar y eólica en varios mercados unida a un contexto de precios de gas superiores a 25€/MWh y de CO2 cercanos a 51,38€/tonelada, han propiciado este ascenso de precios que se traducen en una escalada de la inflación hasta el 2,7%.
Dos argumentos muy repetidos siempre que ocurren este tipo de subidas en el precio de la energía son, por un lado, la privatización del sistema energético durante los años 90. La idea que algunos de los Gobiernos tanto del PSOE como del PP han vendido a la sociedad en momentos de tensión del precio de la luz, es que las eléctricas han creado un oligopolio con total poder para manipular el mercado. Nada más lejos de la realidad: sólo el 35% de la factura es la energía real, mientras que el otro 65% son costes regulados por el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado, de los cuales una gran mayoría son impuestos.
Y, por otro lado, la existencia de un mercado en el que se fija el precio de la energía según la última tipología de fuente de generación que entra. Así es como funciona la mayoría de los mercados eléctricos europeos (mercados marginalistas) y con este mismo funcionamiento se ha conseguido en reiteradas ocasiones en los últimos años reducir el precio de la electricidad incluso llegando a los 0€/MWh.
La factura de la luz es el paradigma de la intervención desordenada, inconsistente y altamente perjudicial de los Gobiernos de los últimos años, los cuales sólo se preocupan de la electricidad, del gas o de las gasolinas cuando se producen situaciones de tensión de mercado. Mientras tanto, con sus decisiones se apropian de una cantidad nada desdeñable de dinero que se detrae de manera silenciosa de la caja del sistema eléctrico en forma de impuestos que no existen en otros países europeos.
En vez de hacer populismo barato con la factura de la luz, es urgente una acción de reducción costes en la factura, concretamente 5.000 millones de euros que Hacienda se apropia de manera injustificada teniendo un IVA de la electricidad al 21%, los ingresos con la subasta de derechos de CO2, el impuesto especial sobre la electricidad o el impuesto del 7% a la generación, entre otros.
En nuestro país necesitamos una regeneración tanto de políticos como de partidos..
Necesitamos políticos que tengan una serie de valores que se han perdido hace ya muchos años.
Políticos que conozcan la realidad del mundo profesional y laboral, que no se limiten a visitar los barrios, los mercados o las fábricas solo 15 días antes de las elecciones para intentar arrancarles el voto a los ciudadanos, con mítines que son meros planteamientos demagógicos.
Por lo que respecta a los partidos políticos en general y a los que gobiernan en particular
Necesitamos en general:
Partidos que defiendan la instauración de listas abiertas en las elecciones, en contra de las actuales cerradas y bloqueadas, que potencian el servilismo y la ausencia de voces críticas que fomentan que la supervivencia de los políticos en próximas listas y su permanencia a perpetuidad o para futuros destinos “dorados”, dependa precisamente de ese comportamiento servil y sumiso.
Partidos de los que no sintamos vergüenza ajena, cuando los vemos actuar en las sedes parlamentarias tanto del Estado como Autonómicas o Locales, en las que los debates que celebran no se ejerce una adecuado control a la acción del Gobierno, ni los que gobiernan tampoco responden adecuadamente a las cuestiones que se les plantean sobre su gestión, ni al rendimiento de responsabilidades por sus acciones u omisiones, sino que los debates suelen convertirse en un cruce de descalificaciones en los que el grueso de los parlamentarios más bien parecen palmeros aplaudiendo de pie a sus líderes en cada una de sus intervenciones, siempre que haya una televisión retransmitiendo el “espectáculo” .
Partidos que dejen de auto-clasificarse de izquierdas, progresistas, de derechas, de centro, anticapitalistas, liberales, socialdemócratas, comunistas, conservadores, etc. cuando ni ellos mismos saben definir exactamente estos conceptos y ni siquiera muchas de sus actuaciones se corresponden con los idearios que dicen defender.
Partidos que dejen de usar como argumento para definir, atacar o desprestigiar a los otros partidos adversarios, llamarles de forma despectiva, fascistas, ultraderecha, ultraizquierda, populistas etc.
Partidos que ante las crisis económicas o las pandemias como la que estamos padeciendo, dejen al lado sus diferencias y sean capaces de aunar esfuerzos mediante gobiernos de concentración, para juntos levantar el país.
En cuanto a los Partidos a los que les corresponde gobernar
Necesitamos Gobiernos que se dediquen a equilibrar el gasto público y reducir la desorbitada deuda pública que cada año aumenta de forma desmesurada:
El año 2020 se ha cerrado con 1311 billones de Euros de deuda pública, que supone un aumento de 122.439 millones de euros con respecto al año anterior y que corresponde al 117,1 % del PIB, y que por tanto acarrea el peligro que en un futuro no muy lejano nuestro hijos y nietos vean como el Estado no pueda costear actividades esenciales como la sanidad y la educación, los subsidios de paro o las pensiones.
Pero esto les importa poco a los actuales gobernantes estatales, autonómicos y locales, para los que no existen en sus programas y actuaciones, estrategias de medio o largo plazo que no sean pura demagogia, ya que en general su máxima preocupación son acciones a corto plazo encaminadas a captar el máximo de votantes, conseguir ganar las próximas elecciones y consolidar su poder.
Ante las crisis económicas la solución demagógica que implantan los gobernantes, es la subida de impuestos para salir de ellas, cuando lo primero que tendrían que abordar sería equilibrar el gasto público y no me refiero a realizar recortes en Sanidad ó Educación, sino recortar de forma drástica entre otros, el gasto en la contratación de altos cargos y asesores políticos tanto del Estado como de las Autonomías.
En altos cargos colocados por el Estado se pagaron en 2019, 36,45 Millones de €, y cerca de 50 M de € en asesores. En la actualidad en plena pandemia y con una brutal crisis económica y laboral, hay cientos de asesores contratados, con personas procedentes en muchos casos de los partidos que forman parte del Gobierno o de compromisos particulares, que posiblemente costarán este año más de 65 M de €, a los que hay que añadir el coste de los asesores de los diputados del Congreso y del Senado , a todos estos hay que sumar los asesores y altos cargos que están contratados en los Gobiernos de las diferentes Comunidades Autónomas, en las que existe una gran número y con opacidad de los costes totales que representan, a los que habrá que añadir las contrataciones de libre designación y de altos cargos de Diputaciones , Consejos Comarcales y Ayuntamientos.
Estas empleados que cobran sueldos públicos, a diferencia de los funcionarios públicos que han tenido que pasar unas oposiciones y se les exige unos estudios adecuados para ejercer las funciones que se supone que deben de desarrollar, son en muchos casos, personas que no se les contrata por criterios objetivos de formación y experiencia profesional, sino simplemente por criterios de afinidad política ó por parentesco familiar sin superar la mayoría de las veces ningún tipo de proceso de selección, sino que son contratados a dedo. Personas que cobran muchas veces salarios muy por encima de los 100.000 € y que por su Curriculum salvo en raras excepciones, nadie se atrevería a contratarlos en empresas privadas para asumir responsabilidades o asesoramientos similares ni mucho menos con los salarios que perciben
Cuando lo lógico es que estos puestos fueran desempeñados por los funcionarios públicos que ya existen y que cuentan con la suficiente preparación para desarrollar estos cometidos y que además garantizarían la neutralidad y eficiencia de las instituciones públicas.
En definitiva los partidos políticos cuando gobiernan, en este aspecto se podrían considerar como agencias de colocación.
Otro aspecto que deberían abordar los partidos en el poder, debería ser la reducción de la denominada”Administración paralela”, formada por un entramado de cientos de organismos, entes, fundaciones, asociaciones y empresas públicas.
Solo empresas publicas hay más de 2.200 en todo el país cuyos altos cargos son también cubiertos en muchas ocasiones a dedo por los partidos que están en los diferentes órganos Gobiernos del Estado, Autonómicos o Locales, para que dirijan las empresas públicas que dependen de ellos, en muchos casos sin tener experiencia en el ámbito o sector en el que están encuadradas y sin tan siquiera tener la experiencia necesaria en dirección de empresas, pero eso si cobrando unos sueldos desorbitados.
Pero también ocurre lo mismo por ejemplo con las casi 900 Fundaciones públicas.
En total el número de entes públicos supera los 5300 en España, sin que en muchos casos esté clara la utilidad, necesidad o eficacia de la función que realizan y todos directa o indirectamente con cargo a los presupuestos Generales del Estado y en definitiva costeados por los ciudadanos con sus impuestos.
También podemos sumar a ellos el coste de las estructuras duplicadas entre el Estado y las Comunidades Autónomas, como pueden ser los defensores del pueblo ,la cooperación internacional, los tribunales de cuentas, estadística, política exterior y un largo etc. , por no hablar de los casos que estas estructuras están hasta quintuplicadas(Estado, Autonomías , Diputaciones, Consejos comarcales y Ayuntamientos).
Todo este conjunto de entes y cargos públicos constituyen unas agigantadas y sobredimensionadas estructuras para sostener el sistema político del país, muchas de ellas prescindibles, con unos costes millonarios y sueldos desorbitados.
En cualquier caso, las que sean estrictamente necesarias, deberían de regirse en su funcionamiento por los criterios empresariales de eficacia y eficiencia, y que se establezca un sistema independiente que realice el control de la gestión, la auditoría de sus cuentas y la exigencia de responsabilidades ante gastos innecesarios, desorbitados o inversiones ineficientes y que a la menor sospecha de casos de corrupción, lo pongan de inmediato en conocimiento del sistema judicial.
Todo ello sin contar el entramado de millonarias subvenciones que se conceden a fundaciones, asociaciones o entidades, que pertenecen o son afines a los partidos políticos, ó subvenciones directas o encubiertas como gasto en publicidad institucional a medios de comunicación privados con el ánimo de controlar el llamado cuarto poder, sin olvidarnos del derroche de dinero en las televisiones públicas,
Controlar el gasto público, es un aspecto tan importante como el de la generación de ingresos mediante impuestos, así como la transparencia en su gestión, porque el dinero público a diferencia de lo que ha dicho algún político, si que tiene dueño y es el ciudadano el que lo aporta con sus impuestos y por tanto tiene derecho a exigir control y trasparencia en su gestión
En definitiva los ciudadanos nos merecemos unos políticos diferentes a los actuales, sin privilegios, sin sueldos vitalicios en ningún caso, sin retiros dorados en consejos de administración de empresas públicas o participadas del Estado, o en organismos internacionales, simplemente por pertenecer al partido político.
Nos merecemos políticos con adecuada formación y experiencia profesional que les capacite para las funciones que realizan, que respondan permanentemente a los ciudadanos de su gestión y así debemos de exigirlo la sociedad civil.
En resumen necesitamos Partidos Políticos cuya finalidad primordial sea el mantenimiento y mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos, con una gestión eficaz, eficiente y transparente, de los medios que los ciudadanos ponemos a su disposición.
La publicación «Definición ABC» define la militancia como la promoción de “un cambio a nivel político a favor de una determinada postura política que es la que se promueve y defiende”. En este sentido, el afiliado debe ser un sujeto librepensador dentro de su propio partido en favor del progreso y beneficio de éste, algo que en los últimos días se está poniendo en cuestión con los expedientes disciplinarios incoados por la actual ejecutiva del PSOE a Nicolás Redondo Terreros y Joaquín Leguina.
En pleno proceso de deterioro de la calidad de las instituciones, los partidos políticos no quedan al margen. El debate ideológico se sustituye por la consigna, castigando o con la indiferencia o con la sanción a todo aquél que no sigue escrupulosamente los dictados de la ejecutiva correspondiente. Precisamente, no hay mayor prueba de lealtad a las siglas de un partido político que trabajar públicamente y no soterradamente por cambiar aquello que se entiende que no funciona o que podría ser mejorable. Esto es aún más importante en un contexto de crisis económica, política e institucional donde cada improvisación, error en las herramientas que se utilizan o inexistencia de los más elementales contrapesos internos que permiten encauzar el rumbo cuando todo sale mal, genera un enorme coste para los ciudadanos.
Las élites que gobiernan los partidos no son eternas ni infalibles. Están en tanto en cuanto existe proyecto político con éxito y apoyo de la militancia. Es evidente que en el Gobierno de coalición esto está empezando a cambiar, siendo necesario empezar el cambio por el «proyecto». Y para ello no se puede prescindir del talento, experiencia y criterio de personas que pueden aportar valor. Evitemos una mayor descapitalización política de los partidos y una acelerada desafección de aquéllos que tienen mucho que decir con solidez ideológica, capacidad de gestión y entendimiento con los adversarios.
Los partidos políticos son una herramienta imprescindible para organizar e instrumentar la participación ciudadana en las tareas de gobierno de su país. Como toda organización, cuenta con un código de conducta de obligado cumplimiento por parte de sus miembros, y la necesidad de identificarse y reconocerse en las siglas. Ni una cosa ni la otra han sido vulneradas por Joaquín Leguina y Nicolás Redondo Terreros, con lo cual el expediente disciplinario ya nace basado en apreciaciones que distan de la realidad a partir de una distorsión consciente de lo publicado en medios de comunicación. Es el caso de las fotos junto a la candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en un acto que nada tenía que ver con la campaña electoral, al cual se invitó a los principales partidos con representación en la anterior Asamblea de Madrid. Pero sólo la candidata popular se presentó a ver la labor que se realiza en la Fundación Alma Tecnológica.
La foto se malinterpretó desde los medios de información para desgastar la imagen del PSOE, introduciendo así un elemento más de polémica a una de las campañas más tensas y polarizadas de la historia de nuestro país. De ningún modo la foto debía suponer un apoyo, al igual que otras declaraciones y pronunciamientos de este Club de Opinión o particular de los señores Leguina y Redondo Terreros. Por tanto, es una cuestión de vulneración de los derechos fundamentales de un militante de expresar su discrepancia con la dirección de su partido. Pero, tristemente, la élite dirigente confunde «discrepancia» con «desafección» o incluso con «traición», volviendo a concepciones y términos en lo más negro de nuestra historia.
El PSOE debe volver a la senda de la responsabilidad, la moderación y el respeto para recuperar la confianza de los españoles que, siendo socialistas, no confían en los líderes de su partido por sus actos más recientes y ataques a personas que, sin lugar a dudas, representan mejor que nadie los valores de este partido. No se puede ir en contra de la libertad y, mucho menos, de aquellos que han dado todo por ti si mañana quieres ser mejor que ayer.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) llegó el pasado viernes 23 de abril con una sorpresa difícil de creer: un ataque directo al principal partido de la oposición en el Preámbulo de un texto normativo de enorme relevancia como es una Ley Orgánica, algo que no había sucedido nunca, ni siquiera en los momentos de mayor polarización política en democracia. No se trata de una mera anécdota, sino de otro ejemplo más del uso y abuso de las instituciones para el beneficio del actual Gobierno de coalición, el cual usa todos los canales a su alcance para reforzar su posición de poder e influencia.
La «anécdota» encierra un hecho de enorme gravedad. Es legítimo discrepar y construir una política alternativa a la que han ejercido gobiernos pasados, trasladándola a los textos legales. Es lo normal en democracia. Sin embargo, lo que no es normal es que una interpretación particular, sesgada y que refleja un criterio parcial sea elevada a categoría de preámbulo de una ley, y menos si ésta es una Ley Orgánica no menor que deroga el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal que establecía pena de cárcel para los piquetes en las huelgas.
“Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”. Este es el párrafo donde, de forma explícita, la coalición de Moncloa ha llevado su particular lucha partidista a una Ley Orgánica sancionada por el Rey. De inmediato, las organizaciones más importantes de profesionales y sociedad civil reaccionaron, por ejemplo la Asociación de Fiscales, la cual denunció que se utilice el BOE de forma partidista. Una manipulación que trata de demonizar al rival a través de la falta de neutralidad del texto de la ley, tratando de conseguir réditos político justo antes de los comicios regionales de Madrid del 4 de mayo.
A este primer párrafo se le añade otra dura reprimenda contra la reforma laboral aprobada bajo el mandato de Mariano Rajoy, de la que el texto dice que «prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos». Y añade con un estilo muy valorativo: «No pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno».
Este acto de Sánchez cruza todas las líneas rojas dando el mismo uso al BOE que el de un panfleto político. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha denunciado con razón esta violencia institucional: “ya es el colmo que también el Boletín Oficial del Estado (BOE) sea un panfleto electoral del PSOE”, tildándolo de “inadmisible” y por lo que anunció que pedirá responsabilidades al Gobierno tras “atacar a la oposición” en la exposición de motivos que realiza el Ejecutivo para justificar la derogación del punto 3 del artículo 315 del Código Penal.
Pero esta crítica legítima no debe dejar de lado la responsabilidad de los partidos políticos y sus equipos parlamentarios en la elaboración de las leyes. ¿Por qué nadie se dio cuenta de que la norma iba a ser aprobada con semejante ataque a la neutralidad de las leyes? ¿Qué estaban haciendo los equipos de asesores y diputados en las Cortes para no percartarse de esta maniobra? Es evidente que alguien no ha hecho bien su trabajo, con lo cual es necesario exigir responsabilidades.
Con independencia de este punto no menor, el mero hecho de haber incluido valoraciones de debate político y de sectarismo son una vergüenza democrática que no pueden tener cabida en el espíritu constitucionalista que debe ser defendido por los partidos políticos y sobre todo debe ser defendido desde el Gobierno. Los textos normativos deben ser neutros, objetivos y generadores de seguridad jurídica. No pueden convertirse en otro espacio más de lucha partidista. Para eso está el Parlamento, representación de la soberanía nacional. Ése y no otro es el lugar para discutir las leyes y en función de la mayoría parlamentaria, aprobarlas o no.
Saltaba en Barcelona hace unas semanas una noticia sin la menor trascendencia en el espacio público y mediático del panorama nacional: un cambio masivo de nombres de calles. Tanto los gobiernos de derechas como de izquierdas han recurrido al cambio de nombres de calles cuando lo han considerado necesario, sin que haya habido hasta la fecha una reflexión profunda, obviando ya no solo el valor histórico sino también los perjuicios que esto ocasiona a los ciudadanos que sufren los cambios.
Barcelona es un ejemplo más de lo que se hace recurrentemente con el callejero de ciudades y pueblos de España desde hace décadas. En esta ocasión, se decidió quitarle en nombre de los Reyes Católicos a una calle de Vallvidriera con el pretexto de la feminización del espacio público debido a que un grupo de vecinos, que pidió el cambio. Así, la calle ha pasado a llamarse «Elisa Moragas». Sin entrar a valorar si el cambio es positivo o negativo, es una acción que, más allá del simbolismo, no cambia absolutamente nada y solo genera más confrontación en la sociedad y no por el hecho de que unos se sientan o no cómodos con el nombre, sino por aquellos que sufren los perjuicios en su día a día.
Puede parecer una tontería que se pueda producir un clima de confrontación por un tema tan banal, pero el hecho de hacer caso a unos sí y a otros no cuando el cambio lo pagan todos los ciudadanos con sus impuestos, y en una España tan polarizada y de extremos como en la que, por desgracia, vivimos actualmente, cualquier situación politizada, como es el caso, puede hacer saltar a distintos grupos y colectivos dentro de una población.
Vivimos en la era del populismo. Pocos se salvan ya de no ser catalogados, tanto políticos como las medidas que toman como populistas para agradar a sus votantes, sin pensar en el bien común de todos. Los políticos que tienen la oportunidad de gobernar han de hacerlo para toda la población y no solo para unos cuantos, sean la mayoría o no. Así, la función del político es la de proteger los intereses y cuidar a sus ciudadanos. Con esto no queremos decir que no haya nombres de calles que haya que cambiar o que algunos cambios que se han hecho estén mal hechos, cuando muchos se han producido en favor de la democracia y el progreso dejando atrás parte de la historia negra de nuestro país.
Como bien señala en un reciente artículo Andrés Trapiello: “¿Recordarán en Vallvidrera dentro de cinco minutos a Moragas como seguimos recordando a Isabel de Castilla cinco siglos después?”. La señora Moragas no tiene culpa ninguna de este cambio y su nombre podría ser el de cualquier otra persona. El problema es la inconsistencia en la política de nombramiento de las calles en España y una cuestión todavía no resuelta sobre la idoneidad de quién o qué se propone como titular de una calle.
