Pocos lugares de nuestro día a día son tan confusos y conflictivos como la electricidad. Siendo uno de los servicios esenciales clave para el funcionamiento diario de la sociedad, sufre constantes cambios regulatorios que alteran gravemente su funcionamiento, alejándose de sus objetivos más importantes como son la seguridad del suministro a costes razonables, la inversión en tecnologías eficientes que permiten reducir la huella de carbono o ser un elemento fundamental de competitividad de las empresas.
Este problema se agudiza en épocas donde el precio de la electricidad se dispara por diversos factores. Durante la primera semana de junio, los precios de los mercados eléctricos europeos crecieron mientras que la demanda bajó. La caída de la producción solar y eólica en varios mercados unida a un contexto de precios de gas superiores a 25€/MWh y de CO2 cercanos a 51,38€/tonelada, han propiciado este ascenso de precios que se traducen en una escalada de la inflación hasta el 2,7%.
Dos argumentos muy repetidos siempre que ocurren este tipo de subidas en el precio de la energía son, por un lado, la privatización del sistema energético durante los años 90. La idea que algunos de los Gobiernos tanto del PSOE como del PP han vendido a la sociedad en momentos de tensión del precio de la luz, es que las eléctricas han creado un oligopolio con total poder para manipular el mercado. Nada más lejos de la realidad: sólo el 35% de la factura es la energía real, mientras que el otro 65% son costes regulados por el Gobierno en el Boletín Oficial del Estado, de los cuales una gran mayoría son impuestos.
Y, por otro lado, la existencia de un mercado en el que se fija el precio de la energía según la última tipología de fuente de generación que entra. Así es como funciona la mayoría de los mercados eléctricos europeos (mercados marginalistas) y con este mismo funcionamiento se ha conseguido en reiteradas ocasiones en los últimos años reducir el precio de la electricidad incluso llegando a los 0€/MWh.
La factura de la luz es el paradigma de la intervención desordenada, inconsistente y altamente perjudicial de los Gobiernos de los últimos años, los cuales sólo se preocupan de la electricidad, del gas o de las gasolinas cuando se producen situaciones de tensión de mercado. Mientras tanto, con sus decisiones se apropian de una cantidad nada desdeñable de dinero que se detrae de manera silenciosa de la caja del sistema eléctrico en forma de impuestos que no existen en otros países europeos.
En vez de hacer populismo barato con la factura de la luz, es urgente una acción de reducción costes en la factura, concretamente 5.000 millones de euros que Hacienda se apropia de manera injustificada teniendo un IVA de la electricidad al 21%, los ingresos con la subasta de derechos de CO2, el impuesto especial sobre la electricidad o el impuesto del 7% a la generación, entre otros.
Además habría que añadir un injustificado abandono de la energía nuclear, que se ha criminalizado desde posiciones populistas y con grandes dosis de desinformación interesada.
Claro y conciso. A ver si toman nota los responsables políticos. Es un clamor público. Ir en otra dirección es desoír la opinión de la grandísimo mayoría.