Dentro de la sociedad española, este año 2021 ha cobrado gran fuerza en el debate político y social la importancia vital de la salud mental para poder desarrollar una vida plena. La salud mental abarca cantidad de rangos, no solo necesita apoyo una persona con una enfermedad diagnosticada.
Fuente: EFE
Problemas como el estrés, la depresión, o la ansiedad; ya comunes entre la sociedad y cada vez más corrientes, no son tomados en serios por las mismas personas que sufren estas patologías que, aunque muchas veces ni las mismas personas que lo sufren son conscientes de su gravedad.
Este periodo de pandemia, donde hemos tenido que pasar más tiempo en casa o teletrabajando, ha aflorado cantidad de estos trastornos, más comunes, en los que nos vamos a centrar ya que, como hemos comentado, cada vez es un tema más frecuente en los medios y en los temas de conversación entre los españoles.
En el contexto actual, nos encontramos inmersos en los Juegos Olímpicos de Tokio, una actividad que, a modo de tradición, la sociedad española suele seguir acompañada de sus familias disfrutando de la gran variedad de deportes y atletas. Hace pocos días, saltó la noticia de que Simone Biles, una de las mayores estrellas de estos juegos olímpicos y claro opción a medallas de oro en gimnasia artística para Estados Unidos se marchaba de estos JJOO bajo un mar de dudas sobre el motivo. Ella misma despejaría a través de sus redes sociales que se debía a la presión que sentía en su persona y la ansiedad que esta situación le provocaba a la joven olímpica.
Otro de los nombres propios de estos Juego y campeón olímpico, al igual que Biles, es el británico Tom Daley. Al saltador, medallista en los 10 metros sincronizados, se le vio en las gradas del Centro Acuático cosiendo mientras disfrutaba del resto de competiciones acuáticas. También el reconoció a través de sus redes sociales, con la imagen suya tejiendo, que “es la manera en la que encuentro la calma y puedo presentar una atención plena que me alivia del estrés”, decía la publicación.
Es muy fácil que socialmente a los deportistas se les trate como auténticos privilegiados y se enmascaren sus problemas porque “viven de lo que más les gusta en el mundo”. Por eso mismo, debemos valorar que esos ‘privilegiados’ puedan ser susceptibles de graves problemas para el rendimiento y, por eso mismo, el resto de las personas deben tomar consciencia que todos podemos sufrir de trastornos en menor o mayor grado y no darle importancia. Es realmente importante para nuestra salud general poder ofrecer al cuerpo la comprensión necesaria para evitar que estos problemas ‘menores’ puedan derivar en algo más grande.
El reto de conciliar nuevos empleados públicos a corto plazo con la jubilación masiva de baby-boomers en 5 años
Lo que se ha calificado en los medios como “la mayor oferta de empleo público de la historia”, en el fondo debería responder a una necesidad más que imperiosa para la Administración Pública, la cual se enfrenta en los próximos cinco años a la jubilación del 12,7% de sus efectivos (438.200 personas), y en diez años del 30% (prácticamente un millón de empleados públicos). En los últimos cinco años, la demografía funcionarial en España ha envejecido a marchas forzadas. Según los últimos datos del INE, 95.000 personas han cumplido los 50 años y 183.100 han sobrepasado la barrera de los 60 años.
Sin perder de vista otras motivaciones espurias del actual Gobierno de coalición al aprobar una convocatoria masiva de más de 30.000 plazas para formar parte del personal de la Administración Central y Seguridad Social, es un debate prioritario en el que el coste de los nuevos empleados públicos tiene que evaluarse no sólo en términos de Presupuestos Generales del Estado del año en curso sino en términos estructurales. Se van a jubilar empleados públicos baby-boomers con altas bases de cotización, con lo cual van a devengar pensiones más altas pagadas por la propia Administración (desde el año pasado, Clases Pasivas se gestiona por parte de la Seguridad Social), con lo cual no se producirá ahorros significativos sino un trasvase de costes de una parte de la Administración a otra. Por tanto, es necesaria una política prudente que evalúe qué tasa de reposición es óptima y más eficiente para no disparar el coste estructural de sueldos en el sector público.
Los datos de la Administración revelan que desde 2018, el Gobierno de Sánchez ha ofertado más de 100.000 empleos públicos. Entre los puestos ofertados este año, el Ejecutivo pretende reforzar los sectores que considera como ‘prioritarios’, pero sin especificar cuáles son. Con este movimiento crecerá el número de empleados estatales, ya que se sustituirá a todos los trabajadores que se jubilen y se contratará a un 10% más. En los sectores no considerados como ‘prioritarios’, la tasa de reposición será del 100%, por lo que no habrá recorte de personal.
Estas cifras, se añaden a los casi 7.000 puestos ofertados para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; lo que suponen más de 30.000 empleos públicos. Entre estos puestos, de los que en torno a 9.500 estarán reservados para promociones internas, complementan las 1.920 vacantes que se cubrirán en las Fuerzas Armadas y los 5.034 nuevos efectivos que se incorporarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre las tres categorías, el Gobierno habrá ofertado un total de 30.445 plazas este año.
A ello se une la posible renovación del sistema de examen para el acceso a un empleo público. De esta forma, se pretende valorar la aptitud sobre la memorización de conceptos para pasar la prueba; esto es algo que se lleva valorando desde el Gobierno central y desde los autonómicos desde hace ya varios años. Se desconoce si se tratará de aplicar la reforma del sistema antes de este nuevo proceso de evaluación.
Desde ‘La España que Reúne’ creemos conveniente atender a las necesidades de la Administración, pero poniendo atención a las necesidades reales de esta y no abusar así de la excesiva burocracia estatal. Debemos tener en cuenta que España es de los países europeos con mayor número de empleados públicos en términos absolutos, a excepción de los países nórdicos, pero no se pueden comparar sus economías y sociedades con la nuestra.
Es imprescindible analizar, bajo una perspectiva de medio plazo, si los nuevos efectivos son suficientes para prestar un servicio público de calidad. Debe generarse un debate interno en la Administración acerca de la eficiencia del funcionariado, ya que con menos gente en algunos casos se puede llegar a ser más eficiente, pero viendo qué tasa de reemplazo sería la óptima. No es necesario que se reemplacen al 100% las plazas que se liberen de todas las secciones de la Administración, no tiene sentido querer aumentar efectivos si no son necesarios. El Gobierno debe preguntarse “¿Cuál debería ser la tasa óptima?” y no hacer caso únicamente a las exigencias de las asociaciones sindicales.
Es importante que los grandes líderes escapen de conflictos innecesarios y se centren en lo que les une y no en lo que les separa, por el bien de la ciudadanía. Para ello, deben ser responsables y conscientes de que hay amistades que es mejor perder cuando son motivadas por el puro interés, en este caso político, y que al final terminan por perjudicar a la población general, independientemente del partido al que hayan votado en los diferentes procesos electorales.
Fuente: EFE
Este problema lo tienen las dos grandes fuerzas políticas de España, el PSOE y el PP, con los partidos que han aparecido en los extremos de su base tradicional de influencia política. Sin duda, Podemos y Vox surgen de manera muy distinta y en muchos aspectos no pueden ser comparables. Sin embargo, como se suele decir en la teoría de los juegos, son equivalentes estratégicos. En este momento, en el actual marco político y ante la necesidad de alianzas entre bloques, las fuerzas extremas buscan un protagonismo que les merezca ganar votos con los cuales condicionar la gobernabilidad a nivel nacional, autonómico y local.
En este sentido, lo que a primera vista es un ataque (la declaración de persona ‘non grata’ a Santiago Abascal en Ceuta), se convierte en un arma de propaganda más para agitar y ampliar con el enfado la base electoral de aquellos ciudadanos más vulnerables ante un proceso de radicalización del mensaje político. La respuesta de Vox ante esta decisión, más allá del lógico malestar ante un hecho que no se puede aceptar en democracia, ha sido profundizar en la estrategia de desgaste hacia el partido que apoya en casi todas las autonomías y ayuntamientos donde gobierna con amenazas no creíbles (ruptura de relaciones con el PP, anunciando que no apoyará las iniciativas de los populares en autonomías y ayuntamientos).
Tristemente ésta puede ser la tónica de los próximos meses salvo que se produzca un movimiento masivo de ilusión y confianza a los ciudadanos especialmente vulnerables a la radicalidad. Para ello no sólo se necesita el error de los partidos extremos, sino también el mérito de los dos grandes partidos y de fuerzas centrípetas como Ciudadanos. Las amistades que puede hacer la aritmética demoscópica se pueden convertir en “amistades peligrosas” a medio plazo si no se hace un trabajo intenso con un porcentaje muy relevante del electorado restaurando la confianza y un horizonte estable de políticas favorables a su situación socioeconómica.
Estas amistades peligrosas y volátiles, como la del PSOE con Podemos, están desgastando las políticas de los dos grandes partidos que caen en la necesidad de no enfadar a sus socios por miedo a las consecuencias políticas. Los partidos extremistas demuestran su vocación irrefrenable de exacerbar los problemas sin duda existentes que le reportan resultados tangibles en términos electorales. El PP tiene la oportunidad de estrechar lazos con Ciudadanos y tratar de integrar al PSOE con su ejemplo en una política colaborativa entre los partidos constitucionalistas, olvidándose de aquellos que solo buscan tensionar el panorama político y social de nuestro país.
Es evidente que el primer ministro de un país no está a la altura de su cargo cuando no consigue convencer a los actores financieros e institucionales públicos de un país.
Fuente: EFE
Es lo que ha ocurrido con el presidente del Gobierno español en su reciente visita a Estados Unidos, ya que ni un solo representante del Gobierno americano o de los Estados que visitó se reunió con el representante español. Esto no es algo normal para un presidente, ya que ha viajado con una agenda más cercana a la de un ministro que a la del máximo dirigente de un país.
Ha sido un viaje de tres días del presidente Sánchez que le llevó a Nueva York, Los Ángeles y San Francisco. A este se presentaba con fines puramente empresariales, algo extraño y que suele hacer siempre la figura del Rey como mayor exponente de la ‘marca España’ en el extranjero. Para este viaje empresarial, el presidente estuvo acompañado por cinco stratups tecnológicas de renombre en el ecosistema empresarial español.
La lista estaba compuesta por Javier de la Torre (Carto), Laura Urquizu (presidenta y CEO de Red Points), Enric Asunción (CEO de Wallbox), Alberto Gómez (‘managing partner’ de Adara Ventures) y Andrea Barber (cofundadora y CEO de RatedPower). Francisco Polo, alto comisionado para España Nación Emprendedora, fue el que personalmente seleccionó la lista y llamó a varios de ellos. Las empresas están agradecidas con Sánchez por que no suelen ser el tipo de compañías que acceden a este tipo de encuentros con los grandes fondos americanos.
Sin embargo, estos fondos no están del todo seguros del actual marco jurídico que se pueden encontrar en nuestro país. No puedes decirle a un fondo que invierta en España si a los meses va a tener una situación jurídica que pueda provocarle algún tipo de inestabilidad a su inversión. Más concretamente estos fondos están preocupados por la reforma laboral y la ley de vivienda. El presidente explicó a los grandes fondos que la reforma laboral, pactada con Unidas Podemos y negociada con Bruselas, implicará que España se aproxima cada vez más hacia el modelo alemán de relaciones laborales, donde hay paz social pero también flexibilidad para que los empresarios se adapten a las circunstancias a través de los ERTE, sin despedir. Sánchez explicó que España es un país con pocas huelgas y negociación constante entre empresarios y sindicatos. En cuanto a la nueva ley de vivienda, algunos con intereses en el mercado inmobiliario español cuestionan los límites a la subida del alquiler y por la reducción de los castigos a las ocupaciones, según explicaron, Sánchez insistió en que será una legislación como otras europeas y tampoco tienen de qué preocuparse.
¿Cuál ha sido el resultado o resultados de un viaje tan difícilmente explicable a EE.UU? Por el momento, no parece que el presidente haya conseguido el propósito de conseguir financiación para estas empresas tecnológicas. A pesar de todo, Sánchez confía en haber situado a España en el mapa y que este viaje dará pronto sus frutos, algo que desde ‘La España que Reúne’ no tenemos la misma confianza.
Una de las figuras clásicas en la política española es la del ‘valido’, aquél poderoso consejero del gobernante que en muchas ocasiones llega a eclipsar al propio mandatario. estructuración del Gobierno de Pedro Sánchez, en la que fulminó de manera sorprendente y, en algún caso, sin habérselo comentado a alguno de sus ministros. Sorprende algún ministro que se mantiene en su papel, como puede ser Marlaska, pero sobre todo la ausencia de Iván Redondo como mano derecha de Pedro Sánchez. Un claro movimiento que pretende tocar varios palos dentro de todo el ecosistema de Gobierno y dentro del PSOE.
Empecemos por el final, por la despedida de Redondo. En la pequeña nota que dejó en la puerta de su despacho dejó un enigmático mensaje que nos hace pensar sobre el ‘por qué’ de su salida. “A veces en la política, como en la empresa, como en la vida; además de saber ganar y saber perder hay algo mucho más importante: Saber parar. Muchas gracias por todo, ha sido un honor. Nos volveremos a ver”, reza la pequeña nota.
Leyendo entre líneas, hay una frase que aclara bastante lo que ha pasado. Ese “saber parar” arroja mucho más de lo que parece. Iván Redondo quería irse desde antes del acuerdo con Podemos para la investidura de Sánchez. Según algunos medios de comunicación, Sánchez le ‘convenció’ para seguir un poco más y poder negociar un gobierno con la formación de pablo Iglesias para sacar adelante un Gobierno. Llegados a este punto, Redondo, a sabiendas de la remodelación de Sánchez, aprovechó para escapar con una oferta de ministro en su mesa.
El futuro de Redondo estaría ligado ahora a América Latina, donde podría ejercer de consultor en algún país del continente tras su paso por el Ejecutivo español. Entre las otras opciones planteadas desde el cuarto poder se le relaciona también con una vuelta a la sombra tras un trabajo bien cobrado durante estos años con Pedro Sánchez.
Por otro lado, este movimiento puede hacerle un favor a Sánchez dentro del PSOE, donde la ejecutiva del partido había pasado a un segundo plano tras la llegada del consultor y el líder socialista ha perdido mucho respeto en el interior de Ferraz. Esta estrategia habría sido planteada por Redondo para tratar poder relajar a Sánchez, que querría, como hemos comentado, garantizar su continuidad con la oferta de un ministerio. Este podría haber sido el recambio de Marlaska al frente de Interior, del que se dice que no llegó a ocurrir por falta de candidatos competentes a los que recurrir.
Con esta posibilidad de recuperar la confianza de los suyos, la salida de la mano derecha de Sánchez en el Ejecutivo habría sido mucho más fácil y por eso el tono sosegado y de despedida de la nota de Redondo. Para Sánchez, el poder recuperar la confianza de sus propios compañeros de partido tras haber dado la espalda a la ejecutiva, era una asignatura pendiente prácticamente desde que entró como líder del partido en el Congreso.
Los intereses de Redondo siempre han estado ligados a su ego, ya lo están viendo ahora, tanto desde el Gobierno como desde dentro del propio PSOE, donde se le acusa de estar filtrando información a periodistas le acusan para dar su propia versión de la crisis de Gobierno. Como decíamos, en el seno del Partido Socialista se celebra la salida de la mano derecha de Sánchez durante tres años, al que acusan de haber vendido a los periodistas que fue él mismo quien había solicitado a Pedro Sánchez abandonar sus responsabilidades en el Gobierno.
Por el contrario, desde el PSOE, dicen que el asesor quería hacerse con el cargo que dejaría Carmen Calvo y que actualmente ocupa Félix Bolaños. Lo que realmente pase aquí no lo saben más que Sánchez y Redondo, ya que entre ellos fue la conversación final. O uno de ellos tiene un grave problema de egocentrismo, o el otro es un mentiroso compulsivo; también creemos que ambas opciones pueden ser las correctas.
Hace 10 días que el Tribunal Constitucional decidió anular la restricción más dura impuesta durante el primer estado de alarma, el confinamiento domiciliario. Tras semanas de debate y un primer pleno en el que no se llegó a cerrar nada, el tribunal, extremadamente dividido, -seis votos a cinco- se inclinó finalmente por considerar que la intensidad de la limitación al derecho a la libre circulación excedía lo permitido bajo el paraguas jurídico del estado de alarma.
La sentencia sostiene que la limitación de algunos derechos fundamentales fue de tanta intensidad que, realmente, se trató de una suspensión; algo que sólo cabe dentro del marco del estado de excepción. La ley prevé un mayor control parlamentario sobre el Ejecutivo en el estado de excepción, ya que su declaración debe recibir el aval de las Cortes previamente y no con posterioridad, como es el caso del estado de alarma.
El TC estima de esta forma un recurso de inconstitucionalidad. Lo hace, sin embargo, de forma parcial, según fuentes del tribunal consultadas por algunos medios de comunicación. La sentencia rechaza partes del recurso, como la que también consideraba inconstitucional la limitación a la actividad económica, algo que hubiera abierto la puerta a reclamaciones económicas de negocios y empresas al Estado.
Según quedó reflejado en la primera deliberación de tribunal, la sentencia establece que las medidas más duras del Gobierno de Pedro Sánchez estaban justificadas desde el punto de vista sanitario. Eran adecuadas y estaban alineadas con las adoptadas en otros países de nuestro entorno y las propuestas desde organismos internacionales. Sin embargo, la vía para aplicarlas no fue acertada por parte del Ejecutivo de Sánchez. El estado de alarma no permitía suspender derechos como la libre circulación o a establecer la residencia en el lugar del territorio español que se desee.
Esta resolución ha ocasionado problemas en el seno del Gobierno de Sánchez, que vuelve a poner en duda el trabajo de la justicia, donde no ocultan su tremenda irritación por el varapalo infligido por el Tribunal Constitucional. Nada más oficializarse la noticia, el Ejecutivo aseguró que «respeta» la decisión del tribunal, aunque mostró su «sorpresa por su carácter inédito» y advirtió de que es una decisión «sin precedentes». Horas más tarde, la recién nombrada ministra de Justicia, Pilar Llop defendió que «la actuación del Ejecutivo fue conforme a los parámetros constitucionales» y que el confinamiento salvó «cientos de miles de vidas».
Como hemos visto en las votaciones del tribunal, ha habido gran división entre los magistrados por sus decisiones. El lunes de esta semana, se hizo publica la discrepancia de Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional, acerca de la opinión mayoritaria del tribunal sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma y sostiene que no se suprimió el derecho a la libre circulación y que las medidas adoptadas fueron proporcionales para el objetivo de salvar vidas, lo contrario que se ha votado en la resolución final.
Así consta en el voto particular firmado por González Rivas de la sentencia por la que se declararon inconstitucionales varios preceptos del primer estado de alarma, entre ellos el confinamiento domiciliario. Medidas que —a juicio del presidente del tribunal— representaron «una contribución muy importante para evitar el contagio masivo de una enfermedad entonces desconocida y mortal».
No es momento para que el TC sufra un proceso de división interna. Los magistrados deben defender que se mantenga el amparo de la Constitución por el bien de la nación, independientemente de preferencias políticas y de sus divisiones internas.
La codicia y la mala praxis parece no tener techo en la Generalitat de Cataluña. Tras haber estado financiando de forma ilícita su movimiento secesionista, ahora pretende avalar con dinero público las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas para evitar el embargo de los bienes de 34 exaltos cargos catalanes, entre los que se encuentra el economista Mas-Colell.
Los bienes que presentan serán embargados de inmediato, pero sin superar el límite de la suma que se les exige, aunque la responsabilidad sobre los 5,4 millones del total reclamado es conjunta y solidaria. La Generalitat pidió el miércoles un aplazamiento para la formalización del aval que quiere presentar el Institut Català de Finances (ICF), y en paralelo varios investigados han enviado al tribunal certificación de sus bienes patrimoniales, para cubrir la cantidad concreta que se les reclama.
Pero, ¿por qué decimos que sus malas actuaciones no tienen límites? El conseller de Economía, Jaume Giró, anunció el miércoles que recurrirán finalmente al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas, pese a que esta misma semana habían dicho que renunciaban a esta fórmula para no poner en riesgo a los trabajadores públicos. Giró asegura que en las últimas horas ha recibido llamadas de personal del ICF pidiéndole que no renunciara a ello y que utilizara este recurso, por lo que ha decidido cambiar de criterio.
Precisamente este miércoles terminaba el plazo para plazo para que los encausados pagaran las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas, que ascienden a 5,4 millones de euros, y la decisión de recurrir al ICF finalmente se ha tomado después de que la Generalitat no encontrara ninguna entidad financiera dispuesta a avalar el fondo impulsado por el Govern, como no podía ser de otra forma.
Las malas prácticas de los líderes catalanes parece no tener límites. No dejan de jugar con el dinero de los contribuyentes para apoyar una causa que cada día tiene menos adeptos. Pero antes de que estas conductas se eleven a organismos internacionales, es necesario un movimiento contundente por parte del Gobierno central.
Desde ‘La España que Reúne’ pedimos que los partidos y el Gobierno recurran la creación de un organismo que juega con los impuestos de todos los catalanes para pagar las multas de unos delincuentes que han estado décadas financiando la internacionalización del movimiento secesionista. No podemos dejar que sigan insultando al Estado de esta forma.
Durante los últimos 7 días, el pueblo cubano ha dicho basta. Sus ciudadanos han comenzado una revolución contra un régimen dictatorial que denomina ‘transición’ a un proceso económico y socialmente mal diseñado e instrumentado que está causando multitud de problemas cotidianos, siendo estos la gasolina de la revuelta: cortes de luz por todo el país que se producen de manera reiterativa, fragilidad económica, falta del turismo a causa de la pandemia, agotamiento de la capacidad de producción de bienes básicos con garantías y calidad… Todo ello provoca un gran problema de bienestar en la población y desean encontrar una solución fuera de lo que ha sido la tónica de los últimos 60 años: de Fidel a Díaz Canel, pasando por Raúl Castro.
FUENTE: EFE
América Latina es, en este momento, el escenario de la confrontación entre el liberalismo y el iliberalismo, donde en función de cada país las fuerzas de uno y otro signo están situadas o dentro o fuera del Gobierno. En sociedades con importantes desigualdades de renta, de riqueza o de consumo, una situación de deterioro permanente de sus condiciones de vida -entre ellas, el ejercicio de la libertad personal, de reunión o política- sienta las bases de revueltas sociales que, aunque se pudieran reprimir de manera transitoria, vuelven a surgir con el tiempo. A ello se añade la brutal represión de los cuerpos de seguridad del Estado para evitar que se prolonguen estas protestas, convirtiéndose en un elemento adicional de protesta permanente.
Aunque pueda parecer que Cuba se une a la dinámica que se está viviendo en Colombia, Perú y Chile, tanto su origen como su posible futuro son diametralmente distintos. Cuba es la más longeva dictadura iliberal de la región, resistiéndose a un cambio más que necesario y comportándose como uno de los instrumentos fundamentales de desestabilización política y social de la región, provocando la ruina de países otrora prósperos como Venezuela.
Es lamentable ver cómo los dirigentes de estos países populistas e iliberales usan su posición política para lucrarse a sí mismos y a los más ricos, olvidándose de aquellos que menos recursos económicos tienen a su alcance, favoreciendo la pobreza y desigualdad en las naciones que, por su posición, deben defender. La continuidad de este tipo de políticas no puede pasar desapercibida entre los países de todo el mundo y sus organismos internacionales.
Desde ‘La España que Reúne’ siempre nos vamos a posicionar a favor de los ciudadanos que piden ejercer sus derechos fundamentales más básicos y más cuando su situación es tan límite como la que se está viviendo en Cuba. Queremos poner en valor la defensa de la libertad de ya cuatro generaciones que luchan contra la represión proveniente desde las fuerzas del régimen cubano. La labor del político es buscar el bien para la mayoría y no solo para unos pocos, cosa que no sucede en Cuba.
Por último, exigimos a los gobiernos europeos, y muy especialmente al español, una posición nítida de apoyo a la democracia y a la libertad en Cuba y a un verdadero proceso de transición económica y política que deje atrás más de medio siglo de políticas represivas, populistas e iliberales. Sin duda, España debe jugar un papel crucial, para lo cual es necesario llamar las cosas por su nombre. Sólo de esa forma se protege tanto los derechos y libertades que los cubanos quieren conquistar como preservar los intereses de España en la isla.
Sorprende ver cómo una organización absolutamente jerarquizada como es la Iglesia Católica, que no admite disidencia interna y por tanto diálogo, se permite dudar de la legalidad de la justicia civil posicionándose del lado de unos delincuentes, los independentistas catalanes.
FUENTE: Europa Press
Estos han sido juzgados y condenados con todas las garantías jurídicas por delitos de sedición y malversación. Sin embargo, los obispos catalanes apelan ahora a un diálogo entre estos condenados que se atribuyen la representación de todos los catalanes, y el Gobierno de España, situándolos en igualdad de condiciones, como si de dos Estados diferentes se tratase.
Con esto no vamos a hallar esa supuesta ‘concordia’ de la que tanto hemos oído hablar últimamente dentro de la Constitución, cuando estos religiosos saben perfectamente que, ninguna de las demandas independentistas catalanes, tienen cabida. Sorprende también que coincidan con un Gobierno, el actual de Pedro Sánchez, que sugiere difuminar de forma progresiva la educación concertada, hasta hacerla desaparecer y de paso la formación religiosa en la enseñanza.
¿En qué está pensando la Iglesia Católica? ¿En qué beneficia esta gestión a España y a sus católicos que están consternados? Desde ‘La España que Reúne’ creemos que en nada.
Es de gran cinismo que los obispos catalanes apelen «al desarrollo armónico de la sociedad” desde su cátedra y pidan otorgar garantías jurídicas, en una situación totalmente anormal a la ley provocada por el intento de secesión de 2017. Un detalle más, es que las manifestaciones de la caridad eclesial no pueden confundirse con la actividad del Estado. Los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense interpelan a «avanzar teniendo sentimientos de misericordia y perdón respetando la Justicia». Para que puedan vivirse las exigencias de la virtud de la justicia se requiere un estatuto jurídico que sirva de marco para una convivencia justa. Es lo que se denomina «estado de derecho»: si el ordenamiento jurídico de un Estado es injusto, es más difícil que puedan existir relaciones justas entre los ciudadanos, puesto que no hay justicia del Estado con los ciudadanos. Por lo demás, esos «sentimientos de misericordia y de perdón» que evocan los prelados deberían ser exigidos a los secesionistas en primer lugar, exigiendo el arrepentimiento. Hay que estudiar más doctrina social y dejar de politizar una Iglesia en Cataluña a la deriva por culpa del clero nacionalista.
La Iglesia, ha entrado en cuestiones muy serias con ambivalencia y condescendencia hacia el nacionalismo, tratando de ejercer alguna presión social al Gobierno. Lo que están consiguiendo el efecto contrario en la sociedad, que ya no aguanta determinados desplantes provenientes desde las esferas religiosas. La posición tomada por el arzobispo de Sevilla, que considera que no le corresponde a la Iglesia hablar de los indultos concedidos a los secesionistas catalanes. Y lo hace un pastor que conoce perfectamente Cataluña pues fue obispo auxiliar de Barcelona con el cardenal Carles y hasta hace apenas unas semanas primer obispo de Terrassa, donde siempre ha sido un freno en la nueva diócesis a las aspiraciones de los sectores más separatistas.
En declaraciones que recoge ABC, monseñor Saiz Meneses es claro: “No le corresponde a la Iglesia aportar soluciones técnicas a problemas económicos o políticos, sino ofrecer principios inspirados en los evangelios y en la Doctrina Social de la Iglesia”. De este modo, el nuevo arzobispo de Sevilla declaró que “son los políticos quienes deben dar soluciones desde la justicia, buscando el bien común y la paz social”.
La concesión del indulto parcial a los condenados por haber hecho una declaración unilateral de independencia de Cataluña en 2017 quebrando la legalidad constitucional, comporta tres errores fundamentales:
El primero, un error político puesto que no garantiza acabar con la tensiones secesionistas de los dirigentes políticos catalanes sino que crea un espacio más amplio para ellas; el segundo, un error jurídico al no cumplirse ninguna de las condiciones mínimas elementales para estudiar una medida de gracia como ésta, y el tercero, un error histórico dado que obvia no sólo el historial más reciente de los actores agraciados, sino muy especialmente la tradición política que arrastran y que representan en este momento.
Tras escuchar los argumentos esgrimidos por el presidente del Gobierno, desde “La España que Reúne” nos reafirmamos en el convencimiento de que es una estrategia construida sobre los tres errores básicos señalados anteriormente, e incluso con una probabilidad notablemente alta de que ni siquiera sirva para dar estabilidad parlamentaria transitoria a la coalición. Es una decisión en la que hay mucho que perder y poco que ganar como país. El nacionalismo, por definición, es insaciable, e inmediatamente cuando se toma una decisión favorable a sus intereses, busca construir nuevos espacios de confrontación y división, incorporando en esta ocasión un factor nada desdeñable de “riesgo moral”: van a tomar decisiones teniendo en cuenta que el máximo castigo al que se podrían enfrentar se ha reducido drásticamente gracias al indulto parcial y se reducirá mucho más si se produce la reforma del delito de sedición.
Por ello, ante una decisión táctica y estratégicamente errónea, es más necesario que nunca activar todos los mecanismos del Estado de Derecho para corregir un camino que empeora todo. Aunque a corto plazo esto no sea visible, lo será y mucho a medio y largo plazo. Y de ello es consciente la gran mayoría de la sociedad española, la cual está reaccionando y no con comprensión, al contrario de lo que declara la vicepresidenta Calvo, a la concesión de los indultos. Tras los diversos pronunciamientos públicos tanto de ciudadanos anónimos como de profesionales y especialistas, el Gobierno al menos tendría que haber escuchado sus argumentos, al igual que ha escuchado y puesto en valor los de otros colectivos que le han arropado en los últimos días en la escenificación pública de una supuesta unidad a favor de los indultos.
Pero, sobre todo, debería sentarse inmediatamente con los partidos constitucionalistas para tratar de buscar una solución real alejada de unos indultos que, como hemos comprobado por las intenciones de los líderes independentistas, no hacen más que demostrar las debilidades del actual Gobierno, dando concesiones a cambio de nada más que un daño enorme a nuestro país. Es necesario retornar la discusión al Parlamento, a la sede de la soberanía nacional, abandonando mesas paralelas formadas por personas a las que nadie se ha elegido, sobre las que no pesa ningún tipo de rendición de cuentas ante la sociedad y sobre las que no hay ni el más mínimo control parlamentario. No puede sustituirse la política sobre las bases del Estado de Derecho por una comunidad de intereses, sea de partidos políticos o sea de organizaciones de directivos empresariales, confesiones religiosas u otros sobre los que no se puede saber cuáles son los verdaderos intereses que están detrás de sus manifestaciones públicas.
En este sentido, sí que hay una alternativa a la “agenda del reencuentro” que plantea el presidente del Gobierno, y ésta pasa por debatir el más inmediato futuro donde reside la representación del pueblo español: el Congreso y el Senado. La alternativa que desde ‘La España que Reúne’ planteamos, consta de tres elementos esenciales: en primer lugar, rehacer las relaciones entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña sobre las bases constitucionales y no sobre la idea de la “confederalidad”. En segundo lugar, discutir en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados y acordar por parte de los tres grandes partidos constitucionales el cierre de competencias de las CC.AA, completando un proceso de descentralización administrativa y política comenzado tras la aprobación de la Constitución Española. Y en tercer y último lugar, cerrar el modelo de financiación de los servicios públicos bajo el principio del “federalismo fiscal”, con una igualdad de oportunidades de base en todos los territorios y estableciendo la corresponsabilidad de los gobernantes (especialmente, en Cataluña) con sus decisiones frente a la ciudadanía.
En ningún caso podemos permitir que se cumplan las ambiciones ilegales de los independentistas, y menos que éstas estén presentes en la agenda planteada por el Ejecutivo central y por un partido en la más pura esencia constitucional como es el PSOE. El presidente del Gobierno se ha confundido de amistades, las mismas que ayer en el Liceo de Barcelona le criticaron por los indultos, pidiendo la amnistía de sus presos, y con el mensaje de no parar hasta sus objetivos.
Pedro Sánchez se ha dejado engañar, o se ha engañado a sí mismo, en la búsqueda de una supuesta concordia. Totalmente inexistente, por esa falta de perdón y propósito de arreglar el mal causado. El Gobierno se ha juntado con quien no debía. Estas amistades peligrosas, que son Podemos, Bildu o ERC están llevando al Gobierno a tomar una decisión totalmente equivocada que desencadenará, como la película, una serie de catastróficas desdichas que desarrollaremos de aquí en adelante.
