Claves de la mayor oferta de empleo público

Lo que se ha calificado en los medios como “la mayor oferta de empleo público de la historia”, en el fondo debería responder a una necesidad más que imperiosa para la Administración Pública, la cual se enfrenta en los próximos cinco años a la jubilación del 12,7% de sus efectivos (438.200 personas), y en diez años del 30% (prácticamente un millón de empleados públicos). En los últimos cinco años, la demografía funcionarial en España ha envejecido a marchas forzadas. Según los últimos datos del INE, 95.000 personas han cumplido los 50 años y 183.100 han sobrepasado la barrera de los 60 años.

Sin perder de vista otras motivaciones espurias del actual Gobierno de coalición al aprobar una convocatoria masiva de más de 30.000 plazas para formar parte del personal de la Administración Central y Seguridad Social, es un debate prioritario en el que el coste de los nuevos empleados públicos tiene que evaluarse no sólo en términos de Presupuestos Generales del Estado del año en curso sino en términos estructurales. Se van a jubilar empleados públicos baby-boomers con altas bases de cotización, con lo cual van a devengar pensiones más altas pagadas por la propia Administración (desde el año pasado, Clases Pasivas se gestiona por parte de la Seguridad Social), con lo cual no se producirá ahorros significativos sino un trasvase de costes de una parte de la Administración a otra. Por tanto, es necesaria una política prudente que evalúe qué tasa de reposición es óptima y más eficiente para no disparar el coste estructural de sueldos en el sector público.

Los datos de la Administración revelan que desde 2018, el Gobierno de Sánchez ha ofertado más de 100.000 empleos públicos. Entre los puestos ofertados este año, el Ejecutivo pretende reforzar los sectores que considera como ‘prioritarios’, pero sin especificar cuáles son. Con este movimiento crecerá el número de empleados estatales, ya que se sustituirá a todos los trabajadores que se jubilen y se contratará a un 10% más. En los sectores no considerados como ‘prioritarios’, la tasa de reposición será del 100%, por lo que no habrá recorte de personal.

Estas cifras, se añaden a los casi 7.000 puestos ofertados para las Fuerzas Armadas y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; lo que suponen más de 30.000 empleos públicos. Entre estos puestos, de los que en torno a 9.500 estarán reservados para promociones internas, complementan las 1.920 vacantes que se cubrirán en las Fuerzas Armadas y los 5.034 nuevos efectivos que se incorporarán a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Entre las tres categorías, el Gobierno habrá ofertado un total de 30.445 plazas este año.

A ello se une la posible renovación del sistema de examen para el acceso a un empleo público. De esta forma, se pretende valorar la aptitud sobre la memorización de conceptos para pasar la prueba; esto es algo que se lleva valorando desde el Gobierno central y desde los autonómicos desde hace ya varios años. Se desconoce si se tratará de aplicar la reforma del sistema antes de este nuevo proceso de evaluación.

Desde ‘La España que Reúne’ creemos conveniente atender a las necesidades de la Administración, pero poniendo atención a las necesidades reales de esta y no abusar así de la excesiva burocracia estatal. Debemos tener en cuenta que España es de los países europeos con mayor número de empleados públicos en términos absolutos, a excepción de los países nórdicos, pero no se pueden comparar sus economías y sociedades con la nuestra.

Es imprescindible analizar, bajo una perspectiva de medio plazo, si los nuevos efectivos son suficientes para prestar un servicio público de calidad. Debe generarse un debate interno en la Administración acerca de la eficiencia del funcionariado, ya que con menos gente en algunos casos se puede llegar a ser más eficiente, pero viendo qué tasa de reemplazo sería la óptima. No es necesario que se reemplacen al 100% las plazas que se liberen de todas las secciones de la Administración, no tiene sentido querer aumentar efectivos si no son necesarios. El Gobierno debe preguntarse “¿Cuál debería ser la tasa óptima?” y no hacer caso únicamente a las exigencias de las asociaciones sindicales.