Sorprende ver cómo una organización absolutamente jerarquizada como es la Iglesia Católica, que no admite disidencia interna y por tanto diálogo, se permite dudar de la legalidad de la justicia civil posicionándose del lado de unos delincuentes, los independentistas catalanes.
FUENTE: Europa Press
Estos han sido juzgados y condenados con todas las garantías jurídicas por delitos de sedición y malversación. Sin embargo, los obispos catalanes apelan ahora a un diálogo entre estos condenados que se atribuyen la representación de todos los catalanes, y el Gobierno de España, situándolos en igualdad de condiciones, como si de dos Estados diferentes se tratase.
Con esto no vamos a hallar esa supuesta ‘concordia’ de la que tanto hemos oído hablar últimamente dentro de la Constitución, cuando estos religiosos saben perfectamente que, ninguna de las demandas independentistas catalanes, tienen cabida. Sorprende también que coincidan con un Gobierno, el actual de Pedro Sánchez, que sugiere difuminar de forma progresiva la educación concertada, hasta hacerla desaparecer y de paso la formación religiosa en la enseñanza.
¿En qué está pensando la Iglesia Católica? ¿En qué beneficia esta gestión a España y a sus católicos que están consternados? Desde ‘La España que Reúne’ creemos que en nada.
Es de gran cinismo que los obispos catalanes apelen “al desarrollo armónico de la sociedad” desde su cátedra y pidan otorgar garantías jurídicas, en una situación totalmente anormal a la ley provocada por el intento de secesión de 2017. Un detalle más, es que las manifestaciones de la caridad eclesial no pueden confundirse con la actividad del Estado. Los obispos de la Conferencia Episcopal Tarraconense interpelan a «avanzar teniendo sentimientos de misericordia y perdón respetando la Justicia». Para que puedan vivirse las exigencias de la virtud de la justicia se requiere un estatuto jurídico que sirva de marco para una convivencia justa. Es lo que se denomina «estado de derecho»: si el ordenamiento jurídico de un Estado es injusto, es más difícil que puedan existir relaciones justas entre los ciudadanos, puesto que no hay justicia del Estado con los ciudadanos. Por lo demás, esos «sentimientos de misericordia y de perdón» que evocan los prelados deberían ser exigidos a los secesionistas en primer lugar, exigiendo el arrepentimiento. Hay que estudiar más doctrina social y dejar de politizar una Iglesia en Cataluña a la deriva por culpa del clero nacionalista.
La Iglesia, ha entrado en cuestiones muy serias con ambivalencia y condescendencia hacia el nacionalismo, tratando de ejercer alguna presión social al Gobierno. Lo que están consiguiendo el efecto contrario en la sociedad, que ya no aguanta determinados desplantes provenientes desde las esferas religiosas. La posición tomada por el arzobispo de Sevilla, que considera que no le corresponde a la Iglesia hablar de los indultos concedidos a los secesionistas catalanes. Y lo hace un pastor que conoce perfectamente Cataluña pues fue obispo auxiliar de Barcelona con el cardenal Carles y hasta hace apenas unas semanas primer obispo de Terrassa, donde siempre ha sido un freno en la nueva diócesis a las aspiraciones de los sectores más separatistas.
En declaraciones que recoge ABC, monseñor Saiz Meneses es claro: “No le corresponde a la Iglesia aportar soluciones técnicas a problemas económicos o políticos, sino ofrecer principios inspirados en los evangelios y en la Doctrina Social de la Iglesia”. De este modo, el nuevo arzobispo de Sevilla declaró que “son los políticos quienes deben dar soluciones desde la justicia, buscando el bien común y la paz social”.
Flaco favor a la verdadera concordia la de estos obispos en Cataluña. Y ni una palabra de la presión racista-fascistoide a la que son sometidos los catalanes constitucionalistas.