La codicia y la mala praxis parece no tener techo en la Generalitat de Cataluña. Tras haber estado financiando de forma ilícita su movimiento secesionista, ahora pretende avalar con dinero público las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas para evitar el embargo de los bienes de 34 exaltos cargos catalanes, entre los que se encuentra el economista Mas-Colell.
Los bienes que presentan serán embargados de inmediato, pero sin superar el límite de la suma que se les exige, aunque la responsabilidad sobre los 5,4 millones del total reclamado es conjunta y solidaria. La Generalitat pidió el miércoles un aplazamiento para la formalización del aval que quiere presentar el Institut Català de Finances (ICF), y en paralelo varios investigados han enviado al tribunal certificación de sus bienes patrimoniales, para cubrir la cantidad concreta que se les reclama.
Pero, ¿por qué decimos que sus malas actuaciones no tienen límites? El conseller de Economía, Jaume Giró, anunció el miércoles que recurrirán finalmente al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) para cubrir las fianzas que el Tribunal de Cuentas, pese a que esta misma semana habían dicho que renunciaban a esta fórmula para no poner en riesgo a los trabajadores públicos. Giró asegura que en las últimas horas ha recibido llamadas de personal del ICF pidiéndole que no renunciara a ello y que utilizara este recurso, por lo que ha decidido cambiar de criterio.
Precisamente este miércoles terminaba el plazo para plazo para que los encausados pagaran las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas, que ascienden a 5,4 millones de euros, y la decisión de recurrir al ICF finalmente se ha tomado después de que la Generalitat no encontrara ninguna entidad financiera dispuesta a avalar el fondo impulsado por el Govern, como no podía ser de otra forma.
Las malas prácticas de los líderes catalanes parece no tener límites. No dejan de jugar con el dinero de los contribuyentes para apoyar una causa que cada día tiene menos adeptos. Pero antes de que estas conductas se eleven a organismos internacionales, es necesario un movimiento contundente por parte del Gobierno central.
Desde ‘La España que Reúne’ pedimos que los partidos y el Gobierno recurran la creación de un organismo que juega con los impuestos de todos los catalanes para pagar las multas de unos delincuentes que han estado décadas financiando la internacionalización del movimiento secesionista. No podemos dejar que sigan insultando al Estado de esta forma.
Con dinero público NO. Es delito sobre delito. El daño económico a Cataluña de estos “flautistas de Hamelin” es enorme.