La demoscopia, al igual que otras técnicas de análisis empírico, sirven para algo más que el estudio de un momento determinado del tiempo. Al igual que en Física se cumple el «principio de incertidumbre de Heisenberg», los métodos de análisis sociológico tienen la capacidad de influir en el comportamiento de los individuos que analizan.

De esta habilidad se sirve desde hace años un organismo oficial como es el CIS, el cual se ha colocado como una institución ‘activista’ con capacidad de provocar movimientos en el sentido del voto de miles de personas que consumen los titulares de prensa generados a partir de la encuesta oficial, pensando que refleja correctamente la realidad política, cuando verdaderamente no ofrece más que una realidad leve o gravemente distorsionada en función del interés de los partidos gobernantes.

Teniendo en cuenta que vivimos en una sociedad crecientemente polarizada, este uso de las herramientas demoscópicas es peligroso, más si cabe en los momentos previos a pasar por las urnas como sucederá en los próximos días en la Comunidad de Madrid. Desde la entrada de la coalición PSOE-Unidas Podemos, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), bajo la dirección de José Félix Tezanos, se ha dedicado sistemáticamente a desvirtuar e inflar datos en función del interés concreto gubernamental en cada momento.

Precisamente, en estos últimos días, Tezanos ha tensionado la campaña electoral madrileña introduciendo elementos que se salen del consenso demoscópico, con el fin de generar expectativas sobre el bloque de izquierdas, casi a modo de propaganda típica de retaguardia que intenta insuflar moral de victoria ante una tropa muy desanimada. Este manejo de la estadística y la metodología de análisis sociológico es un caso bastante representativo de lo que se conoce como «posverdad».

Este término está incluido en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) con una precisa definición: «distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales». Es decir, aseveraciones que dejan de basarse en hechos objetivos para apelar a las emociones, creencias o deseos del público. Los hechos no importan si son verdaderos o falsos, ya que el objetivo del interlocutor es convertir su tesis en verdad.

Como pasó en Cataluña y en otros comicios anteriores, lo que termina sucediendo no es que el CIS acierta, sino que el resultado de la elección se acaba pareciendo a la encuesta oficial porque ésta junto con otras han conseguido crear un clima suficientemente propicio para ello. Evidentemente, el CIS no tiene fuerza suficiente para cambiar tendencias cuando éstas son muy marcadas, pero sí actúa exagerando al alza o a la baja ciertas estimaciones de voto para provocar el movimiento tanto de indecisos como de «voto ideológico» abstencionista que se moviliza para evitar que la ideología contraria gane.

Es lo que se intenta hacer en Madrid, retorciendo los procedimientos y saliendo al rescate de lo que interese en cada momento. El último barómetro se publicó tras el debate en televisión de los candidatos, donde los medios y expertos coincidieron en que el candidato socialista pasó muy desapercibido. Sin embargo, el
CIS incrementó la estimación de voto a Ángel Gabilondo y al resto de fuerzas de izquierda, con la esperanza de que se pueda lograr lo mismo que alcanzó la derecha en Andalucía tras los comicios regionales de 2018. Para construir esta «realidad paralela» a la del consenso demoscópico, el CIS incrementa enormemente la expectativa de voto a Ciudadanos, fuerza que en el consenso no llega al 5%, confiando en que sea el ariete para decantar a los bloques.

En suma, el resultado de estas elecciones dependerá finalmente del miedo que esta posverdad haya podido
provocar en el votante de la región madrileña y de la participación que se logre, porque de ellos también
dependerán partidos que pueden quedarse sin representación tras haber estado formando, hasta hace
bien poco, parte del propio equipo de gobierno. Es importante que no caigamos en la provocación de los
datos, porque estos no siempre dicen la verdad y pueden llegar a ser caldo de cultivo de grandes
resultados para los partidos extremistas. No podeos dejarnos llevar por el miedo y la tensión. Es
importante que valoremos nuestro papel democrático para luchar contra los discursos que no hacen
más que dividir.

Miguel Bosé se define como “negacionista y con la cabeza alta”. Vivimos periodos de sin sentido y ya no solo ocurren en lo que rodea a la política, los discursos como el del cantante basados en nada, pero discutiendo todo lo que no tenga que ver con sus razonamientos son lo normal en la oratoria negacionista; que si Bill Gates nos va a meter un chip con las vacunas, que si el virus no existe y multitud de sandeces más que no hacen ningún bien a las personas que han vivido en sus propias carnes la pérdida de un ser querido, o los efectos de virus.

En un momento del programa ‘Lo de Évole’, le propusieron al cantante hablar con un científico, después de haber pasado la entrevista menospreciando los conocimientos de su entrevistador, que defendía simple y llanamente la existencia del virus como la puede defender cualquiera que no tenga una base científica suficiente como para desarrollar su hipótesis. Para Miguel Bosé no existían hipótesis, todo lo que decía eran verdades absolutas, hasta que claro, una vez le dijeron que hablarían con un científico de las teorías cuartomilenistas del artista él se echó para atrás y dijo que no tenía tanto conocimiento como para debatir con un profesional.

El negacionista trata de convencer al que es como él, intenta implementar su discurso sobre el de un profesional hablando de fuentes donde consigue la información y que en ningún momento son reveladas, básicamente porque no existen. Si realmente esto fuese posible lo sabría mucha más gente antes que Miguel Bosé, lo que pasa es que se le escucha por ser quién es, aunque no estemos de acuerdo con él le vamos a escuchar y quizás alguien se pueda creer las mentiras de este hombre. Como población debemos huir de este tipo de discursos que no favorecen más que la irresponsabilidad de las personas que realmente creen una falacia, perpetrada hasta cierto punto desde los medios de comunicación por darle cabida e ignorada por la comunidad científica por no ser más que un discurso tras unas copas de más en el bar de la esquina.

Miguel Bosé estaba deseando hablar del tema, su opinión era un eco dentro de la opinión pública y ha podido defenderla sin que nadie se lo llevase por delante; es más, él fue el que con la fiereza y agresividad que empleó para con la defensa de su negacionismo amedrentase al entrevistador, que en ciertos momentos se le vio un poco desbordado por una situación que previamente se pudo haber imaginado.

Es entendible que el tema, a nivel empresarial y económico, sea una golosina por la controversia que existe alrededor de él, pero la responsabilidad de los medios de comunicación es la de no alimentar más el miedo de una población cansada de la pandemia, sobreinformada en el tema de las vacunas y volátil, porque una situación así acaba con la paciencia de la gente y, como en la política, es más fácil caer en los discursos extremistas cuando la situación agota a la población. Los medios de comunicación deben ser una herramienta y no una trampa en el camino.

Todos lo países tienen secretos. En el caso de España, estos secretos ocultan parte de la historia de nuestro país que, aunque la información que se guarda sea de gran trascendencia por los sucesos que se narran, en algún momento del tiempo la población tiene derecho a conocer. Actualmente nuestro país se encuentra a la cola de los Estados más avanzados en este aspecto, ya que mantenemos una legislación preconstitucional, la cual registró una leve modificación meses antes de la aprobación de la Constitución.

Fuente: EFE

Expertos, juristas, historiadores, periodistas y diferentes actores de la sociedad civil llevan tiempo persiguiendo la reforma de una norma que equilibre la necesidad de reserva de determinada información durante un tiempo razonable y la racionalidad de qué debe clasificarse, qué organismo debe hacerlo y con qué contrapesos. No puede ser que haya españoles descubriendo su historia por las bases de datos de otros países que, en ningún caso, tendrán información tan completa como la que podemos tener en los propios archivos de nuestro país.

Una reforma como ésta daría seguridad jurídica y confianza a un uso hoy opaco de la información reservada, la cual se comparte en Comisiones como la de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados donde se sientan representantes de fuerzas políticas extremas que, bajo ningún concepto, deberían tener acceso a información que comprometa la seguridad nacional. Sin embargo, esta reforma ha sido esquivada por los dos grandes partidos durante mucho tiempo, aún a sabiendas de que la norma vigente está desactualizada, por ejemplo apelando a organismos que ya ni existen. Un país que quiere ser ejemplo para otras democracias no puede mantener una norma tan obsoleta dentro de su sistema. Por tanto, es una buena noticia para la democracia que se ponga en marcha una renovación para desclasificar documentos históricos y conocer de la forma más completa posible nuestra historia.

Hace cinco años que el PNV propuso un modelo basado en los parámetros empleados en países de nuestro entorno como la desclasificación automática pasado un tiempo determinado, algo que los gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista no atendieron. Sin embargo, el actual Ejecutivo sí pretende aprobar una nueva ley antes del final de la legislatura. Por el momento, no gusta el texto presentado por el PNV que contempla la desclasificación automática de las materias secretas a los 25 años y de las reservadas a los diez, con la posibilidad de una prórroga “excepcional y motivada”, solo para las materias secretas, por otro plazo de diez años.

Lo que hay que vigilar en la nueva norma es el papel de determinados partidos extremistas, separatistas y demás agrupaciones que condicionen la gobernabilidad de España, para que no puedan acceder a este tipo de información reservada. Es necesaria la pulcritud de las personas al cargo de custodiar los secretos oficiales y para ello no puede haber personas ni partidos que puedan usar estas informaciones con fines antisistema. Estas personas deben encontrarse alejadas de esta información clasificada ya no solo de forma física, sino también en las comunicaciones, archivos y demás información que pueda encontrarse online.

Veremos cómo evoluciona el proceso de reforma. Pero si hay algo claro es que el cambio arrojaría luz sobre temas vetados durante años a la opinión pública. La posibilidad de acceder a nuestra historia nos libera y por ello no debemos caer en la facilidad de reprochar el pasado y atarnos a él, porque esto solo provocará seguir anclados al pasado (y sino vean el debate político). Debemos avanzar hacia un mejor futuro democrático, alejado de extremismo de derechas e izquierdas, populismos y rupturismos.

¿Debemos creer al político que promete que no pactará con fuerzas extremas si gana las elecciones? Si revisamos el pasado más reciente –sobre todo desde la ruptura del bipartidismo en las Elecciones Generales de 2015– la respuesta es un “no” rotundo. En los últimos seis años en los diferentes comicios generales, autonómicos y locales, en el momento de establecer los pactos de gobierno, se ha impuesto la voluntad de uno de los dos grandes partidos (con independencia de si habían obtenido o no la mayoría de los votos) de gobernar construyendo un bloque que integrara a otros partidos, entre los cuales se encontraban fuerzas extremas, sin las cuales no podía formarse gobierno posible. En algunos casos, los extremos entraban a formar parte del gobierno y en otros quedaban como apoyos parlamentarios externos.

Por tanto, la opción de pactar o no con fuerzas políticas extremas, sea en la izquierda o en la derecha, no es más que una cuestión de aritmética, habida cuenta del equilibrio inestable en las mayorías electorales desde hace más de un lustro. En este sentido, la ciencia y el estudio de cuáles son los posibles números que dibujen un determinado tipo de gobierno u otro al minuto después de que se cierre el escrutinio de los votos, se ha vuelto imprescindible para que los ciudadanos puedan confiar o no en la palabra dada por cualquiera de los candidatos cuando estos son interrogados en los medios acerca de cómo imaginan los pactos postelectorales.

Aunque los candidatos siempre se resisten a hablar de con quién pactarán o no para gobernar, saben perfectamente quiénes son los socios más probables y qué tipo de pactos tácitos y mensajes subliminales son los que les pueden proporcionar una mayor rentabilidad en términos de votos. En este sentido, hurtar a los votantes esta información es jugar con ventaja, haciendo creer a los votantes algo que luego será muy distinto en la práctica. ¿Cuántos de los votantes socialistas dieron su confianza a Pedro Sánchez cuando éste negaba con rotundidad pactar con Podemos, los separatistas o incluso Bildu? ¿Y cuántos de estos no lo hubieran hecho si Sánchez hubiera manifestado, al menos, la posibilidad de que fueran necesarios tales pactos?

Evidentemente, el proceso electoral está sujeto a incertidumbre, pero el actual marco político genera escenarios más que probables de pactos. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde estamos observando cómo el flujo informativo se centra en ver cuál va a ser el gobierno regional y los pactos que lo conformará. El candidato socialista, Ángel Gabilondo, ya ha mostrado públicamente sus intenciones para intentar gobernar en unas elecciones en las que no habrá, en principio, un ganador por mayoría absoluta. Para el profesor Gabilondo, lo ideal sería evitar pactar con el candidato de Podemos, siendo socios del PSOE en el Gobierno de España. “Con este Iglesias, no”, dice el candidato, pero ¿se lo podrá permitir? Este ha manifestado sus pretensiones a pactar con la formación de Íñigo Errejón, Más País, y con Ciudadanos; una apuesta que alejaría el extremismo y el “clima de confrontación” (en palabras de Gabilondo) que crea el exvicepresidente del Gobierno.

Por parte de la candidata del Partido Popular y actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, que parte según las encuestas como clara favorita, solo le quedaría un posible pacto con Vox, tras la explosión del gobierno madrileño del PP y Cs. Las últimas informaciones de la prensa nacional apuntan a que el líder de los ‘populares’, Pablo Casado, le ha manifestado a Díaz Ayuso su rechazo ante un posible gobierno de coalición con los extremistas de Vox.

La aritmética es fundamental para plasmar en realidad estas intenciones. Tomando la última encuesta proporcionada por GAD3 para el diario ABC, el PP obtendría entre 57 y 59 diputados; seguido por el PSOE (39-41), Más Madrid (15-17), Vox (14-16) y Podemos (7); como únicos partidos con representación en la comunidad. Queda un mes para los comicios, pero como vemos y como ya hemos visto en cantidad de ocasiones, la palabra del político queda supeditada a sus posibilidades de llegar al poder, sin valorar fríamente las consecuencias a todos los niveles que esa decisión puede tener en la población.

Desde la llegada del Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos, RTVE ha vivido su peor momento de sesgo en todo el periodo democrático, retrocediendo tanto en calidad informativa como relevancia.
Es el momento de tomar la oportunidad que da el nuevo Consejo de Administración de la radio y televisión pública nacional para ordenar un servicio público necesitado de profundas reformas.

RTVE debe ser libre y plural, algo que no ha sido en los últimos años. Esto ha hecho que una institución tan importante y con un fin público tan vital para la democracia esté intervenido por los partidos políticos de turno en el Gobierno. En este sentido, la labor de la nueva dirección debe empezar por la recuperación de la neutralidad, la independencia y la credibilidad que ha perdido frente a la sociedad española, un trabajo complicado que debe motivar al nuevo Consejo y particularmente a su presidente Pérez Tornero.

Estos últimos tres años bajo la administración provisional de Rosa María Mateo, RTVE ha sufrido una involución escandalosa, favoreciendo desproporcionalmente determinados discursos, personajes y lobbies dentro del espectro informativo nacional, protegiendo al sectarismo. Esto es algo que debe llegar a su punto final.

Es momento de tener una mirada optimista, pero también crítica y analítica, y corregir errores”. Desde ‘La España que Reúne’ queremos contribuir con cinco puntos de mejora para la reconstrucción de la credibilidad y el servicio público de este medio de comunicación:

• RTVE debe cumplir con su servicio al mandato constitucional de la Ley 17/2006 que implica la defensa de las instituciones, facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones y la cohesión de los valores nacionales.
• RTVE debe ser un modelo de gasto y financiación ejemplar que trabaje para la ciudadanía que contribuye con sus impuestos al sostenimiento de la radio y televisión pública en España.
• RTVE tiene que recuperar su posición en la cultura audiovisual de nuestro país con un reenfoque de medios económicos para su fomento.
• RTVE debe evitar los programas y contenidos sectarios, no puede ser un medio de adoctrinamiento, y velar por la información y la verdad para la ciudadanía con interdependencia de su ideología.
• RTVE debe ser un organismo independiente al Ejecutivo para cumplir con la función de servicio público. Debe, asimismo, liberarse de las presiones de lobbies internos organizados que controlan desde hace décadas los contenidos y enfoques, para dar paso a la profesionalidad y el buen hacer periodístico.

En suma, es momento de ser optimistas y creer en que un cambio es posible y debemos desear a Pérez Tornero y el resto de los miembros del nuevo Consejo de Administración la mayor de las suertes en esta andadura para recuperar la radiotelevisión pública.

En los últimos días, un nuevo escándalo ha saltado en el seno del Gobierno. El rescate a la aerolínea española Plus Ultra, con 53 millones de euros entregados a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha hecho saltar las alarmas por la poca claridad en el rescate a una empresa con problemas económicos previos al inicio de la pandemia en España.  

Esta actuación ha funcionado al contrario del fondo de rescate, pensado para empresas estratégicas y viables que comenzaron a sufrir por culpa de los efectos del coronavirus.

A pesar de los esfuerzos por justificar la decisión basándose en unos informes independientes que no son públicos, esta operación está generando recelos no sólo en España sino en Bruselas y en las cancillerías de los socios comunitarios que ven con preocupación los mecanismos que España posee actualmente –y los que está diseñando para la distribución de los futuros 140.000 millones del #NextGenEU– de apoyo financiero a empresas que acaben malgastando el dinero público o, incluso, que pueda aprovecharse para financiar gobiernos corruptos y actividades ilícitas.

Esta firma española está liderada por empresarios venezolanos considerados próximos a Maduro. Cerca de la mitad de la aerolínea se encuentra en poder de tres empresarios venezolanos vinculados con Camilo Ibrahim, relacionado con la, ya conocida por todos, vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Desde la entrada de estos tres empresarios, Plus Ultra comenzó a operar en territorio venezolano justo en el momento en el que las compañías europeas redujeron sus operaciones en el país, debido a las dificultades aplicadas por Maduro para repatriar sus divisas.

Por otro lado, el rescate a la aerolínea beneficiará a una firma con sede fiscal en Panamá, país incluido por los titulares de Economía y Finanzas de la Unión Europea en la lista negra de paraísos fiscales. Desde algunos medios de comunicación señalan adicionalmente que esta sociedad está vinculada a Reyes Rojas, administradora de más de una decena de sociedades en el país.

Mientras esto pasa, miles de empresas españolas con mejores condiciones de solvencia e importancia estratégica para el país sufren los rigores de una crisis de liquidez que va poco a poco convirtiéndose en una grave crisis de solvencia. De hecho, Plus Ultra ya fue salvada in extremis a finales de 2017 por un banco panameño que le concedió un préstamo para evitar que entrase en causa de disolución. Por tanto, ya era una empresa destinada a su desaparición, por lo que no es entendible este rescate para muchas empresas españolas.

Desde las asociaciones empresariales, el presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha dado su opinión sobre este rescate diciendo que “es cachondearse de los ciudadanos españoles, de los autónomos y de las pequeñas empresas españolas” y lamenta “que una pyme que en 2019 haya tenido pérdidas no puede acceder a las ayudas directas y que esta empresa que lleva años en pérdidas pueda acceder a 53 millones”.

La aerolínea tuvo pérdidas cercanas al millón de euros en 2016 y de algo más 680.000 euros en 2017; de 6,7 millones en 2018, y de 2,1 y 2,7 millones de euros en 2019 y 2020, respectivamente, según las cifras recogidas por Ciudadanos, la compañía aérea nunca ha registrado beneficios. La formación naranja, además de pedir la comparecencia de los ministros, ha pedido opinión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque esta solo tiene funciones consultivas previo a la concesión de la prestación. En palabras de su presidenta, Cani Fernández: «Nos gustaría mucho que se utilizase más porque despliega sus efectos antes de la ayuda que se pueda conceder», reclamó.

Es ley de las organizaciones sociales que el debate en órganos de responsabilidad compartida y la asunción colegiada de responsabilidad por la gestión ayudan a la mejor toma de decisiones.

Cuando a las organizaciones a las que nos referimos son los partidos políticos que según el título preliminar de nuestra Constitución “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política” y vienen obligados a que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos” cualquier alteración de su buen funcionamiento puede devenir en deterioro de la esencia de nuestro derecho básico a la participación democrática.

Desde la generalización de los partidos se alertó de los riesgos que la creación de oligarquías cooptadas o seleccionadas por un proceso ascendente desde las bases de militantes pudieran dar origen al dominio de los elegidos sobre los electores o de los mandatarios sobre los mandantes. Ese posible control de la acción política y representativa por comisiones de gestión o ejecutivas elegidas por bases de militantes suficientemente amplias y representadas por medios intermedios de control ha sido sustituido en la práctica por un sistema de liderazgo personal que elimina los mecanismos de control y anula el debate previo en lo teóricos órganos de decisión que se convierten en meros instrumentos de aplauso y ratificación. Y a veces hasta esta formalidad se omite.

Los líderes políticos que en un principio no eran mas órganos ejecutivos de una voluntad colectiva, sujetos a sistemas de control con estructura pareja a las parlamentarias se emancipan de la militancia y se hacen independientes de su control. La introducción del sistema de “primarias” con el propósito de “democratizar” y revitalizar la participación de la militancia en la vida partidaria ha conseguido el efecto absolutamente contrario al pretendido eliminando las estructuras de control intermedio. Ese efecto unido al desprestigio de las instituciones de los partidos políticos, la reducción de su militancia y su profesionalización, donde cada vez un mayor porcentaje de la militancia son receptores de favor político a través del patronazgo político o defensores de puestos bien retribuidos cuyo disfrute se debe a su adhesión al mando de la organización. El resultado es que se ha anulado la imprescindible y exigente deliberación intermedia que implica la democracia indirecta.

Las primarias sustraen todo contrapeso porque el líder no responde más que a una masa que en la práctica no sabe ni puede controlarlo. La persistencia en el poder se encuentra muy reforzada por dos mecanismos: poder decidir las normas y plazos –frecuencia breves y sorpresivos– de su reelección y administrar la lealtad de los cuadros y bases configurando las listas electorales y otros puestos remunerados. Se crea así una militancia de dependientes donde cada uno tiene mucho que perder enfrentándose al liderazgo que pasa a núcleos extremadamente limitados.

Las “primarias” que se importaron de países que eligen cargos en listas uninominales se fueron consolidando para disminuir el grado de control de los aparatos políticos en la elección de candidatos y garantizar la elección de estos  por un cuerpo electoral amplio y controlado que incluso puede llegar a todos los ciudadanos afectados a través de un sistema de registro o interés. Esta práctica se ha mal importado a España, sin duda con un ánimo participativo de quienes la promovieron, pero se ha convertido en el principal instrumento de secuestro del funcionamiento democrático de los partidos a cargo de las cúpulas de dirección.

Todo ello suponiendo que las primarias se hicieran en pureza democrática porque frecuentemente se vulneran con descaro por el líder y su entorno hasta las indulgentes normas que ellos mismos escribieron para favorecerse y mantener incólume su poder ante la crítica e incluso ante el resultado malo o pésimo de su gestión.

Las primarias se constituyen en instrumento adicional de blindaje de su continuidad. Para las elecciones madrileñas, cuatro partidos que concurren y prevén en sus estatutos celebrar primarias las han eliminado sin disimulo justificándose o las han organizado con escarnio en plazos exprés, sin reglamento y sin pudor en la falta de neutralidad. En este mismo contexto PSOE, PP y Ciudadanos ya han anunciado pretender retrasar el Congreso Ordinario respecto a cuando cada uno les tocaba. Sin que nadie en la militancia retribuida manifieste oposición.

España tiene muy difícil salir de esa espiral perniciosa que perjudica gravemente a la calidad de la política porque mucha de la actual clase política son perfiles de profesionales de la política sin ninguna otra actividad conocida elegidos por dóciles primero y luego déspotas administradores del control interno. El mérito y experiencia ajeno a la actividad orgánica se considera más impedimento que factor habilitante. Siendo suaves hemos perdido cualquier criterio de capacidad y mérito en la selección de quienes nos gobiernan y también la capacidad de controlarlos.

Solo la reacción de muchos españoles de a pie, desde la sociedad civil y especialmente también por quienes hacen el esfuerzo de intentar cambiar los partidos desde dentro, podría revertir la situación. España necesita y desde luego merece recuperar urgentemente una exigente democracia interna en sus partidos para que pueda renacer una política altruista en ideas y liderazgos.

Sumemos al perverso sistema de primarias que frecuentemente terminan no celebradas, anuladas, negados el acceso. manipulados los censos, con acusaciones el fraude telemático y frecuentemente en un juzgado. Por favor no nos engañen con las primarias, si estas deben celebrarse, que sean con base amplia, regladas y con las garantías de control de cualquier otro sistema de elección público. La selección de nuestros líderes es tema de radical importancia para abandonarlas en manos de militancias residuales de los partidos.

A lo largo de su historia, la democracia española ha tenido gobernantes buenos, malos y mediocres, idóneos y vulgares, ejemplares y corruptos. Gobernantes con sentido de estado y gobernantes que antepusieron sus intereses al bien común. Lo que no había tenido nunca hasta ahora es un gobernante que no creyera en la dignidad democrática de su país, y así lo aventara al mundo para afrenta de la ciudadanía y desprestigio del nombre de España. Un gobernante que se pusiera del lado del crimen.

Fuente: EFE

Nos referimos al actual vicepresidente de Gobierno y Ministro de Asuntos Sociales del Gobierno de España, Pablo Iglesias Turrión. Ya fue doloroso el ultraje de comparar la situación de Carles Puigdemont y su holgada estancia balnearia en Bruselas, fugado de la justicia española tras su fallida agresión al orden constitucional, con la de miles de compatriotas que dieron en el exilio, casi siempre miserable, a menudo atroz, tras la victoria franquista. La reacción de asco que sintió entonces la sociedad española, y en particular la parte que se le podía suponer ideológicamente más afín, hubiera debido propiciar un momento de reflexión para el Sr. Iglesias y para quienes le hicieron vicepresidente y le mantienen en el gobierno. Lejos de ello, el aún vicepresidente se permite, en plenas elecciones catalanas, declarar que en España «no hay una situación de normalidad democrática plena», socavando la imagen de nuestro país en un momento en que sus credenciales democráticas se ven oportunistamente puestas en duda por un ministro extranjero. A la injuria se suma así la deslealtad, con sus propios compañeros de gobierno, con todas las instituciones del Estado y con una inmensa mayoría de españoles, que seguimos apostando por la democracia nacida en 1978, dispuestos siempre a cambios y reformas que la mejoren, haciéndola más integradora y participativa.

La torrencial chabacanería intelectual y moral que ha derrochado el Sr. Iglesias en su carrera política merecería un inventario detallado que no haremos aquí. Admitimos sin embargo que él nunca ha engañado a nadie. Se ha presentado siempre como lo que es: una persona socializada en el rencor e incapaz de comprender la importancia histórica y la altura moral del gesto de reconciliación entre españoles que, en una Transición que desprecia, fundó nuestro régimen de convivencia democrático. Deshacer aquel abrazo entre españoles ha sido siempre su objetivo declarado. Las bofetadas a las víctimas del terror y los halagos a los criminales forman parte sin sombras y ocultaciones de su escaso bagaje. Como en aquella ocasión en que, buscando el aplauso de los fanáticos, alabó la perspicacia de ETA, por haber sido la primera en «darse cuenta» de que nuestra Constitución del 78, mero «papelito» a su decir, no había traído ninguna democracia digna del tal nombre, avalando así implícitamente la larga historia de terror de ETA.

No, Pablo Iglesias no ha engañado a nadie, aunque cabe preguntarse por qué forma parte del gobierno de un Estado que él mismo no considera plenamente democrático y de una nación que cree artificial y opresora (cuyo nombre, «España», según confesión propia, le cuesta pronunciar). Si realmente cree que España no es una democracia su deber es combatir a su gobierno gallardamente desde la oposición, sacrificando su generosa nómina de vicepresidente en el altar de sus ideales.

Pero la impostura de quien aspira a gobernar un país que desprecia es una curiosidad que no debe importarnos. Lo que nos importa es su presencia en el Gobierno de España, a invitación del Partido Socialista Obrero Español, después de que durante la campaña electoral el entonces candidato Pedro Sánchez negara su intención de formar gobierno con Unidas Podemos, haciendo precisamente de la presencia de Iglesias en el gabinete el principal escollo. Bien, el experimento ha agotado su curso. Ningún logro, ningún esfuerzo loable se le conoce al Sr. Iglesias en el ejercicio de su cargo. Hacer declaraciones imperdonables y ver series de televisión mientras parecen ser los únicos contenidos de su cartera y de su “amplio propósito” para la legislatura.

Por todo ello, pedimos el inmediato cese del vicepresidente Iglesias. Los patéticos intentos de disculpar su conducta comprometen a todo el gobierno –un órgano, recordemos, colegiado–. Si su destitución no se produce, el coste electoral que pueda sufrir el Partido Socialista será lo de menos. Más debería preocuparnos el precedente de haber llevado al gobierno a una persona cuya única virtud conocida es la demagogia y cuya única vocación es el frentismo. Las palabras tienen consecuencias. La democracia española no se puede permitir la presencia de un pirómano en el Consejo de Ministros. Ante la historia quedará la responsabilidad de quien lo nombró.