En los últimos días, un nuevo escándalo ha saltado en el seno del Gobierno. El rescate a la aerolínea española Plus Ultra, con 53 millones de euros entregados a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha hecho saltar las alarmas por la poca claridad en el rescate a una empresa con problemas económicos previos al inicio de la pandemia en España.
Esta actuación ha funcionado al contrario del fondo de rescate, pensado para empresas estratégicas y viables que comenzaron a sufrir por culpa de los efectos del coronavirus.
A pesar de los esfuerzos por justificar la decisión basándose en unos informes independientes que no son públicos, esta operación está generando recelos no sólo en España sino en Bruselas y en las cancillerías de los socios comunitarios que ven con preocupación los mecanismos que España posee actualmente –y los que está diseñando para la distribución de los futuros 140.000 millones del #NextGenEU– de apoyo financiero a empresas que acaben malgastando el dinero público o, incluso, que pueda aprovecharse para financiar gobiernos corruptos y actividades ilícitas.
Esta firma española está liderada por empresarios venezolanos considerados próximos a Maduro. Cerca de la mitad de la aerolínea se encuentra en poder de tres empresarios venezolanos vinculados con Camilo Ibrahim, relacionado con la, ya conocida por todos, vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Desde la entrada de estos tres empresarios, Plus Ultra comenzó a operar en territorio venezolano justo en el momento en el que las compañías europeas redujeron sus operaciones en el país, debido a las dificultades aplicadas por Maduro para repatriar sus divisas.
Por otro lado, el rescate a la aerolínea beneficiará a una firma con sede fiscal en Panamá, país incluido por los titulares de Economía y Finanzas de la Unión Europea en la lista negra de paraísos fiscales. Desde algunos medios de comunicación señalan adicionalmente que esta sociedad está vinculada a Reyes Rojas, administradora de más de una decena de sociedades en el país.
Mientras esto pasa, miles de empresas españolas con mejores condiciones de solvencia e importancia estratégica para el país sufren los rigores de una crisis de liquidez que va poco a poco convirtiéndose en una grave crisis de solvencia. De hecho, Plus Ultra ya fue salvada in extremis a finales de 2017 por un banco panameño que le concedió un préstamo para evitar que entrase en causa de disolución. Por tanto, ya era una empresa destinada a su desaparición, por lo que no es entendible este rescate para muchas empresas españolas.
Desde las asociaciones empresariales, el presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha dado su opinión sobre este rescate diciendo que “es cachondearse de los ciudadanos españoles, de los autónomos y de las pequeñas empresas españolas” y lamenta “que una pyme que en 2019 haya tenido pérdidas no puede acceder a las ayudas directas y que esta empresa que lleva años en pérdidas pueda acceder a 53 millones”.
La aerolínea tuvo pérdidas cercanas al millón de euros en 2016 y de algo más 680.000 euros en 2017; de 6,7 millones en 2018, y de 2,1 y 2,7 millones de euros en 2019 y 2020, respectivamente, según las cifras recogidas por Ciudadanos, la compañía aérea nunca ha registrado beneficios. La formación naranja, además de pedir la comparecencia de los ministros, ha pedido opinión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque esta solo tiene funciones consultivas previo a la concesión de la prestación. En palabras de su presidenta, Cani Fernández: “Nos gustaría mucho que se utilizase más porque despliega sus efectos antes de la ayuda que se pueda conceder”, reclamó.
Qué vergüenza. Con un IRPF y un IVA desbocados. Clases extractivas. No demócratas.