Todos lo países tienen secretos. En el caso de España, estos secretos ocultan parte de la historia de nuestro país que, aunque la información que se guarda sea de gran trascendencia por los sucesos que se narran, en algún momento del tiempo la población tiene derecho a conocer. Actualmente nuestro país se encuentra a la cola de los Estados más avanzados en este aspecto, ya que mantenemos una legislación preconstitucional, la cual registró una leve modificación meses antes de la aprobación de la Constitución.
Fuente: EFE
Expertos, juristas, historiadores, periodistas y diferentes actores de la sociedad civil llevan tiempo persiguiendo la reforma de una norma que equilibre la necesidad de reserva de determinada información durante un tiempo razonable y la racionalidad de qué debe clasificarse, qué organismo debe hacerlo y con qué contrapesos. No puede ser que haya españoles descubriendo su historia por las bases de datos de otros países que, en ningún caso, tendrán información tan completa como la que podemos tener en los propios archivos de nuestro país.
Una reforma como ésta daría seguridad jurídica y confianza a un uso hoy opaco de la información reservada, la cual se comparte en Comisiones como la de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados donde se sientan representantes de fuerzas políticas extremas que, bajo ningún concepto, deberían tener acceso a información que comprometa la seguridad nacional. Sin embargo, esta reforma ha sido esquivada por los dos grandes partidos durante mucho tiempo, aún a sabiendas de que la norma vigente está desactualizada, por ejemplo apelando a organismos que ya ni existen. Un país que quiere ser ejemplo para otras democracias no puede mantener una norma tan obsoleta dentro de su sistema. Por tanto, es una buena noticia para la democracia que se ponga en marcha una renovación para desclasificar documentos históricos y conocer de la forma más completa posible nuestra historia.
Hace cinco años que el PNV propuso un modelo basado en los parámetros empleados en países de nuestro entorno como la desclasificación automática pasado un tiempo determinado, algo que los gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista no atendieron. Sin embargo, el actual Ejecutivo sí pretende aprobar una nueva ley antes del final de la legislatura. Por el momento, no gusta el texto presentado por el PNV que contempla la desclasificación automática de las materias secretas a los 25 años y de las reservadas a los diez, con la posibilidad de una prórroga “excepcional y motivada”, solo para las materias secretas, por otro plazo de diez años.
Lo que hay que vigilar en la nueva norma es el papel de determinados partidos extremistas, separatistas y demás agrupaciones que condicionen la gobernabilidad de España, para que no puedan acceder a este tipo de información reservada. Es necesaria la pulcritud de las personas al cargo de custodiar los secretos oficiales y para ello no puede haber personas ni partidos que puedan usar estas informaciones con fines antisistema. Estas personas deben encontrarse alejadas de esta información clasificada ya no solo de forma física, sino también en las comunicaciones, archivos y demás información que pueda encontrarse online.
Veremos cómo evoluciona el proceso de reforma. Pero si hay algo claro es que el cambio arrojaría luz sobre temas vetados durante años a la opinión pública. La posibilidad de acceder a nuestra historia nos libera y por ello no debemos caer en la facilidad de reprochar el pasado y atarnos a él, porque esto solo provocará seguir anclados al pasado (y sino vean el debate político). Debemos avanzar hacia un mejor futuro democrático, alejado de extremismo de derechas e izquierdas, populismos y rupturismos.