Llevamos años con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones. El tira y afloja de los partidos políticos en el reparto de los jueces es una anomalía democrática que ha tocado fondo con la aprobación por vía urgente de la renovación del CGPJ. Los miembros actuales quedan bloqueados y se hace urgente la intervención de instancias comunitarias como la Comisión de Venecia para replantear todo el proceso, el cual tiene que llevar necesariamente a un profundo cambio en la forma en que se decidió establecer un órgano de gobierno de los jueces hace décadas.
Fuente: EFE
Los resortes y contrapoderes del Estado de Derecho se han puesto en marcha para plantar cara a esta reforma. Es necesario destacar desde los pronunciamientos reiterados de expertos como el profesor Francisco Sosa Wagner («Poder judicial en funciones«, El Mundo, 29/03/2021) hasta las acciones parlamentarias en el Parlamento Europeo impulsadas por Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, la cual pidió a la Comisión que actúe para salvaguardar la “salud democrática de nuestros Estados”. Al mismo tiempo trasladó a la presidenta Ursula von der Leyen y Didier Reynders, responsable de Justicia, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaría pasando por alto la normativa Europea, siendo esta la tercera vez que insta a los organismos europeos a intervenir en la rifa judicial del Gobierno de España.
Pero si ha habido un movimiento sísmico en esta materia éste ha sido la carta de 2.500 jueces pertenecientes a las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), exponiendo la “situación de riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho” en nuestro país. Estos magistrados se han visto obligados a acudir a Bruselas por miedo a las decisiones del Ejecutivo, en referencia al fin de la independencia judicial en España e insta a la Comisión a actuar ya, después de haber estado pasando por encima de la importancia de esta cuestión en los últimos meses.
España se juega mucho en esta reforma. Para los denunciantes de la misiva a Bruselas «está en juego la separación de poderes y la independencia judicial, que es el apoyo del Estado de Derecho, como garantía de respeto de los derechos humanos, inseparable de los valores de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, que son fundamentos de nuestra Unión Europea; y como parte de nuestro patrimonio espiritual y moral de la Unión Europea, fundada sobre dichos valores indivisibles y basada en los principios de la democracia y del Estado de Derecho (Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea)«
Los jueces quieren que, en caso de que no se aborden las reformas necesarias, se aplique el Reglamento 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre la posible condicionalidad de acceso a las ayudas de la Unión Europea para países que no respetan la separación de poderes.
Del mismo modo, Francisco Sosa Wagner, miembro de nuestro club de opinión, concretamente mostró su profundo rechazo a las formas en las que se está acometiendo la renovación del CGPJ. Para el jurista “si queremos respetar de verdad la independencia judicial, un valor constitucional, la regla es clara: nunca más el nombramiento de un magistrado del Tribunal Supremo debe ser el fruto de un enredo o intriga entre los vocales del CGPJ, que es – sépase- un enredo o intriga entre algunas asociaciones de jueces deseosas de colocar a sus afiliados o allegados. Una humillación que ningún juez se merece”.
La situación de libertad en el poder judicial en nuestro país se encuentra en una situación cercana a la comedia clásica, donde había de todo menos comedia, ya que estamos viendo que, como consecuencia de esta ley, ahora quedan suspendidos los nombramientos de los más altos cargos judiciales en nuestro país. Hasta que no se pongan de acuerdo PP y el PSOE, que son los que tienen la llave de la renovación, será imposible ejecutar ningún nombramiento “para la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo o al presidente de la Audiencia de Segovia. ¿Alguien concibe un despropósito de mayor envergadura?”.