La propaganda partidista llega al BOE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) llegó el pasado viernes 23 de abril con una sorpresa difícil de creer: un ataque directo al principal partido de la oposición en el Preámbulo de un texto normativo de enorme relevancia como es una Ley Orgánica, algo que no había sucedido nunca, ni siquiera en los momentos de mayor polarización política en democracia. No se trata de una mera anécdota, sino de otro ejemplo más del uso y abuso de las instituciones para el beneficio del actual Gobierno de coalición, el cual usa todos los canales a su alcance para reforzar su posición de poder e influencia.

La “anécdota” encierra un hecho de enorme gravedad. Es legítimo discrepar y construir una política alternativa a la que han ejercido gobiernos pasados, trasladándola a los textos legales. Es lo normal en democracia. Sin embargo, lo que no es normal es que una interpretación particular, sesgada y que refleja un criterio parcial sea elevada a categoría de preámbulo de una ley, y menos si ésta es una Ley Orgánica no menor que deroga el apartado 3 del artículo 315 del Código Penal que establecía pena de cárcel para los piquetes en las huelgas.

“Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”. Este es el párrafo donde, de forma explícita, la coalición de Moncloa ha llevado su particular lucha partidista a una Ley Orgánica sancionada por el Rey. De inmediato, las organizaciones más importantes de profesionales y sociedad civil reaccionaron, por ejemplo la Asociación de Fiscales, la cual denunció que se utilice el BOE de forma partidista. Una manipulación que trata de demonizar al rival a través de la falta de neutralidad del texto de la ley, tratando de conseguir réditos político justo antes de los comicios regionales de Madrid del 4 de mayo.

A este primer párrafo se le añade otra dura reprimenda contra la reforma laboral aprobada bajo el
mandato de Mariano Rajoy, de la que el texto dice que “prácticamente excluyó la negociación colectiva
de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos”. Y añade con
un estilo muy valorativo: “No pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las
medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015,
de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el
corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la
capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia
las políticas del Gobierno”.

Este acto de Sánchez cruza todas las líneas rojas dando el mismo uso al BOE que el de un panfleto
político. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha denunciado con razón esta violencia institucional: “ya es el colmo que también el Boletín Oficial del Estado (BOE) sea un panfleto electoral del PSOE”, tildándolo de “inadmisible” y por lo que anunció que pedirá responsabilidades al Gobierno tras “atacar a la oposición” en la exposición de motivos que realiza el Ejecutivo para justificar la derogación del punto 3 del artículo 315 del Código Penal.

Pero esta crítica legítima no debe dejar de lado la responsabilidad de los partidos políticos y sus equipos parlamentarios en la elaboración de las leyes. ¿Por qué nadie se dio cuenta de que la norma iba a ser aprobada con semejante ataque a la neutralidad de las leyes? ¿Qué estaban haciendo los equipos de asesores y diputados en las Cortes para no percartarse de esta maniobra? Es evidente que alguien no ha hecho bien su trabajo, con lo cual es necesario exigir responsabilidades.

Con independencia de este punto no menor, el mero hecho de haber incluido valoraciones de debate político y de sectarismo son una vergüenza democrática que no pueden tener cabida en el espíritu constitucionalista que debe ser defendido por los partidos políticos y sobre todo debe ser defendido desde el Gobierno. Los textos normativos deben ser neutros, objetivos y generadores de seguridad jurídica. No pueden convertirse en otro espacio más de lucha partidista. Para eso está el Parlamento, representación de la soberanía nacional. Ése y no otro es el lugar para discutir las leyes y en función de la mayoría parlamentaria, aprobarlas o no.