Fuente: EFE

Expertos, juristas, historiadores, periodistas y diferentes actores de la sociedad civil llevan tiempo persiguiendo la reforma de una norma que equilibre la necesidad de reserva de determinada información durante un tiempo razonable y la racionalidad de qué debe clasificarse, qué organismo debe hacerlo y con qué contrapesos. No puede ser que haya españoles descubriendo su historia por las bases de datos de otros países que, en ningún caso, tendrán información tan completa como la que podemos tener en los propios archivos de nuestro país.

Una reforma como ésta daría seguridad jurídica y confianza a un uso hoy opaco de la información reservada, la cual se comparte en Comisiones como la de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados donde se sientan representantes de fuerzas políticas extremas que, bajo ningún concepto, deberían tener acceso a información que comprometa la seguridad nacional. Sin embargo, esta reforma ha sido esquivada por los dos grandes partidos durante mucho tiempo, aún a sabiendas de que la norma vigente está desactualizada, por ejemplo apelando a organismos que ya ni existen. Un país que quiere ser ejemplo para otras democracias no puede mantener una norma tan obsoleta dentro de su sistema. Por tanto, es una buena noticia para la democracia que se ponga en marcha una renovación para desclasificar documentos históricos y conocer de la forma más completa posible nuestra historia.

Hace cinco años que el PNV propuso un modelo basado en los parámetros empleados en países de nuestro entorno como la desclasificación automática pasado un tiempo determinado, algo que los gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista no atendieron. Sin embargo, el actual Ejecutivo sí pretende aprobar una nueva ley antes del final de la legislatura. Por el momento, no gusta el texto presentado por el PNV que contempla la desclasificación automática de las materias secretas a los 25 años y de las reservadas a los diez, con la posibilidad de una prórroga “excepcional y motivada”, solo para las materias secretas, por otro plazo de diez años.

Lo que hay que vigilar en la nueva norma es el papel de determinados partidos extremistas, separatistas y demás agrupaciones que condicionen la gobernabilidad de España, para que no puedan acceder a este tipo de información reservada. Es necesaria la pulcritud de las personas al cargo de custodiar los secretos oficiales y para ello no puede haber personas ni partidos que puedan usar estas informaciones con fines antisistema. Estas personas deben encontrarse alejadas de esta información clasificada ya no solo de forma física, sino también en las comunicaciones, archivos y demás información que pueda encontrarse online.

Veremos cómo evoluciona el proceso de reforma. Pero si hay algo claro es que el cambio arrojaría luz sobre temas vetados durante años a la opinión pública. La posibilidad de acceder a nuestra historia nos libera y por ello no debemos caer en la facilidad de reprochar el pasado y atarnos a él, porque esto solo provocará seguir anclados al pasado (y sino vean el debate político). Debemos avanzar hacia un mejor futuro democrático, alejado de extremismo de derechas e izquierdas, populismos y rupturismos.

Fuente: EFE

Los resortes y contrapoderes del Estado de Derecho se han puesto en marcha para plantar cara a esta reforma. Es necesario destacar desde los pronunciamientos reiterados de expertos como el profesor Francisco Sosa Wagner («Poder judicial en funciones«, El Mundo, 29/03/2021) hasta las acciones parlamentarias en el Parlamento Europeo impulsadas por Maite Pagazaurtundúa, vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, la cual pidió a la Comisión que actúe para salvaguardar la “salud democrática de nuestros Estados”. Al mismo tiempo trasladó a la presidenta Ursula von der Leyen y Didier Reynders, responsable de Justicia, que el Ejecutivo de Pedro Sánchez estaría pasando por alto la normativa Europea, siendo esta la tercera vez que insta a los organismos europeos a intervenir en la rifa judicial del Gobierno de España.

Pero si ha habido un movimiento sísmico en esta materia éste ha sido la carta de 2.500 jueces pertenecientes a las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI), exponiendo la “situación de riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho” en nuestro país. Estos magistrados se han visto obligados a acudir a Bruselas por miedo a las decisiones del Ejecutivo, en referencia al fin de la independencia judicial en España e insta a la Comisión a actuar ya, después de haber estado pasando por encima de la importancia de esta cuestión en los últimos meses.

España se juega mucho en esta reforma. Para los denunciantes de la misiva a Bruselas «está en juego la separación de poderes y la independencia judicial, que es el apoyo del Estado de Derecho, como garantía de respeto de los derechos humanos, inseparable de los valores de dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, que son fundamentos de nuestra Unión Europea; y como parte de nuestro patrimonio espiritual y moral de la Unión Europea, fundada sobre dichos valores indivisibles y basada en los principios de la democracia y del Estado de Derecho (Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea)«

Los jueces quieren que, en caso de que no se aborden las reformas necesarias, se aplique el Reglamento 2020/2092 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2020, sobre la posible condicionalidad de acceso a las ayudas de la Unión Europea para países que no respetan la separación de poderes.

Del mismo modo, Francisco Sosa Wagner, miembro de nuestro club de opinión, concretamente mostró su profundo rechazo a las formas en las que se está acometiendo la renovación del CGPJ. Para el jurista “si queremos respetar de verdad la independencia judicial, un valor constitucional, la regla es clara: nunca más el nombramiento de un magistrado del Tribunal Supremo debe ser el fruto de un enredo o intriga entre los vocales del CGPJ, que es – sépase- un enredo o intriga entre algunas asociaciones de jueces deseosas de colocar a sus afiliados o allegados. Una humillación que ningún juez se merece”.

La situación de libertad en el poder judicial en nuestro país se encuentra en una situación cercana a la comedia clásica, donde había de todo menos comedia, ya que estamos viendo que, como consecuencia de esta ley, ahora quedan suspendidos los nombramientos de los más altos cargos judiciales en nuestro país. Hasta que no se pongan de acuerdo PP y el PSOE, que son los que tienen la llave de la renovación, será imposible ejecutar ningún nombramiento “para la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo o al presidente de la Audiencia de Segovia. ¿Alguien concibe un despropósito de mayor envergadura?”.

Fuente: EFE

En política, todo o casi todo está inventado, y lo que parece una “genialidad” salida de hábiles estrategas y gurús próximos a los líderes políticos, suele ser un invento difícilmente sostenible. La fórmula PSOE-Podemos es inestable por naturaleza, pero hasta ahora también igualmente eran inestables y dispersos los movimientos contrarios a la coalición tanto a nivel nacional, regional o incluso europeo. Sin embargo, en el momento en que se ha empezado a producir una mínima confluencia de factores contrarios a la alianza gobernante –algunos inesperados y otros más que esperados– se ve con toda crudeza su debilidad y la enorme dificultad de mantener por mucho más tiempo esta fórmula de gobierno.

De los muchos factores que atenazan al actual Gobierno, tres son decisivos para determinar el ‘principio del fin’ de la coalición: la economía, Europa y Madrid. Cada uno de estos tiene una naturaleza muy distinta, pero sobre todo tienen la capacidad combinada de hacer un enorme daño a un presidente del Gobierno como Pedro Sánchez que ha ido haciendo de la precariedad virtud para mantenerse en el poder tres años y que no dudará ni un segundo en cambiar radicalmente su política si esto le asegura estar unos meses o años más en el Palacio de La Moncloa. La pertenencia de España a la Unión Europea, compartir una misma moneda con otros 19 países y ser la cuarta economía de la Eurozona, impone una serie de restricciones que más tarde o más temprano aparecen y, lo que es más importante, ejerce de mecanismo de ajuste cuando el gobernante de turno ha ido demasiado lejos en materia de degradación del Estado de Derecho, de la calidad democrática o de la estabilidad económica y financiera del país.

El presidente del Gobierno querría actuar de manera completamente autónoma en cualquier ámbito de decisión. Sin embargo, esto no es posible siempre, aunque se tensen las costuras del país tanto a nivel interno como a nivel externo. Es lo que está sucediendo con uno de los elementos más importantes de los próximos tiempos como es el programa de reformas e inversiones con el que España podría obtener hasta 140.000 millones de euros en los próximos años procedentes de la Unión Europea.

El plan de reformas e inversiones que ha presentado Pedro Sánchez ante la opinión pública y ante las Cortes, ni siquiera había sido aprobado por el Consejo de Ministros, y en su presentación en el Congreso de los Diputados no ha despejado ninguna de las dudas en cuanto a qué se hará con la totalidad de los fondos que percibirá nuestro país durante los próximos años. En Bruselas todavía están esperando a que el Ejecutivo despeje estas dudas, entre las que se encuentran reformas importantes como el mercado laboral o las pensiones. Puntos débiles de nuestro país ya antes del estallido del virus y que durante la pandemia han sufrido los propios efectos de esta.

A día de hoy, hay serias dudas de que Bruselas dé luz verde al plan ‘España Puede’, ya no solo por las lagunas económicas que este plan presenta y el uso que le intentará dar el binomio PSOE-Podemos, sino fundamentalmente por la dinámica de degradación de las instituciones que ejemplifica de manera extraordinaria la renovación del Consejo General del Poder Judicial, ya que cualquier anomalía en lo referente a la división de poderes y al Estado de Derecho puede frenar el reparto de los fondos. Es de enorme relevancia en este aspecto la Carta dirigida por 2.500 jueces españoles a la Comisión Europea y la misión que enviará en las próximas semanas el ejecutivo comunitario a España para conocer qué está sucediendo.

Una constante histórica es que los malos gobernantes no suelen caer por el caos político que generan, sino que suelen caer por la economía. Igual que Al Capone no cayó por sus crímenes sino por Hacienda, el mal gobierno Sánchez-Podemos está empezando a dar sus primeros pasos hacia su caída en desgracia, la cual se producirá en el momento en que el dinero del que disponen se agote. El dinero, incluso en una época de tipos cero, se agota más rápido que la paciencia de la ciudadanía. En este caso la situación es incluso más preocupante, porque ni siquiera sabemos bien en qué se va a gastar ese dinero.

Cuando a las organizaciones a las que nos referimos son los partidos políticos que según el título preliminar de nuestra Constitución “expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política” y vienen obligados a que “su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos” cualquier alteración de su buen funcionamiento puede devenir en deterioro de la esencia de nuestro derecho básico a la participación democrática.

Desde la generalización de los partidos se alertó de los riesgos que la creación de oligarquías cooptadas o seleccionadas por un proceso ascendente desde las bases de militantes pudieran dar origen al dominio de los elegidos sobre los electores o de los mandatarios sobre los mandantes. Ese posible control de la acción política y representativa por comisiones de gestión o ejecutivas elegidas por bases de militantes suficientemente amplias y representadas por medios intermedios de control ha sido sustituido en la práctica por un sistema de liderazgo personal que elimina los mecanismos de control y anula el debate previo en lo teóricos órganos de decisión que se convierten en meros instrumentos de aplauso y ratificación. Y a veces hasta esta formalidad se omite.

Los líderes políticos que en un principio no eran mas órganos ejecutivos de una voluntad colectiva, sujetos a sistemas de control con estructura pareja a las parlamentarias se emancipan de la militancia y se hacen independientes de su control. La introducción del sistema de “primarias” con el propósito de “democratizar” y revitalizar la participación de la militancia en la vida partidaria ha conseguido el efecto absolutamente contrario al pretendido eliminando las estructuras de control intermedio. Ese efecto unido al desprestigio de las instituciones de los partidos políticos, la reducción de su militancia y su profesionalización, donde cada vez un mayor porcentaje de la militancia son receptores de favor político a través del patronazgo político o defensores de puestos bien retribuidos cuyo disfrute se debe a su adhesión al mando de la organización. El resultado es que se ha anulado la imprescindible y exigente deliberación intermedia que implica la democracia indirecta.

Las primarias sustraen todo contrapeso porque el líder no responde más que a una masa que en la práctica no sabe ni puede controlarlo. La persistencia en el poder se encuentra muy reforzada por dos mecanismos: poder decidir las normas y plazos –frecuencia breves y sorpresivos– de su reelección y administrar la lealtad de los cuadros y bases configurando las listas electorales y otros puestos remunerados. Se crea así una militancia de dependientes donde cada uno tiene mucho que perder enfrentándose al liderazgo que pasa a núcleos extremadamente limitados.

Las “primarias” que se importaron de países que eligen cargos en listas uninominales se fueron consolidando para disminuir el grado de control de los aparatos políticos en la elección de candidatos y garantizar la elección de estos  por un cuerpo electoral amplio y controlado que incluso puede llegar a todos los ciudadanos afectados a través de un sistema de registro o interés. Esta práctica se ha mal importado a España, sin duda con un ánimo participativo de quienes la promovieron, pero se ha convertido en el principal instrumento de secuestro del funcionamiento democrático de los partidos a cargo de las cúpulas de dirección.

Todo ello suponiendo que las primarias se hicieran en pureza democrática porque frecuentemente se vulneran con descaro por el líder y su entorno hasta las indulgentes normas que ellos mismos escribieron para favorecerse y mantener incólume su poder ante la crítica e incluso ante el resultado malo o pésimo de su gestión.

Las primarias se constituyen en instrumento adicional de blindaje de su continuidad. Para las elecciones madrileñas, cuatro partidos que concurren y prevén en sus estatutos celebrar primarias las han eliminado sin disimulo justificándose o las han organizado con escarnio en plazos exprés, sin reglamento y sin pudor en la falta de neutralidad. En este mismo contexto PSOE, PP y Ciudadanos ya han anunciado pretender retrasar el Congreso Ordinario respecto a cuando cada uno les tocaba. Sin que nadie en la militancia retribuida manifieste oposición.

España tiene muy difícil salir de esa espiral perniciosa que perjudica gravemente a la calidad de la política porque mucha de la actual clase política son perfiles de profesionales de la política sin ninguna otra actividad conocida elegidos por dóciles primero y luego déspotas administradores del control interno. El mérito y experiencia ajeno a la actividad orgánica se considera más impedimento que factor habilitante. Siendo suaves hemos perdido cualquier criterio de capacidad y mérito en la selección de quienes nos gobiernan y también la capacidad de controlarlos.

Solo la reacción de muchos españoles de a pie, desde la sociedad civil y especialmente también por quienes hacen el esfuerzo de intentar cambiar los partidos desde dentro, podría revertir la situación. España necesita y desde luego merece recuperar urgentemente una exigente democracia interna en sus partidos para que pueda renacer una política altruista en ideas y liderazgos.

Sumemos al perverso sistema de primarias que frecuentemente terminan no celebradas, anuladas, negados el acceso. manipulados los censos, con acusaciones el fraude telemático y frecuentemente en un juzgado. Por favor no nos engañen con las primarias, si estas deben celebrarse, que sean con base amplia, regladas y con las garantías de control de cualquier otro sistema de elección público. La selección de nuestros líderes es tema de radical importancia para abandonarlas en manos de militancias residuales de los partidos.

Por tanto, la opción de pactar o no con fuerzas políticas extremas, sea en la izquierda o en la derecha, no es más que una cuestión de aritmética, habida cuenta del equilibrio inestable en las mayorías electorales desde hace más de un lustro. En este sentido, la ciencia y el estudio de cuáles son los posibles números que dibujen un determinado tipo de gobierno u otro al minuto después de que se cierre el escrutinio de los votos, se ha vuelto imprescindible para que los ciudadanos puedan confiar o no en la palabra dada por cualquiera de los candidatos cuando estos son interrogados en los medios acerca de cómo imaginan los pactos postelectorales.

Aunque los candidatos siempre se resisten a hablar de con quién pactarán o no para gobernar, saben perfectamente quiénes son los socios más probables y qué tipo de pactos tácitos y mensajes subliminales son los que les pueden proporcionar una mayor rentabilidad en términos de votos. En este sentido, hurtar a los votantes esta información es jugar con ventaja, haciendo creer a los votantes algo que luego será muy distinto en la práctica. ¿Cuántos de los votantes socialistas dieron su confianza a Pedro Sánchez cuando éste negaba con rotundidad pactar con Podemos, los separatistas o incluso Bildu? ¿Y cuántos de estos no lo hubieran hecho si Sánchez hubiera manifestado, al menos, la posibilidad de que fueran necesarios tales pactos?

Evidentemente, el proceso electoral está sujeto a incertidumbre, pero el actual marco político genera escenarios más que probables de pactos. Es el caso de la Comunidad de Madrid, donde estamos observando cómo el flujo informativo se centra en ver cuál va a ser el gobierno regional y los pactos que lo conformará. El candidato socialista, Ángel Gabilondo, ya ha mostrado públicamente sus intenciones para intentar gobernar en unas elecciones en las que no habrá, en principio, un ganador por mayoría absoluta. Para el profesor Gabilondo, lo ideal sería evitar pactar con el candidato de Podemos, siendo socios del PSOE en el Gobierno de España. “Con este Iglesias, no”, dice el candidato, pero ¿se lo podrá permitir? Este ha manifestado sus pretensiones a pactar con la formación de Íñigo Errejón, Más País, y con Ciudadanos; una apuesta que alejaría el extremismo y el “clima de confrontación” (en palabras de Gabilondo) que crea el exvicepresidente del Gobierno.

Por parte de la candidata del Partido Popular y actual presidenta de la región, Isabel Díaz Ayuso, que parte según las encuestas como clara favorita, solo le quedaría un posible pacto con Vox, tras la explosión del gobierno madrileño del PP y Cs. Las últimas informaciones de la prensa nacional apuntan a que el líder de los ‘populares’, Pablo Casado, le ha manifestado a Díaz Ayuso su rechazo ante un posible gobierno de coalición con los extremistas de Vox.

La aritmética es fundamental para plasmar en realidad estas intenciones. Tomando la última encuesta proporcionada por GAD3 para el diario ABC, el PP obtendría entre 57 y 59 diputados; seguido por el PSOE (39-41), Más Madrid (15-17), Vox (14-16) y Podemos (7); como únicos partidos con representación en la comunidad. Queda un mes para los comicios, pero como vemos y como ya hemos visto en cantidad de ocasiones, la palabra del político queda supeditada a sus posibilidades de llegar al poder, sin valorar fríamente las consecuencias a todos los niveles que esa decisión puede tener en la población.

RTVE debe ser libre y plural, algo que no ha sido en los últimos años. Esto ha hecho que una institución tan importante y con un fin público tan vital para la democracia esté intervenido por los partidos políticos de turno en el Gobierno. En este sentido, la labor de la nueva dirección debe empezar por la recuperación de la neutralidad, la independencia y la credibilidad que ha perdido frente a la sociedad española, un trabajo complicado que debe motivar al nuevo Consejo y particularmente a su presidente Pérez Tornero.

Estos últimos tres años bajo la administración provisional de Rosa María Mateo, RTVE ha sufrido una involución escandalosa, favoreciendo desproporcionalmente determinados discursos, personajes y lobbies dentro del espectro informativo nacional, protegiendo al sectarismo. Esto es algo que debe llegar a su punto final.

Es momento de tener una mirada optimista, pero también crítica y analítica, y corregir errores”. Desde ‘La España que Reúne’ queremos contribuir con cinco puntos de mejora para la reconstrucción de la credibilidad y el servicio público de este medio de comunicación:

• RTVE debe cumplir con su servicio al mandato constitucional de la Ley 17/2006 que implica la defensa de las instituciones, facilitar el debate democrático y la libre expresión de opiniones y la cohesión de los valores nacionales.
• RTVE debe ser un modelo de gasto y financiación ejemplar que trabaje para la ciudadanía que contribuye con sus impuestos al sostenimiento de la radio y televisión pública en España.
• RTVE tiene que recuperar su posición en la cultura audiovisual de nuestro país con un reenfoque de medios económicos para su fomento.
• RTVE debe evitar los programas y contenidos sectarios, no puede ser un medio de adoctrinamiento, y velar por la información y la verdad para la ciudadanía con interdependencia de su ideología.
• RTVE debe ser un organismo independiente al Ejecutivo para cumplir con la función de servicio público. Debe, asimismo, liberarse de las presiones de lobbies internos organizados que controlan desde hace décadas los contenidos y enfoques, para dar paso a la profesionalidad y el buen hacer periodístico.

En suma, es momento de ser optimistas y creer en que un cambio es posible y debemos desear a Pérez Tornero y el resto de los miembros del nuevo Consejo de Administración la mayor de las suertes en esta andadura para recuperar la radiotelevisión pública.

Esta actuación ha funcionado al contrario del fondo de rescate, pensado para empresas estratégicas y viables que comenzaron a sufrir por culpa de los efectos del coronavirus.

A pesar de los esfuerzos por justificar la decisión basándose en unos informes independientes que no son públicos, esta operación está generando recelos no sólo en España sino en Bruselas y en las cancillerías de los socios comunitarios que ven con preocupación los mecanismos que España posee actualmente –y los que está diseñando para la distribución de los futuros 140.000 millones del #NextGenEU– de apoyo financiero a empresas que acaben malgastando el dinero público o, incluso, que pueda aprovecharse para financiar gobiernos corruptos y actividades ilícitas.

Esta firma española está liderada por empresarios venezolanos considerados próximos a Maduro. Cerca de la mitad de la aerolínea se encuentra en poder de tres empresarios venezolanos vinculados con Camilo Ibrahim, relacionado con la, ya conocida por todos, vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Desde la entrada de estos tres empresarios, Plus Ultra comenzó a operar en territorio venezolano justo en el momento en el que las compañías europeas redujeron sus operaciones en el país, debido a las dificultades aplicadas por Maduro para repatriar sus divisas.

Por otro lado, el rescate a la aerolínea beneficiará a una firma con sede fiscal en Panamá, país incluido por los titulares de Economía y Finanzas de la Unión Europea en la lista negra de paraísos fiscales. Desde algunos medios de comunicación señalan adicionalmente que esta sociedad está vinculada a Reyes Rojas, administradora de más de una decena de sociedades en el país.

Mientras esto pasa, miles de empresas españolas con mejores condiciones de solvencia e importancia estratégica para el país sufren los rigores de una crisis de liquidez que va poco a poco convirtiéndose en una grave crisis de solvencia. De hecho, Plus Ultra ya fue salvada in extremis a finales de 2017 por un banco panameño que le concedió un préstamo para evitar que entrase en causa de disolución. Por tanto, ya era una empresa destinada a su desaparición, por lo que no es entendible este rescate para muchas empresas españolas.

Desde las asociaciones empresariales, el presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha dado su opinión sobre este rescate diciendo que “es cachondearse de los ciudadanos españoles, de los autónomos y de las pequeñas empresas españolas” y lamenta “que una pyme que en 2019 haya tenido pérdidas no puede acceder a las ayudas directas y que esta empresa que lleva años en pérdidas pueda acceder a 53 millones”.

La aerolínea tuvo pérdidas cercanas al millón de euros en 2016 y de algo más 680.000 euros en 2017; de 6,7 millones en 2018, y de 2,1 y 2,7 millones de euros en 2019 y 2020, respectivamente, según las cifras recogidas por Ciudadanos, la compañía aérea nunca ha registrado beneficios. La formación naranja, además de pedir la comparecencia de los ministros, ha pedido opinión a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), aunque esta solo tiene funciones consultivas previo a la concesión de la prestación. En palabras de su presidenta, Cani Fernández: «Nos gustaría mucho que se utilizase más porque despliega sus efectos antes de la ayuda que se pueda conceder», reclamó.

(FUENTE: EFE)

En este momento, España está experimentando una bajada en la incidencia acumulada de casos de coronavirus y muchas regiones han comenzado a suavizar sus restricciones y de esta forma tratar de que el sector de la hostelería, el comercio y el turismo pueda respirar. Durante este primer año de pandemia, la hostelería ha perdido más de 300.000 empleos y unos 65.000 negocios han tenido que cerrar. Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, el sector se mantiene atento ante las nuevas decisiones de Gobierno y CC.AA, y cruza los dedos para que las limitaciones puedan relajarse lo suficiente como para empezar a revertir la situación, especialmente si se mantiene el flujo de ciudadanos de la Unión Europea, predominantemente galos y alemanes, para que puedan entrar a nuestro país para disfrutar de estas fechas, siempre acreditados por una prueba PCR negativa.

Ahora mismo, los hosteleros de todo el país tiemblan ante la inseguridad regulatoria que provoca en sus negocios esta situación, que ya se está prolongando más de un año. El sector turístico no se puede mantener, a nivel nacional, con las reservas de extranjeros que concentran su actividad en puntos muy marcados en zonas de costa. Mientras tanto, el Gobierno llega a estas fechas sumido en un profundo caos interno que les ocupa más que reflotar la economía. Con las medidas tomadas para apoyar al turismo no es suficiente para que muchos negocios puedan llegar con vida a ese tan ansiado verano, en el que sí se espera que la situación del sector pueda, por fin, empezar a reflotar.

En estas semanas previas a la Semana Santa, las asociaciones de hosteleros han organizado concentraciones para pedir nuevas ayudas ante una situación que les desborda y de la que no son responsables, mientras que son de los sectores que más están sufriendo las consecuencias de la pandemia. No puede ser que, en España, el sector con mayor importancia en la economía esté viviendo de promesas que no se cumplen y de la esperanza de salir pronto de esta situación.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez debe entrar activamente a resolver los problemas de un sector que no ha parado de pedir desesperadamente ayuda y al que se ha obviado durante meses, sin un plan de ayudas serio para la importancia del turismo en nuestro tejido productivo. El concepto de «ayudas» debe mutar hacia el de «indemnizaciones» debido a una situación sobrevenida que provocó el cierre de muchas actividades y restricciones severas en otras. Precisamente en estos últimos días se ha presentado una de las primeras iniciativas de reclamación al Estado por daños, encabezada por las cadenas hoteleras Meliá y NH, que reclaman 200 millones al Estado. Habrá que analizar con cierto detenimiento el recorrido de este tipo de reclamaciones por responsabilidad patrimonial. Aunque éstas no tuvieran demasiado recorrido jurídico, tienen todo el sentido económico.

(FUENTE: EFE)

El PSOE, también desconcertado después de zigzagueos judiciales, propone un candidato que estaba en la pista de salida de la política madrileña, reconociendo de antemano una esperanza electoral limitada. Pocas críticas se pueden hacer cabalmente a Gabilondo y menos después del sacrificio que suponía enfrentarse a la señora Ayuso, aupada a las máximas cuotas de popularidad en Madrid debido a una política diferenciada, que ha favorecido la consecución de objetivos económicos en medio de una crisis generalizada. Su sacrificio parece mayor desde la interpretación fría de las últimas decisiones de Pablo Iglesias. Tal vez Gabilondo y los socialistas deberían pensar que el primer perjudicado de la radicalidad sea el PSOE y que, desde luego, Iglesias no será nunca un socio fiable, desde el momento que considera a los socialistas un engorroso obstáculo para sus pretensiones últimas, que puede ser útil en determinadas coyunturas, pero al que no se le puede tener como aliado estratégico.

Los discursos preelectorales ya estaban cargados de sectarismo y eran disruptivos respecto a nuestro reciente pasado y cargados de una terrible e infantil simpleza: socialismo o libertad, fascismo o democracia. Pero, en este río revuelto, Pablo Iglesias vio la oportunidad, tal vez también la necesidad, de dar una vuelta de tuerca a la política española. Es el primer caso en el que el partido minoritario provoca una remodelación gubernamental, sin la aprobación previa del presidente del Gobierno. Se libera de las responsabilidades trabajosas y aburridas de la gestión, electrifica la política española con su candidatura y aglutina el voto a la izquierda del PSOE; salvando a su partido del riesgo de convertirse en irrelevante… en fin, impone una dinámica extremista y radical a la política madrileña y, como no, también a la española. Hemos vuelto al “no pasarán” y al “hemos pasado” del chotis. Justo lo contrario a por lo que hemos trabajado, por lo que se han esforzado las generaciones anteriores a la nuestra, se tambalea y corre el claro riesgo de derrumbarse ante nuestros ojos.

Todo parecía que seguiría un patrón, sin percatarnos que la política española, además de sufrir un rapto de sectarismo, está pilotada por personajes enfermos de soberbia, guiados por una consideración sobre sí mismos ridícula y desproporcionada, que les convierte a algunos de ellos en grotescas figuras del esperpento valleinclanesco. Todos los cálculos de Iglesias, que pasan por su santa y temeraria voluntad se le vienen abajo porque Errejón, al que no había consultado la ‘okupación’ de su partido, le ha dado con las puertas en las narices, satisfaciendo un deseo largamente esperado. Así que el noble arte de la política, entre los vaivenes murcianos, las ocurrencias ‘pablistas’, la dignidad quebrada de Ciudadanos; se ha convertido en un vodevil, en el que la sustancia reside en lo grotesco, donde la risa es provocada por el ridículo al que están sometidos los personajes. Las crisis pueden provocar grandes desastres y tener su origen en causas dramáticas, pero también las puede impulsar el ridículo egoísmo de los personajes, la incapacidad y el endiosamiento de unos actores que hace menos de una década solo eran conocidos en los bares de sus respectivas facultades universitarias. En nuestro caso es lo grotesco del origen del drama que vivimos.

Creímos que la crisis podría sobrevenir por la debilidad de las instituciones, la destrucción de la virtuosa división de los tres poderes o por el desistimiento provocado de alguno de ellos; pero aparece con la fuerza de lo irremediable en los partidos políticos, muy especialmente en los partidos nacionales, en los que debería basarse la pluralidad y la estabilidad de la democracia española; sencillamente entre la dignidad y la podredumbre moral, entre la gran política y el sectarismo más nauseabundo. Últimamente los políticos españoles han elegido lo peor.

En estos momentos más que nunca, corriendo el riesgo de ser mal entendidos por unos y por otros, reivindicamos la moderación y el reformismo, la recuperación del espacio de centralidad en la política de nuestro país.

Podemos conformarnos con lo que sucede, podemos justificarlo, podemos disminuir la envergadura de la gravedad de lo ocurrido, como a menudo hemos hecho en el pasado ante calamidades que no llegamos a comprender, pero la España que Reúne no vacilará ahora; seguiremos señalando los riegos que corremos de volver a un pasado que creímos postergado para siempre. No dudaremos en oponernos a las políticas que se enfrentan a la concordia y al abrazo fraternal que nos dimos para concluir la dictadura franquista. Haremos acopio de coraje para reivindicar la política que nos ha permitido vivir el más largo y próspero periodo de nuestra historia reciente.

Es momento de que demos un paso adelante pidiendo el compromiso público de quienes han perdido el confortable paraguas de unos partidos que parecen desbocados, excitados por el sectarismo y la irresponsabilidad. Es el momento de rebelarse individual y colectivamente contra la espiral de radicalidad que domina la política nacional. No es el momento de una política minúscula, aguada y sin fuste. Por el contrario, es el momento de defender honestamente los principios de las democracias representativas. Denunciamos el peligro de volver a ensimismarnos en la miseria doméstica, de desatender los grandes retos que tienen todos los países desarrollados, pero muy especialmente del nuestro. Una política extremadamente ideologizada a la derecha y a la izquierda provocará grandes emociones, pero dejaremos de prestar atención a “las cosas” que hacen una sociedad más próspera, más justa y más libre. Vemos lo que sucede a la política española con la resignación de lo que ya hemos vivido, con la indignación que provoca la repetición de los errores que, por nuestra historia, jamás pensamos que se volverían a cometer. No podemos estar alegres ante esta llamada a la confrontación y al frentismo. Alcemos la voz los que seguimos creyendo que la política se debe basar en principios, tener en cuenta los intereses de la sociedad y sus respectivos retos. Hagamos esfuerzos redoblados por recuperar el espíritu de la Transición, la aventura de mejorar España, de fortalecer nuestra relación con nuestros socios europeos y nuestra presencia en el mundo, en unos momentos en los que, según como nos enfrentemos a la revolución tecnológica, a la imparable globalización y la extensión a los últimos rincones de nuestras vidas de la inteligencia artificial, estaremos con los países que progresan o los que quedarán paralizados en los límites de la Historia.