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FUENTE: EFE

La situación de tenista nº1 del mundo se ha convertido en cuestión de estado en el país oceánico tras una polémica exención médica que le otorgó la organización de Open de Australia y con la que el serbio de decidió a acudir, a sabiendas de que el que impone la ley es el país y no la competición. 

Djokovic es libre y ha de respetarse su decisión de no haberse vacunado, así como él debe acatar las leyes de un país si quiere acceder a legalmente a un país sometido a unas políticas restrictivas de las más duras del mundo durante la pandemia. Este, no es un conflicto entre antivacunas y provacunas; pero los antivacunas han encontrado una figura de peso en el deporte para apoyar su tesis, siendo peligroso para la salud que haya gente que no se vacune y se contagie de covid, debido a los efectos que este puede tener sin una protección como la de las vacunas. 

El tenista serbio estuvo unos días ‘retenido’, pero la decisión del juez Anthony Kelly le dio un respiro al este ordenar al Gobierno australiano implementar la orden de liberación, entregar su pasaporte al tenista serbio y sus efectos personales y pagar los costes legales de Djokovic, quien podría jugar en el Abierto de Australia.  

Entre los argumentos de Djokovic para no vacunarse es que pasó el virus hace 6 meses y recientemente, en diciembre. Argumento que, de ser cierto, sería de gran irresponsabilidad por parte del deportista, debido a que tuvo un acto el día después de ese supuesto positivo, con niños y sin ningún tipo de medidas de seguridad.  

Como comentamos al principio de esta pieza, no es preocupante que el tenista serbio, nº1 del mundo, no haya sido vacunado; pero debe asumir las consecuencias de sus actos, así como la de tomar responsabilidad en sus acciones y no culpabilizar a otros por sus errores. Esta situación está causando gran revuelo a nivel mundial, dando fuerza a que la gente que niega el virus o su cura se reafirmen en figura de gran referencia.  

Aquí en España se ha cogido a Djokovic como figura a defender por la ultraderecha, ya que Djokovic comparte esos valores ultraconservadores y ultranacionalistas que bien pueden ser identificables con los partidos de la extrema derecha; cuando identificarnos con los valores de Rafael Nadal, de un cumplimiento total y absoluto de la norma establecida, debería ser lo normal y más responsable. 

Finalmente, el caso se ha cerrado con la marcha del tenista de Australia al no cumplir las normas imperantes en el país. De esta forma se cierra uno de los casos que más controversia ha generado entre los aficionados de este deporte, y también entre los que defienden la ley y aquellos a quienes su libertad les preocupa más que la común.  

Desde otro de los ‘Grand Slam’ del tenis, la organización del Roland Garros también ha adelantado su rechazo a dejar participar a jugadores sin esta vacunados. Tesis que casa a la perfección con el discurso de su presidente, Emmanuel Macron, durante estas últimas semanas 

Está bien querer defender nuestras libertades, pero ningún individuo está por encima de la libertad colectiva. 

FUENTE: El Comercio

Recurrir a una interpretación distorsionada de la Historia es una herramienta frecuente en la denominada “justicia universal”. Un ámbito que, cuanto menos, es espinoso y cuando se intenta aplicar en los países desarrollados, supone una extralimitación de las competencias jurisdiccionales.

Uno de los casos más recientes de aplicación de la “justicia universal” ha sido la causa penal abierta en Argentina contra el exministro Rodolfo Martín Villa. Como bien recordaba recientemente Abel Cádiz, se trata de una “juez populista de izquierda, que se sirvió de una sentencia de 1996 en la que la Corte Internacional de Justicia reconocía el derecho de los estados a ejercer la justicia universal en casos de genocidio“.

Este caso se ha convertido en un paradigma claro de utilización de la Justicia con fines revisionistas, incluso llegando al extremo de intentar juzgar la Historia sin haber analizado previamente el contexto del momento en que se produjeron los hechos y, menos aún, eliminando el sesgo retrospectivo después de casi cinco décadas desde el momento que se investiga.

Justicia e Historia son dos ámbitos diferentes. Las herramientas que se utilizan en uno no son válidas para el otro, y viceversa. Más aún cuando en casos como éste, un juez de un tercer país se arroga la facultad de pasar por encima del ordenamiento jurídico de otro país sólo con el pretexto de una mal interpretada y mal aplicada “justicia universal”.

La juez argentina Servini, a pesar de no haber obtenido pruebas concluyentes, evidencias suficientes y hechos incontestables contra Martín Villa (así es como lo ha dictaminado la Corte Penal argentina), ha seguido fabricando un proceso sin ningún sentido y, lo que es peor, generando dudas en torno a la legitimidad de la Transición en España.

Es necesario poner fin al uso (y, sobre todo, abuso) de la “justicia universal” como mecanismo de deslegitimación de regímenes plenamente democráticos. Este tipo de causas deben estar reservadas a casos de verdaderos crímenes de lesa humanidad, para lo cual existe y actúa la Corte Penal Internacional.