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(FUENTE: EFE)

Tras doce meses, el país sigue sumido en una profunda crisis sociosanitaria a la espera de que los planes de vacunación sean efectivos y podamos, poco a poco, recuperar la normalidad y salir por fin de esta situación de pesimismo en la que se encuentran sumidos gran cantidad de españoles, a los que esta crisis se lo ha arrebatado todo. La situación económica, al igual que la ciudadanía, está intentando aguantar el chaparrón, a la espera de la llegada de los fondos para la reconstrucción de la Unión Europea. Mientras, la deuda ya supera el 120% del PIB y el déficit se sitúa en el 11%.

Muchos españoles se preguntan qué sentido tiene que el Gobierno siga manteniendo vigente el estado de alarma, que otorga los máximos poderes al Ejecutivo en situaciones de excepcionalidad. Haciendo balance, seguir aplicando esta medida carece de sentido práctico y, por el contrario, continuar con su empleo obstaculiza el correcto funcionamiento de la democracia parlamentaria en nuestro país y de sus instituciones; a la vez que ha permitido al Gobierno de Pedro Sánchez poder repartir responsabilidades con las autonomías por la gestión de la pandemia.

Las comunidades autónomas se encuentran condicionadas por un Ejecutivo que ha tratado de apartarse del problema, vendiendo en la segunda prórroga la idea de una cogobernanza con las regiones que nunca ha funcionado como debía en estas circunstancias. Como tampoco se ha vuelto a realizar ninguna conferencia de presidentes autonómicos desde el mes de octubre, habiendo vivido entre medias la tercera ola del virus.

El mantenimiento en vigor de esta figura de excepción constitucional no permite el correcto funcionamiento de las juntas autonómicas, que no pueden actuar sin tener que recurrir a la condicionalidad del estado de alarma, lo que ralentiza la velocidad de actuación de las regiones a la hora de afrontar un problema. El Ejecutivo no se ha preocupado, en un año de pandemia, en preparar herramientas jurídicas complementarias para evitar el colapso de unas autonomías, las cuales no pueden hacer frente a la situación de forma autónoma para que sus acciones puedan favorecer a la ciudadanía.

Los partidos constitucionalistas en la oposición critican la falta de liderazgo de Sánchez y la irresponsabilidad que supone un estado de alarma de seis meses habiendo legislación suficiente para que las autonomías puedan adoptar medidas para frenar el avance de la pandemia, a la vez que el Ejecutivo no ha establecido en este tiempo un plan nacional para evitar la llegada de nuevas oleadas del virus sin la necesidad de actuar bajo el amparo del estado de alarma. La posibilidad de una nueva prórroga del estado de alarma por parte del equipo de gobierno acentuaría la sensación, más si cabe, de la aplicación de un estado de excepción encubierto, lo que sería un escándalo político, democrático y constitucional.

En estos momentos, nos encontramos en una situación de alta volatilidad política en el panorama nacional. Es momento de que todos los partidos que creen en el espíritu del 78 sean responsables y se pongan de acuerdo por el bien común de todos los españoles. Es la oportunidad de recuperar la buena política y fundamentar las bases para la recuperación con un acuerdo de mayorías en el que se tenga en cuenta, de verdad, a los españoles. Hay que actuar de forma responsable dejando de lado el circo político que, a la vez que la pandemia, lleva un año aterrorizando a los españoles, que ven como sus representantes no han dado la talla.

FUENTE: EFE

La última semana de febrero comenzaba bien para el electorado constitucionalista, que veía como en muy poco tiempo el PP y PSOE se sacaban de la chistera la renovación del Consejo de Administración de RTVE sin mucho revuelo y dejaban parte del terreno pisado para comenzar a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, una gran noticia tras este primer año de pandemia en el que no han cesado los reproches entre ambos partidos responsabilizándose entre ellos de no querer sentar se negociar seriamente y desenquistar la situación.

La pregunta ahora es: ¿Qué está pasando para que no salga adelante la negociación del CGPJ? Para los populares no hay cabida para los jueces Victoria Rosell y José Ricardo de Prada dentro del organismo judicial por su evidente vinculación ideológica con el partido morado, lo que les hace incompatibles con el principio de imparcialidad que, se pretende, tengan los miembros del CGPJ. Es aquí dónde los partidos presentes en el Gobierno se cierran en banda, acusan al PP de no querer sentarse a negociar seriamente cómo si hicieron con RTVE en la misma semana, algo que Pedro Sánchez, en la reanudación de las ruedas de prensa en Moncloa, calificó como “una falta de voluntad” de la oposición y les pide diálogo y no vetos para sacar adelante la negociación.

Este no es un problema solo del PP de no querer a los jueces propuestos por Unidas Podemos, sino de la propia formación morada por el inmovilismo que han generado dentro de los partidos que componen el Ejecutivo para con sus letrados y con el que sientan el pretexto para acusar a la formación de Casado de no querer sacar la renovación adelante. Sánchez debe darse cuenta que, con el PSOE y Podemos, no puede sacar adelante la reforma del CGPJ; necesitan ponerse de acuerdo y salir de este enroque que, claramente no lleva a ninguna parte.

De esta forma, la situación de inmovilismo generada por la proposición de candidatos intolerables para alguna de las partes pueda ejercer un efecto rebote no deseado, con una guerra de opciones politizadas en el que ninguna de las partes quiera aceptar las proposiciones del otro. La única forma de salir de esta situación es la de la negociación entre partidos, algo que algunos no han entendido; esto no es un tira y afloja y, para conseguir revertir el bloqueo, deben entrar todos los grupos políticos, no solo Gobierno y oposición.

PSOE y PP deben tomar consciencia de la necesidad de cerrar el acuerdo y son conocedores de que, entre ambos, pueden conseguirlo en el Congreso para acabar con dos años y medio de bloqueo en el sistema judicial. Sánchez tiene que darse cuenta de que es Podemos quien se está cerrando y salir al paso de las circunstancias para pactar de una vez la renovación de un CGPJ que represente a los españoles. Solo saliendo del enroque político entre PP y PSOE, podremos, como país, avanzar hacia una política de mayorías y constitucionalista, y este no es mal momento para comenzar.

FUENTE: EFE

Esto afecta por ende a la gobernabilidad y estabilidad del resto de España ante la imposibilidad de que se resuelva la crisis institucional en la que lleva instalada Cataluña desde mucho antes del 1-O, a cuya resolución no ha contribuido el resultado de los últimos comicios.

Normalizar una situación de inestabilidad y tensión política es un escenario que sólo aquellos que carecen de aversión al riesgo pueden tolerar. Éste no es el caso ni de los ciudadanos y ni mucho menos de los empresarios, los cuales esta semana hicieron un llamamiento alto y claro a los Gobierno tanto autonómico como nacional para, primero, acabar con los graves disturbios que durante varias noches han arrasado el centro de Barcelona y, después, reconstruir el marco político con un gobierno estable que comience la difícil labor de revertir la deriva secesionista y recupere el camino de la convergencia económica y social de esta importante zona de nuestro país.

Una movilización tan intensa y clara de los empresarios catalanes es un hecho histórico, lo cual revela el hartazgo de años de deterioro acelerado de las estructuras productivas, inseguridad jurídica permanente y pérdida de liderazgo económico frente a otras zonas más pujantes del sur de Europa. En este sentido, la visita del Rey Felipe VI a la planta de SEAT no sólo es el símbolo de que las instituciones del Estado que todavía funcionan y se toman en serio que somos un Estado de Derecho trabajan para fortalecer un sector económico estratégico como es la industria del automóvil, sino que supone la muestra más evidente de que es necesario un cambio de rumbo que pasa inexcusablemente por «soltar lastre» de los socios de investidura de Pedro Sánchez.

Podemos y ERC están utilizando la debilidad de los partidos constitucionalistas tras lo ocurrido en las urnas para fomentar una movilización bajo el pretexto de un rapero, cuyo objetivo es presionar a Sánchez para lograr el indulto a los presos del procés y poder realizar el denominado «referéndum pactado». Mientras que esta fuerza de presión sea la que condicione la gobernabilidad de España, la inestabilidad será la norma y no la excepción, cuando lo que deberíamos es intentar parecernos en cuanto a gestión política a la «excepción portuguesa» que, en los últimos tiempos gracias al Gobierno Draghi en Italia y la pacificación política en Grecia, convierten a España en la «excepción» y así es como lo están entendiendo los inversores aplicando incrementos en la prima de riesgo.

FUENTE: EFE

El primero en meter la pata fue el ministro de Interior, que empleó la cuenta de Twitter de su ministerio para reconocer a Illa. Posteriormente se eliminó el tuit y Grande-Marlaska salió a enmendar su error, conocedor de la norma que había vulnerado. Pero esto no se queda aquí, ya que tanto Pedro Sánchez como el propio Illa han glosado los méritos del candidato del PSC desde actos gubernamentales.

En su artículo 50.2, reza que «desde la convocatoria de las elecciones» está «prohibido» usar recursos o medios públicos para hacer «alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones». El problema no es tanto lo que se dice, sino dónde y cuándo. Es importante resaltar que la Junta Electoral es el de todo el periodo electoral, que comienza cuando entra en vigor el decreto de convocatoria. No hay excusas que valgan en el Gobierno y todo aquel que haya caído en este error ha de ser investigado y sancionado de la forma que más conveniente considere el órgano regulador.

Esto encaja perfectamente con las palabras y medios dedicados para ensalzar al candidato y, lo peor, no es la primera vez que se emplean desde el PSOE las instituciones públicas para lanzar mensajes en contexto electoral. Sánchez lo sabe porque es reincidente; en 2019 la Junta Electoral abrió al presidente un expediente sancionador por emplear Moncloa para dar una entrevista como candidato del PSOE a las generales; lo que suponía un uso de la escenografía asociada al Gobierno de la Nación en una “manifestación con connotación electoralista” en donde también hizo alusiones a sus logros, justo lo que prohíbe la ley.

¿Es esto tan grave? ¿Por qué tiene la Junta Electoral tanto celo en la neutralidad del poder público? En primer lugar, por principio democrático. Y por mandato constitucional, en segundo. El artículo 103 de la Carta Magna asegura que la ley garantizará «la imparcialidad» en el ejercicio de «las funciones» de los servidores públicos, y que la Administración se regirá por la «objetividad»; algo que no se ha respetado desde un partido que, a priori, defiende el cumplimiento de la Constitución del 78. Señorías del Partido Socialista, ¡dejen en paz a las instituciones del Estado y respeten el cumplimento de la Carta Magna!

FUENTE: EFE

Desde entonces, la situación en la región se ha vuelto todavía más insostenible; sumado al estallido de las revueltas por la entrada en prisión del rapero Pablo Hasél, acusado de enaltecimiento del terrorismo; más dos multas por injurias y calumnias contra la Corona y contra las instituciones del Estado, llegando la onda expansiva de violencia derivada de este conflicto al resto de España. Estas circunstancias vienen motivadas por los socios de Sánchez en la investidura: Podemos y ERC, que han utilizado la debilidad de los partidos constitucionalistas tras lo ocurrido en las urnas para hacer un llamamiento a la movilización bajo el pretexto del rapero, escondiendo así sus principales objetivos con las revueltas: presionar a Sánchez para lograr el indulto a los presos y poder realizar el referéndum independentista; algo que está fuera de todo poder de decisión del presidente, dado que, volvemos a recordar; todo esto que piden populistas e independentistas no se encuentra comprendido dentro del marco constitucional.

Sánchez no puede caer en la debilidad y, no solo debe salir a condenar las protestas, también debe cerrar la puerta a las exigencias de ERC y Podemos. Tras estos comicios, los partidos constitucionalistas han salido debilitados, a excepción del PSC que ha sido el partido más votado, pero que ni aún así podrá gobernar, en un contexto en el que independentistas y comunes están negociando para formar un gobierno regional de amplia mayoría absoluta. El PSOE no debe entrar en provocaciones, ni dejarse amenazar por aquellos que quieren destruir nuestro país. Sánchez debe ponerse a trabajar por España para intentar, junto con aquellos partidos que defienden el respeto a la Constitución del 78, labrar un futuro mejor para nuestro país y resolver este conflicto.

Cataluña lleva cuatro años bajo el manto del miedo y la violencia provocado desde las instituciones a aquellos electores más cercanos al ideario independentista. Ya son más de cuatro años en los que en Cataluña se ha hecho una política en la que solo se ha comprendido a aquel que apoya la causa, olvidando a más de la mitad de la ciudadanía e incluso menospreciando a todos aquellos que no seguían y siguen los dogmas de los Puigdemont, Mas, Turull, Torra, Junqueras… Se ha acallado bajo un clima de extrema violencia e inseguridad en las calles a todos aquellos catalanes que, sencillamente, no querían abandonar España.

Fuera del delito constitucional que han infringido y tratan de infringir a diario estos políticos, se han olvidado de su labor principal que es trabajar para el bien común, algo que no hace ninguna falta decir y que todos sabemos que no hacen. A estos se le han sumado tras estas elecciones la firma de Podemos en Cataluña, que no le bastaba con tratar de dinamitar el país desde dentro del Gobierno sino que también quieren tener su parte de culpa en la anticonstitucionalista causa de la independencia, chapó.

Todo esto que vemos en Cataluña se ve traducido al clima social y político en el resto de España, la ruptura en el Gobierno es más que evidente, en buena parte por esto, y cada día con una nueva riña entre los de Sánchez y los de Iglesias. Un país como España no puede funcionar así y si Podemos no quiere ayudar al país habrá que buscar nuevos socios que den estabilidad a nuestra nación para salir de una de las etapas más duras de los últimos años y poder encaminar una reconstrucción de la idea de nación para acabar con la historia negra que ha tenido el pueblo catalán en los últimos tiempos

Es momento de que los constitucionalistas se reúnan y trabajen juntos para hacer una oposición responsable en Cataluña, y sienten las bases para trabajar y poder llegar a acuerdos en el Congreso. La adversidad debe unir a aquellos que trabajan por el bien común y no separarse, como viene siendo la tónica habitual de estos últimos años en nuestro país. El punto de partida debe ser la recuperación de la confianza del electorado catalán para poder lograr el éxito como país contra aquellos que solo buscan fracturarnos con sus ambiciones personales y políticas.

FUENTE: EFE

En pleno contexto de elecciones en Cataluña, los apoyos por excelencia del PSOE y Podemos para aprobar sus medidas en la Cámara se vinieron abajo, volviendo a dejar en evidencia las intenciones partidistas de los socios catalanes de Pedro Sánchez y, cuándo el Ejecutivo ya lo daba todo por perdido, ya que solo contaba con el ‘sí’ de EH Bildu y de Más País, de repente aparece VOX para salvar al Gobierno de coalición y asegurar tranquilidad a Sánchez e Iglesias tras lo ocurrido en Italia, donde este mismo punto ha hecho caer al equipo de gobierno de Giuseppe Conte.

Puede parecer una situación sorprendente dada la dureza siempre empleada por el partido de Santiago Abascal contra todas y cada una de las medidas que el Gobierno lanza en el Congreso, pero nada más lejos de la realidad. Desde VOX, Espinosa de los Monteros asegura que la decisión está tomada de forma que empresarios y comerciantes puedan recibir el dinero cuanto antes.

Desde los medios de comunicación no se ha dado demasiada importancia a este hecho, más allá de calificarlo como una “pura acrobacia circense”. Cuesta creer que en el contexto político actual algo suceda de forma aleatoria, como así lo están queriendo vender desde VOX, el Ejecutivo de coalición y los medios de comunicación.

Esta situación no solo nos sorprende dentro de España. Hay que recordar que desde Bruselas se mira con lupa todos nuestros movimientos, ya que estamos a la cola de Europa en la gestión referente a la crisis del coronavirus, y esta abstención ha debido provocar en el seno de la Comisión Europea cierta sorpresa, como es lógico, ante algo que no se esperaba en ninguno de los escenarios. Con esto, Europa, dónde no gustan un pelo los extremismos, pondrá más atención si cabe en el reparto de unos fondos aprobados por Podemos y facilitados por Vox.

Solo nos queda esperar cual será el rédito político que esperan sus señorías de VOX con la abstención, pero está claro que no ha sido una situación normal y que no debe pasar desapercibida para la ciudadanía. Los extremismos son peligrosos en política y en este caso, que se han unido, supuestamente, a cambio de ‘nada’; más aún. El PSOE ha de recuperar su posición en el panorama político nacional y hablar con aquellos que trabajan en defensa del país bajo los términos amparados por el marco constitucional del 78.

FUENTE: EFE

“Estamos viviendo un escenario completamente caótico en materia de exámenes en la Universidad, donde cada centro y cada Comunidad Autónoma está fijando criterios distintos a la hora de verificar los conocimientos necesarios para superar este primer cuatrimestre del curso 2020/2021; sin que haya detrás un plan suficientemente sólido que permita, en tiempo de pandemia, un proceso examinador riguroso, con todas las garantías necesarias tanto sanitarias como, sobre todo, académicas. Precisamente, en momentos como éste, es cuando más se necesita una autoridad moderadora central que marque unas pautas comunes a todos los centros universitarios, incluso bajo el paraguas del estado de alarma. Pero esa dejación de funciones es hoy una cruel realidad y quien la encabeza es un ministro prácticamente desaparecido: Manuel Castells”

De esta forma califica nuestro Secretario General y profesor universitario, Javier Santacruz, la forma de garantizar la seguridad, tanto académica como sanitaria, existente actualmente en el sistema universitario, perpetrado por el ministro más ausente de la democracia.

Los rectores no le apoyan y los alumnos tampoco; y es normal cuando, en un año, no ha trabajado en medidas para poder garantizar la seguridad en el ámbito estudiantil y sanitario a sabiendas que esta situación podía volver a darse; entonces, ¿qué ha hecho este hombre al frente de su ministerio? Y lo que es peor, ¿cuánto va a durar esta situación y qué se va a hacer para subsanar los errores cometidos por Castells? Los exámenes prosiguen y la inseguridad en todos los ámbitos de alumnos, profesores y trabajadores de los centros universitarios de nuestro país, también.

En poco más de un año, Castells se ha convertido en uno de los ministros peor valorados por la población española, y es normal si hacemos un breve repaso de su actividad durante este, corto pero intenso, periodo al frente del ministerio de Universidades. El ministro que menos se deja ver, estuvo la primera parte del año encerrado en su bunker hasta bien entrada la pandemia, con los primeros exámenes de junio, ahí como todo estaba cerrado, no había vuelta de hoja, ni tampoco mucho problema en la toma de decisiones en su ámbito por parte de Manuel Castells, se relajó y solo volvió a aparecer ya a finales de este 2020 para decir que quería una universidad gratuita, algo que el mismo ya ha desechado; pero en ningún momento salió a presentar medidas contra el virus.

Una vez llegados los exámenes y sin este protocolo, totalmente necesario, para proteger a alumnos, profesores, personal universitario en general; y sin olvidarse de proteger y defender de forma correcta la evaluación de contenidos a los universitarios, algo que no se ha hecho por parte del ministerio, entrando en guerra con los rectores de todas las universidades de España y solo defendido por aquellos que, sin un mecanismo de evaluación competente, se han aupado académicamente en sus grados.

Una vez terminados los exámenes, pasa la ventisca y la opinión pública se vuelve a olvidar de este ministro ‘nini’, al que recordaremos de nuevo cuando lleguen los exámenes de mayo-junio y, si la situación no ha mejorado en demasía, vuelva a saltar a la palestra. Lo normal en esta ocasión, como ya debió haber ocurrido en verano, sería que desde el ministerio se cree un protocolo de actuación que comprenda toda esta casuística derivada del coronavirus y adaptarse a las necesidades académicas, sin descuidar la compleja situación sanitaria y, de una vez por todas, realizar el trabajo que, como ministro, le corresponde a Manuel Castells.

FUENTE: EFE

La importancia de determinadas industrias estratégicas como es el caso de la farmacéutica y el control de la producción y almacenaje de los principios activos y otros insumos vitales, se revela más importante que nunca ante situaciones como la actual. Mientras Reino Unido ha administrado 31,82 dosis por cada 100 habitantes al cierre de esta semana, las grandes economías del euro como España, Alemania, Italia y Francia han aplicado entre 7,13 (el caso de Francia) y 8,68 (el caso de España), según los datos que recoge Statista. 

Pero no sólo es un problema para Europa (y, en particular, para España) la lentitud en el ritmo de vacunación. También lo es la forma en que se está vacunando, donde están proliferando multitud de casos de fraude dentro de algunas instituciones para saltarse los protocolos marcados desde Sanidad para la vacunación. No es un problema de siglas, ya que se está viendo que es un problema general de uso fraudulento de los medios públicos que pone en riesgo la campaña de vacunación y el acceso de la población con mayor riesgo, que es la que se está vacunando en estos momentos. No sería tolerable que no puedan recibir la cura lo antes posible por culpa de las actitudes individuales irresponsables de unos políticos que se aprovechan de su cargo, los cuales deben abandonar sus cargos y sus responsabilidades dentro de la política.

Los españoles ya estamos cansados; si bien sabemos que la política es necesaria para el avance de la sociedad, la clase política no está dando la talla por ninguno de los frentes que hay abiertos en este momento, que no son pocos, poniendo en riesgo a la población. Estos políticos se han olvidado de su papel, que no es otro que trabajar por mejorar la vida de sus gentes, atendiendo a sus necesidades y no a los intereses propios. Últimamente cuesta verlo así y parece que es exactamente lo contrario.

Necesitamos políticos responsables y con vocación que, de verdad, busquen solucionar los problemas de España, independientemente de la agrupación política que representen. Para el sociólogo alemán Max Weber, el político ha de mantener su postura entre una ‘ética de convicción moral’ y una ‘ética de responsabilidad’. La convicción moral se refiere a las creencias internas inquebrantables que un político debe sostener. La responsabilidad es la necesidad diaria de usar los medios de Estado de una manera en la cual se preserve la paz para un bien mayor que es el progreso: esto es ser político.