Ningún país empieza donde Venezuela o Nicaragua terminaron. Empieza mucho antes: cuando el adversario deja de ser una alternativa legítima, los jueces incómodos se convierten en activistas, o el líder transforma sus problemas personales en una causa colectiva. América Latina conoce bien esa gramática. Lo inquietante es que una parte creciente de ella ya se habla en España.
FUENTE: EFE
Durante años, la influencia latinoamericana sobre la izquierda española pudo considerarse una peculiaridad intelectual de los fundadores de Podemos. Ya no. Un estudio publicado este mismo año sobre la evolución de ese espacio político constata expresamente la persistencia de su «mirada latinoamericana» y estudia el Frente Amplio uruguayo como horizonte organizativo para España. Lo relevante ahora es que algunos de aquellos recursos han dejado de pertenecer exclusivamente a Podemos y aparecen, con intensidades diferentes, en la reorganización del conjunto de la izquierda y en el propio discurso de Pedro Sánchez.
El Frente Amplio no es sólo un nombre. Izquierda Unida acaba de definirlo como un proyecto que debe trascender los partidos y conectar con la «sociedad organizada y movilizada». Más revelador todavía es que su comunicado coloque las protestas por la vivienda, los sindicatos de inquilinos, las movilizaciones callejeras, la huelga general y las elecciones del 29-N dentro de «una misma secuencia política y social». La política parlamentaria, el movimiento social y la movilización de la calle dejan así de aparecer como esferas diferenciadas para formar parte de un mismo sujeto político. Ésa es una concepción mucho más importante que cualquier sigla.
La misma lógica aparece, con otra forma, en Senado de Progreso, la candidatura conjunta con la que PSOE y buena parte de las fuerzas situadas a su izquierda concurrirán a la Cámara Alta. Una coalición electoral es completamente legítima; la cuestión interesante es el lenguaje con el que se construye. Antes incluso de constituirse, la iniciativa había sido impulsada bajo la denominación «Senadoras y Senadores por la Democracia». Finalmente, la candidatura común se llama «de Progreso». La disputa política empieza así a adquirir una dimensión moral: una parte se identifica semánticamente con la democracia y el progreso y sitúa inevitablemente a quien queda enfrente en el espacio contrario.
Eso tampoco aparece aislado. Al anunciar las elecciones, Sánchez afirmó que durante la legislatura había tenido que combatir contra «élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones pero que quieren seguir controlando nuestro país», calificó a la actual oposición como «la peor» de nuestra democracia y reclamó una mayoría progresista más amplia con la que «doblegar a las élites«. No estamos ante una expresión cualquiera. Es el núcleo de la lógica populista estudiada durante décadas: frente al pueblo que expresa su voluntad mediante las urnas aparecen poderes no elegidos que obstaculizan esa voluntad y cuya legitimidad resulta, por ello, sospechosa.
El problema es que la democracia constitucional está deliberadamente llena de poderes que no se presentan a las elecciones. No se presentan los jueces, los fiscales, los reguladores, los funcionarios, los periodistas ni los tribunales europeos. Su legitimidad no procede de obtener votos porque su función consiste precisamente en no depender de ellos. El gobernante elegido dispone de una legitimidad formidable para gobernar, pero no de una legitimidad superior a la Constitución para decidir qué límites merecen obediencia.
El enemigo deja de equivocarse y empieza a conspirar
Es aquí donde la experiencia española empieza a resultar más preocupante. Sánchez ha utilizado el concepto de lawfare para hablar de judicialización de la política y ha sostenido ante una comisión del Senado que existe una «minoría minoritaria» de jueces que «hace política de causas judiciales». En la misma intervención habló de «pseudomedios» integrados en una «máquina del fango». No hace falta negar que puedan existir malas actuaciones judiciales, información falsa o campañas políticas a través de los tribunales para advertir el cambio de categoría: el control deja de discutirse únicamente por sus decisiones y comienza a ser presentado como parte de una estructura política hostil.
La escena del reciente mitin de Fuenlabrada añade otra pieza. Sánchez subió al escenario con Begoña Gómez, la abrazó y besó ante las cámaras y enmarcó las causas judiciales que afectan a su mujer dentro de un relato familiar de resistencia: habían intentado «quebrarlos» y estaban más unidos que nunca. El problema político no es un beso. Es convertir una situación sometida a los tribunales en una experiencia emocional compartida entre el dirigente, su familia y sus seguidores, desplazando la discusión desde lo que debe resolver un juez hacia quién está con el líder cuando éste se siente atacado.
Ahí el populismo demuestra su enorme eficacia. No necesita abolir una institución para debilitarla; primero necesita modificar la relación emocional de sus seguidores con ella. Si una resolución favorable acredita que funciona el Estado de Derecho y una resolución adversa confirma el lawfare, la institución conserva formalmente todas sus competencias, pero ha perdido algo más difícil de recuperar: la aceptación previa de su autoridad cuando decide contra los nuestros.
América Latina no es una exageración: es un precedente
Ésa es la parte de la experiencia latinoamericana que España debería estudiar sin condescendencia. Chávez llegó al poder mediante elecciones y conservó durante años un importante apoyo popular. Cuando el Tribunal Supremo empezó a convertirse en un problema, su mayoría parlamentaria aprobó en 2004 una reforma que amplió de veinte a treinta y dos sus magistrados y permitió colocar doce nuevos jueces. Human Rights Watch documentó entonces cómo aquella reforma alteró políticamente la composición del máximo tribunal venezolano. El argumento previo había sido siempre más atractivo que el resultado posterior: había unas élites y unas instituciones heredadas que impedían ejecutar plenamente el proyecto respaldado por el pueblo.
Nicaragua llevó esa lógica mucho más lejos. Ortega regresó al poder por las urnas; después fueron desapareciendo los límites. La Justicia permitió primero sortear las restricciones a su reelección, una reforma de 2014 eliminó los límites presidenciales y la reforma constitucional culminada en 2025 otorgó a la Presidencia incluso capacidad para «coordinar» los poderes legislativo y judicial. No ocurrió una mañana. Fue una acumulación de decisiones en las que cada contrapeso pudo presentarse como un obstáculo a la voluntad política de quienes ya controlaban la mayoría.
Esperar a que España alcance un desenlace semejante para considerar preocupante el método sería absurdo. La utilidad de un precedente consiste precisamente en reconocer la secuencia antes de llegar al final. España conserva una democracia competitiva, tribunales independientes, prensa plural, pertenencia a la Unión Europea y alternancia efectiva. Precisamente por eso éste es el momento de defender esas fortalezas, no de utilizarlas como tranquilizante mientras se normaliza un lenguaje que divide sistemáticamente entre la legitimidad del pueblo y la sospecha hacia quienes limitan a quienes hablan en su nombre.
Frente Amplio. Senado de Progreso. Sociedad movilizada y elecciones formando una misma secuencia. Élites que deben ser doblegadas. Lawfare. Pseudomedios. Jueces que hacen política. El dirigente y su familia convertidos en símbolo emocional de una persecución. Ninguna de esas piezas aislada demuestra una deriva autoritaria y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo. Pero juntas sí describen una determinada forma de concebir la política: construir un bloque social y moral, identificarlo con la mayoría legítima y explicar las resistencias que encuentra como la reacción de poderes que carecen de esa legitimidad.
La advertencia latinoamericana no consiste en decir que España sea hoy Venezuela o Nicaragua. Consiste en comprender algo mucho más incómodo: Venezuela y Nicaragua tampoco comenzaron siendo la Venezuela y la Nicaragua que hoy conocemos. Antes de controlar tribunales hubo tribunales desacreditados; antes de arrinconar al adversario hubo adversarios presentados como enemigos del pueblo; antes de confundir partido, movimiento y Estado hubo una mayoría convencida de que su superioridad moral justificaba saltarse algunas resistencias.
El populismo no se importa en un contenedor y llega de una sola vez. Se importa por piezas. Y algunas ya están aquí.