Durante estas semanas todo el mundo tendrá derecho a explicar qué España quiere después del 29 de noviembre. La función de la Corona es distinta: representar la España que no desaparece el 29 de noviembre. Ahí, precisamente cuando el país entra en campaña, se entiende mejor para qué sirve una Jefatura del Estado situada fuera de ella.
Desde el 6 de octubre España vive una situación institucional singular. El decreto de convocatoria electoral disolvió Congreso y Senado, fijó las elecciones para el 29 de noviembre y retrasó hasta el 23 de diciembre la constitución de las nuevas Cámaras. Durante casi tres meses habrá, por tanto, un largo tránsito entre dos Parlamentos en el que primero competirán los partidos, después hablarán las urnas y finalmente comenzará la complicada construcción de una nueva mayoría. En todo ese tiempo cambiará el centro de gravedad de la política, pero no puede cambiar el del Estado.
Ésa es la idea que convierte a la Corona en algo más que una institución protocolaria. La Constitución no define al Rey sólo como jefe del Estado, sino como «símbolo de su unidad y permanencia». La expresión adquiere toda su dimensión durante un periodo electoral. Los candidatos representan proyectos distintos, los partidos exageran sus diferencias porque necesitan movilizar y el Gobierno compite inevitablemente por defender su continuidad. El Rey, en cambio, no tiene adversario electoral, programa propio ni mayoría que conservar. Su legitimidad constitucional descansa justamente en otra lógica: mientras todos explican qué debe cambiar, alguien representa aquello que debe continuar.
Por eso sería un error reducir esta reflexión al reciente viaje a Ceuta y Melilla, por importante que haya sido. Lo ocurrido desde la disolución de las Cortes ofrece una fotografía mucho más amplia. Felipe VI ha presidido la Fiesta Nacional, ha estado en las dos ciudades españolas del norte de África, ha pasado por Poblet y Barcelona y este mismo 19 de octubre ha mantenido audiencias con mandos de las Fuerzas Armadas. La agenda oficial de la Casa del Rey durante estos primeros días del periodo electoral no muestra una Corona retirada hasta que terminen las elecciones, sino exactamente lo contrario: una institución que continúa cumpliendo su función mientras el resto del sistema entra en competición.
La diferencia importa. Durante las próximas semanas veremos ministros convertidos en candidatos, presidentes autonómicos haciendo campaña, líderes territoriales negociando alianzas y partidos discutiendo incluso qué significa España. La Corona no tiene que responder a ninguna de esas discusiones. Tiene que poder estar en Ceuta y en Cataluña, junto a las Fuerzas Armadas y en un premio literario, ante empresarios o ante representantes extranjeros, sin que cada presencia pueda interpretarse como la adhesión a un bloque. Una Jefatura del Estado que entrara en la batalla política perdería precisamente aquello que la hace útil cuando la batalla política ocupa todo lo demás.
Cuando todo se vuelve partidista
Hay además una dimensión particularmente importante en la España actual. La polarización ya no se limita a las políticas públicas. Con demasiada frecuencia invade también los símbolos, las instituciones y hasta la definición del país. Una mitad sospecha de aquello que identifica con la otra: la bandera, la Justicia, Cataluña, la política exterior, la memoria histórica o la propia idea de nación terminan distribuidas entre bloques. En ese contexto, la existencia de una institución obligada constitucionalmente a no pertenecer a ninguno adquiere una importancia mayor, no menor.
Las visitas a Ceuta y Melilla lo demostraron porque allí la presencia institucional tiene un significado que trasciende cualquier legislatura. En Ceuta, Felipe VI vinculó expresamente a la Corona con la garantía de los poderes del Estado y reafirmó la pertenencia española y europea de ambas ciudades; en Melilla resumió esa función hablando de «lo importante que es para la Corona estar». No decidir la política hacia Marruecos, que corresponde al Gobierno; no suplir a las administraciones; simplemente estar allí en nombre del Estado cuando esa presencia posee un valor propio.
Dos días después estaba en Cataluña. No existe contradicción. Precisamente ése es el punto. Una institución nacional debe poder afirmar sin titubeos la soberanía en Ceuta y, al mismo tiempo, reconocer y acompañar la singularidad histórica de Cataluña. La Corona puede hacerlo porque no necesita convertir ninguna de las dos cosas en un programa electoral. En la reunión del Patronato de Poblet coincidieron alrededor del mismo patrimonio histórico Cataluña, Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares: territorios con identidades políticas distintas unidos por una historia que ningún partido posee en exclusiva.
Ésa puede ser una de las grandes funciones de la Corona durante toda esta campaña: mantener abierta una idea de España que no necesite derrotar a otra España para existir. No porque el Rey deba pronunciarse sobre las polémicas que aparecerán —debe hacer justamente lo contrario—, sino porque su normalidad institucional ofrece un contraste con una política obligada durante semanas a subrayar diferencias.
Antes y después de las urnas
La utilidad de esa continuidad se apreciará todavía mejor cuando termine la campaña. El 29 de noviembre la política no concluirá; simplemente cambiará de fase. El Gobierno cesará tras las elecciones y continuará en funciones hasta la toma de posesión de su sucesor. Las nuevas Cámaras no se constituirán hasta el 23 de diciembre y, después, comenzará la negociación de la investidura. Si el resultado es fragmentado, ese periodo puede prolongarse.
Es entonces cuando la función constitucional del Rey deja de ser principalmente representativa y entra en el mecanismo mismo de formación del Gobierno. El artículo 99 de la Constitución establece que, una vez renovado el Congreso, deberá consultar a los representantes de los grupos parlamentarios y proponer un candidato a la Presidencia. España ya comprobó en 2015 y 2016 cuánto puede durar ese tránsito: tras la negativa inicial de Mariano Rajoy a acudir a la investidura, Felipe VI abrió nuevas consultas y posteriormente propuso a Pedro Sánchez, en un proceso estrictamente encauzado por las reglas constitucionales. La documentación oficial de aquellas consultas recuerda que la Corona no resolvió el bloqueo político; mantuvo funcionando el procedimiento mientras los partidos debían resolverlo.
Ésa es una distinción esencial. Hablar de la Corona como reserva del Estado no significa imaginar poderes excepcionales ni una instancia llamada a corregir a los políticos. Significa casi lo contrario. Su valor reside en garantizar continuidad sin apropiarse de la decisión democrática. Convoca porque corresponde constitucionalmente; consulta porque debe hacerlo; propone un candidato que después necesita la confianza del Congreso; sanciona las leyes aprobadas por las Cortes y sus actos están sometidos al sistema de refrendo. La reserva no consiste en disponer de más poder, sino en permanecer precisamente porque no se disputa ese poder.
De aquí al 29 de noviembre veremos inevitablemente a España explicada de maneras incompatibles. Será lógico: para eso sirven unas elecciones. Pero la democracia necesita también instituciones cuya existencia no dependa de cuál de esas explicaciones obtenga más votos. Durante la campaña, mientras unos prometen cambiar el país y otros defender lo realizado, la Corona seguirá representando fronteras, historia, Fuerzas Armadas, relaciones exteriores, cultura y continuidad constitucional sin pedir adhesión partidista a cambio.
Y después de las elecciones volverá a estar ahí, esta vez entre un Gobierno que cesa y otro que todavía no existe, entre unas Cortes desaparecidas y otras recién nacidas. Eso es la reserva del Estado: no un poder que espera su momento, sino una institución que evita que España tenga que empezar de nuevo cada vez que empieza una legislatura.