El 29-N y los límites del poder

Pedro Sánchez ha disuelto las Cortes y ha convocado las elecciones generales para el 29 de noviembre. El Real Decreto 806/2026 fija además la constitución de las nuevas Cámaras para el 23 de diciembre. Entre una fecha y otra se abre un periodo que merece bastante más atención de la que suele concederse a los interregnos electorales: el Congreso y el Senado ya están disueltos, pero el Gobierno no estará formalmente en funciones hasta después de las elecciones. Hasta entonces conserva sus competencias, mientras las Diputaciones Permanentes permanecen como garantía mínima de continuidad parlamentaria. Sólo tras el 29-N entrarán en vigor las restricciones propias de un Ejecutivo cesante.

Ese calendario importa porque esta campaña no llega después de una legislatura ordinaria. Llega después de tres años en los que la política española ha vivido instalada en una discusión casi permanente sobre los límites: los del Parlamento, los de la Justicia, los del Ministerio Fiscal, los de la amnistía, los de los medios y los de la propia responsabilidad política.

No hace falta recurrir a una retórica apocalíptica para constatar que existe un problema institucional. El Informe sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea de 2026 sigue reclamando a España una reforma del sistema de elección del CGPJ conforme a los estándares europeos, una mayor separación temporal entre el mandato del fiscal general y el del Gobierno, mejoras en la persecución de la corrupción de alto nivel y mayores garantías sobre conflictos de intereses, transparencia e independencia editorial de los medios públicos. El mismo informe reconoce avances relevantes en Justicia y digitalización. Precisamente por eso resulta útil: no describe un Estado autoritario, sino una democracia consolidada con fricciones institucionales que siguen sin resolverse.

La erosión democrática rara vez empieza con un golpe

Aquí es donde la comparación latinoamericana puede aportar algo, siempre que no se convierta en caricatura.

España no es Venezuela, Nicaragua ni El Salvador. Sus instituciones, su pertenencia a la Unión Europea, su estructura territorial, su Poder Judicial y su sistema electoral hacen absurda cualquier equivalencia directa. Pero las democracias contemporáneas enseñan una lección menos tranquilizadora: el deterioro ya no suele comenzar con militares cerrando un Parlamento.

International IDEA define el democratic backsliding como el debilitamiento deliberado, impulsado desde el poder, de las salvaguardas democráticas y del Estado de Derecho con el objetivo de aumentar el control político, reducir los contrapesos o alterar las condiciones de competencia. Y advierte de que muchas de esas transformaciones se realizan mediante instrumentos perfectamente legales: control de la agenda parlamentaria, reformas institucionales, presión sobre órganos de supervisión, polarización sistemática o conversión de cada límite al Ejecutivo en una batalla entre la «voluntad popular» y poderes supuestamente ilegítimos. International IDEA

Ése es el verdadero paralelismo que merece atención. No el resultado final, sino el método.

Nicaragua ofrece hoy el extremo: International IDEA señala que las reformas de 2025 formalizaron un poder ejecutivo prácticamente sin contrapesos y permitieron a la nueva copresidencia «coordinar» legislativo, judicial y órgano electoral. El Salvador representa otro recorrido: la ampliación progresiva del poder presidencial culminó en la habilitación de la reelección indefinida. Son realidades infinitamente más avanzadas que cualquier problema español. Pero llegaron allí mediante acumulación de precedentes, no mediante una decisión única que permitiera señalar el día exacto en que una democracia dejó de funcionar.

Por eso la expresión «última oportunidad» sólo tiene sentido si se entiende como advertencia sobre los precedentes. El peligro de la erosión institucional no consiste en que mañana desaparezcan las elecciones, sino en que cada Gobierno encuentre más normal utilizar las instituciones hasta su límite porque el anterior ya lo hizo.

La campaña ya ofrece una pista

El propio discurso con el que Sánchez anunció las elecciones contiene un elemento significativo.

En su intervención del 5 de octubre, el presidente explicó que durante estos años había tenido que «batirse» contra «élites económicas y sociales muy poderosas que no se presentan a las elecciones» y describió a la oposición como «la peor» de la democracia. Después planteó el 29-N como una elección entre continuar avanzando o entregar el país a una «coalición ultraderechista», y reclamó una mayoría más amplia con la que «doblegar a las élites». Son palabras oficiales recogidas en la transcripción de La Moncloa. La Moncloa

La retórica electoral admite dureza. Todos los partidos dramatizan las consecuencias de una derrota y ninguno está obligado a describir amablemente a sus adversarios. El problema aparece cuando una democracia empieza a dividir el espacio público entre quienes obtienen legitimidad porque representan a «la gente» y quienes, por no concurrir a las elecciones, son presentados como poderes sospechosos que deben ser vencidos.

Una democracia constitucional funciona precisamente porque no todo poder procede de una mayoría electoral. Los jueces no se presentan a las elecciones. Tampoco los tribunales constitucionales, los reguladores independientes, los medios de comunicación o buena parte de los organismos de control. Su legitimidad procede de otra fuente: la ley, la Constitución, la profesionalidad o su función de limitar a quien sí ha ganado las elecciones.

Ésa es una de las diferencias esenciales entre democracia mayoritaria y democracia liberal. Votar concede el derecho a gobernar. No concede el derecho a gobernar sin límites.

Y la misma regla vale para todos.

Si el Gobierno actual obtiene una nueva mayoría, la oposición deberá reconocer sin ambigüedades el resultado y ejercer su función dentro de las instituciones. Si las urnas producen una alternativa, el poder deberá facilitar exactamente lo mismo que exige cuando gana: un traspaso normal, una Administración neutral y la aceptación de que la alternancia no constituye una anomalía ni una derrota del país.

Ésa será la prueba verdaderamente importante del 29-N.

No si España elige izquierda o derecha. No si una campaña consigue movilizar mejor el miedo que la otra. Sino si después de tres años en los que demasiados conflictos han sido presentados como existenciales todavía somos capaces de reconocer algo elemental: ningún Gobierno es España y ningún resultado electoral equivale a apropiarse del Estado.

La democracia española conserva mecanismos robustos precisamente porque la Constitución previó la alternancia, las Diputaciones Permanentes, un Gobierno limitado cuando cesa, jueces independientes y procedimientos reglados para formar uno nuevo. La Ley del Gobierno obliga al Ejecutivo en funciones a facilitar la formación de su sucesor y a limitarse, salvo razones justificadas, al despacho ordinario. No es una formalidad administrativa. Es una de las pequeñas reglas en las que descansa toda una cultura política.

La experiencia latinoamericana demuestra que el deterioro democrático comienza muchas veces cuando esas reglas dejan de ser entendidas como límites comunes y pasan a verse como armas del adversario.

España no está ahí.

La cuestión del 29 de noviembre es impedir que alguna vez resulte normal acercarse.