A la espera de su aprobación en el Congreso de los Diputados, el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá ha presentado su ley para el ‘Impulso de los planes de pensiones de empleo’. Una medida necesaria pero con problemas de viabilidad tras haberle sido negados 26 millones de euros por parte de Hacienda para las deducciones fiscales que piden formaciones políticas de la oposición para apoyar esta reforma
FUENTE: EFE
Esta norma no será fácil de aprobar si el Ejecutivo no se abre a aprobar más incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades para las aportaciones empresariales a los planes de pensiones de sus trabajadores. En este punto, pero también en el propio modelo, nuestro país va por detrás de sus vecinos europeos. Países como Francia ya tienen más desarrollados los planes de pensiones complementarios y de forma más sectorial, mientras que en nuestro país solo el sector de la construcción acaba de establecer la implantación de un plan de pensiones colectivo de empleo.
Nuestro sistema de pensiones público de reparto ya es deficitario incluso si se excluyen las pensiones no contributivas, a la espera de unas soluciones que no terminan de llegar a pesar del paso de las legislaturas y del empeoramiento del contexto que las rodea. España necesita medidas urgentes que son costosas en términos políticos y sociales.
El Gobierno tendría que haber aprobado ya la normativa de los planes complementarios diseñados por Escrivá, pero su tramitación y posterior aprobación en el Congreso está avanzando con cuenta gotas. Mientras tanto, las empresas y sindicatos siguen apostando por la previsión social complementaria mediante la figura de un plan de pensiones colectivo de empleo (sin que haya previsión pública en las aportaciones y reembolsos), suscrito como pionero el sector de la construcción y que beneficiará a cerca de 600.000 asalariados del sector y otros 300.000 trabajadores autónomos. Es la extensión a toda España del modelo vasco de las EPSV, el cual no pasa por sus mejores momentos, dada la necesidad de cambiar en profundidad el enfoque sobre las empresas industriales y la propia estructura del mercado laboral.
España necesita reformas de calado y desde Bruselas se las están exigiendo. Que se retrase o no se avance en negociaciones como esta o la nueva reforma del RETA, son una mala noticia para el país. Crear una buena regulación de estos productos complementarios a la pensión pública (y con independencia de los planes de pensiones individuales) ayudaría a desahogar un sistema que actualmente tiene un déficit por encima de los 19.000 millones de euros. La llegada a la edad de jubilación de los ‘baby boomers’ y el rebote en la pirámide poblacional hará que las pensiones bajen al ritmo al que aumenta el coste de la vida, por lo que este segmento no tendrá asegurado con la pensión pública el poder paliar sus necesidades.
Para que un sistema generalizado de planes de empleo funcione bien es imprescindible el apoyo de los empresarios y los trabajadores, algo con lo que no cuenta Escrivá en estos momentos. Los empresarios piden que se den ayudas a las aportaciones empresariales a los planes más allá de las desgravaciones, pidiendo deducciones en el Impuesto sobre Sociedades. Para los sindicatos, los nuevos planes colectivos de empleo tienen escaso control y participación de los trabajadores en su gestión, lo cual genera problemas de alineación entre contribuyentes a los planes y sus representantes con la gerencia externa que se encargue de la gestión financiera (dónde invertir, durante cuánto tiempo, cómo rotan las carteras de inversión…).
El tiempo apremia, pero hay que hacer bien las cosas. Ese es el enorme reto del ministro Escrivá.
