El bulo (que no es) de la cita previa

El otro día asistimos a un acalorado debate en el Congreso donde hemos podido presenciar un nuevo ataque de ira del ministro Escrivá, señal inequívoca de la inseguridad que provoca no estar de acuerdo con sus propios planteamientos.

FUENTE: EFE

El ministro de Seguridad Social acostumbra a tomar posiciones airadas, sea en las Cortes o incluso en las redes sociales, cuando alguien le lleva la contraria. Es lo que ha sucedido en estos días pasados en el Congreso tras la acusación por parte de la oposición sobre el hecho de que hay que pedir cita previa para ser atendido en las oficinas de la Seguridad Social, así como las advertencias de que algunos autónomos tendrían que devolver las ayudas por cese de actividad que recibieron al comienzo de la pandemia. 

El problema es que la primera acusación es bastante fácil de comprobar en la web de la propia Seguridad Social, en la que se indica claramente que “la atención al ciudadano en las oficinas de la Seguridad Social requiere disponer de una cita”, aunque ahora el ministro Escrivá trate de enmendar su error diciendo que “al 25% de personas se las atiende directamente”, sobre todo a colectivos vulnerables y a realizar trámites urgentes. Lo que está claro es que el mensaje de la web del sistema no es una recomendación, sino más bien una orden. Escrivá ha errado. 

Este modelo de citas, que lleva instaurado desde inicio de año, buscaba instaurar un orden y agilidad a la Administración que solo ha conseguido empeorar la asistencia. Con un sistema colapsado en el momento con más empleados públicos de la historia, algo digno de analizar más que de intentar desmentir, el clásico “vuelva usted mañana” se ha instaurado hasta en la vía telemática. 

La cita previa obligatoria pudo tener algún sentido en el momento inicial del caos que supuso la pandemia, pues se trataba de evitar las aglomeraciones y de salvar la vida de las personas.  Hoy en día, y pasada ya esta situación, ni tiene sentido ni cobertura legal. Por ello, sorprende la generalización que se está produciendo de este sistema. En rigor, solo debería tener sentido cuando se preste un servicio muy específico que requiera una especial atención a la persona, pero no en los registros administrativos ni en la generalidad de las Administraciones públicas. 

Esta herramienta se ha convertido en un trámite más que no está previsto expresamente en las normas que regulan los procedimientos administrativos.  Provoca un deterioro de los servicios públicos que solo encuentra explicación en una mala gestión y planificación por parte de los responsables y de los directivos públicos que la implantan. 

Lo más grave de esta situación son las acusaciones, recogidas por el periódico ‘El País’, de ciudadanos que tienen que recurrir a un “mercado negro de citas” para conseguir sentarse delante de un funcionario. La pandemia nos ha dejado la secuela de la cita previa, provocando la insuficiencia productiva del funcionariado, que han visto relajada su jornada con atenciones más espaciadas dejando como consecuencia el cuello de botella existente en la actualidad. 

En fin, la pandemia ya no puede justificar que se cambien los métodos de trabajo en la Administración. Es posible que exista una falta de funcionarios en muchas Administraciones, pero la solución no puede ser la cita previa obligatoria, sino una adecuada planificación del servicio y un redimensionamiento de las plantillas de personal. 

El diálogo social del sector constructor marca el futuro de las pensiones

A la espera de su aprobación en el Congreso de los Diputados, el ministro de Seguridad Social José Luis Escrivá ha presentado su ley para el ‘Impulso de los planes de pensiones de empleo’. Una medida necesaria pero con problemas de viabilidad tras haberle sido negados 26 millones de euros por parte de Hacienda para las deducciones fiscales que piden formaciones políticas de la oposición para apoyar esta reforma

FUENTE: EFE

Esta norma no será fácil de aprobar si el Ejecutivo no se abre a aprobar más incentivos fiscales en el Impuesto sobre Sociedades para las aportaciones empresariales a los planes de pensiones de sus trabajadores. En este punto, pero también en el propio modelo, nuestro país va por detrás de sus vecinos europeos. Países como Francia ya tienen más desarrollados los planes de pensiones complementarios y de forma más sectorial, mientras que en nuestro país solo el sector de la construcción acaba de establecer la implantación de un plan de pensiones colectivo de empleo.

Nuestro sistema de pensiones público de reparto ya es deficitario incluso si se excluyen las pensiones no contributivas, a la espera de unas soluciones que no terminan de llegar a pesar del paso de las legislaturas y del empeoramiento del contexto que las rodea. España necesita medidas urgentes que son costosas en términos políticos y sociales.

El Gobierno tendría que haber aprobado ya la normativa de los planes complementarios diseñados por Escrivá, pero su tramitación y posterior aprobación en el Congreso está avanzando con cuenta gotas. Mientras tanto, las empresas y sindicatos siguen apostando por la previsión social complementaria mediante la figura de un plan de pensiones colectivo de empleo (sin que haya previsión pública en las aportaciones y reembolsos), suscrito como pionero el sector de la construcción y que beneficiará a cerca de 600.000 asalariados del sector y otros 300.000 trabajadores autónomos. Es la extensión a toda España del modelo vasco de las EPSV, el cual no pasa por sus mejores momentos, dada la necesidad de cambiar en profundidad el enfoque sobre las empresas industriales y la propia estructura del mercado laboral.

España necesita reformas de calado y desde Bruselas se las están exigiendo. Que se retrase o no se avance en negociaciones como esta o la nueva reforma del RETA, son una mala noticia para el país. Crear una buena regulación de estos productos complementarios a la pensión pública (y con independencia de los planes de pensiones individuales) ayudaría a desahogar un sistema que actualmente tiene un déficit por encima de los 19.000 millones de euros. La llegada a la edad de jubilación de los ‘baby boomers’ y el rebote en la pirámide poblacional hará que las pensiones bajen al ritmo al que aumenta el coste de la vida, por lo que este segmento no tendrá asegurado con la pensión pública el poder paliar sus necesidades.

Para que un sistema generalizado de planes de empleo funcione bien es imprescindible el apoyo de los empresarios y los trabajadores, algo con lo que no cuenta Escrivá en estos momentos. Los empresarios piden que se den ayudas a las aportaciones empresariales a los planes más allá de las desgravaciones, pidiendo deducciones en el Impuesto sobre Sociedades. Para los sindicatos, los nuevos planes colectivos de empleo tienen escaso control y participación de los trabajadores en su gestión, lo cual genera problemas de alineación entre contribuyentes a los planes y sus representantes con la gerencia externa que se encargue de la gestión financiera (dónde invertir, durante cuánto tiempo, cómo rotan las carteras de inversión…).

El tiempo apremia, pero hay que hacer bien las cosas. Ese es el enorme reto del ministro Escrivá.

Pensiones para siempre

El mundo laboral tiene un sentido de sencilla complejidad. Su filosofía se cimienta en la pura necesidad de recursos humanos que tiene cualquier producción del tipo que sea, será mayor o menor, dependiendo de cómo la técnica influye en ella y aun así esta también precisará de esa mano de obra.

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Así pues en este proceso sucede que el ciclo de la vida va transformando las capacidades físicas y mentales que tenemos, y llega el momento que nos imposibilita, de una forma u otra, continuar activos en el mundo laboral;  es en este momento cuando se genera la necesidad de que se produzcan unos ingresos que nos permitan seguir manteniendo nuestro nivel de vida; esto es lo que denominamos: pensión por jubilación que puede incrementarse con los ahorros que hayamos podido producir, quien haya tenido esa posibilidad.

El tema de las pensiones ha sido un motivo de debate permanente, en especial porque en este periodo democrático se ha convertido en un instrumento político que se utiliza para criticar al gobierno de turno, y con poca capacidad para generar escenarios que den garantía a algo de tanta importancia y consistencia como es esta cuestión, que tiene una incidencia social, en la fase final de las personas, y a la vez económica, pues es un importante porcentaje del PIB que se genera.

Lo cierto es que la sociedad evoluciona en todos los sentidos y uno de ellos es la demografía en un incremento constante, no en balde los avances en medicina, la depuración en la alimentación y las formas de vida, permiten que estemos ya superando la media de los 80 años de vida, y por tanto incrementando el gasto en las pensiones, añadiendo además que somos un país con un claro envejecimiento.

Pero todo esto no es óbice para que existan fórmulas que vayan adecuando el sistema de pensiones al modelo societario y laboral de cada momento, pues el abandono de este servicio nadie lo contempla y sería de tal repercusión que se derivaría en una explosión social de índole incalculable.

El modelo: quienes trabajan pagan las pensiones de los que están jubilados, depende de la cantidad de trabajadores activos que haya en cada momento.  En la actualidad estamos en un desequilibrio de una cierta importancia: incremento de jubilados y no aumento de trabajadores. Sin embargo,  podíamos ir transformando el sistema del destino de las cotizaciones de tal forma que lo pagado por cada trabajador, en un porcentaje determinado, se convierta en su propio fondo de pensiones, no obstante, esto debería hacerse teniendo en cuenta que una parte tendría una consideración más de impuesto que de tasa, pues se destinaría a la protección de quienes no han podido tener su propia pensión.

Igualmente el Estado debería garantizar una mínima pensión a todos los españoles y eso continúa llamándose impuestos, hagamos de ellos nuestro orgullo y prestigio, pues pensemos sobre esta cuestión: ¿qué preferiríamos pagar una cantidad importante de impuestos porque ingresamos mucho, o no pagar porque nuestros ingresos son escasos?, sin duda yo deseo pertenecer al primer grupo, imaginar la fortuna que es pagar impuestos como consecuencia de no tener problemas económicos.

Pues deberíamos pensar cómo somos capaces de componer un modelo donde se mezclen cotizaciones, impuestos y mayor edad de jubilación, y puedo asegurarles que no solo saldrá la solución a este momento, además habrá mayor demanda de puestos de trabajo. Las pensiones son la esencia de la sociedad del bienestar que deseamos vivir.