El otro día asistimos a un acalorado debate en el Congreso donde hemos podido presenciar un nuevo ataque de ira del ministro Escrivá, señal inequívoca de la inseguridad que provoca no estar de acuerdo con sus propios planteamientos.
FUENTE: EFE
El ministro de Seguridad Social acostumbra a tomar posiciones airadas, sea en las Cortes o incluso en las redes sociales, cuando alguien le lleva la contraria. Es lo que ha sucedido en estos días pasados en el Congreso tras la acusación por parte de la oposición sobre el hecho de que hay que pedir cita previa para ser atendido en las oficinas de la Seguridad Social, así como las advertencias de que algunos autónomos tendrían que devolver las ayudas por cese de actividad que recibieron al comienzo de la pandemia.
El problema es que la primera acusación es bastante fácil de comprobar en la web de la propia Seguridad Social, en la que se indica claramente que “la atención al ciudadano en las oficinas de la Seguridad Social requiere disponer de una cita”, aunque ahora el ministro Escrivá trate de enmendar su error diciendo que “al 25% de personas se las atiende directamente”, sobre todo a colectivos vulnerables y a realizar trámites urgentes. Lo que está claro es que el mensaje de la web del sistema no es una recomendación, sino más bien una orden. Escrivá ha errado.
Este modelo de citas, que lleva instaurado desde inicio de año, buscaba instaurar un orden y agilidad a la Administración que solo ha conseguido empeorar la asistencia. Con un sistema colapsado en el momento con más empleados públicos de la historia, algo digno de analizar más que de intentar desmentir, el clásico “vuelva usted mañana” se ha instaurado hasta en la vía telemática.
La cita previa obligatoria pudo tener algún sentido en el momento inicial del caos que supuso la pandemia, pues se trataba de evitar las aglomeraciones y de salvar la vida de las personas. Hoy en día, y pasada ya esta situación, ni tiene sentido ni cobertura legal. Por ello, sorprende la generalización que se está produciendo de este sistema. En rigor, solo debería tener sentido cuando se preste un servicio muy específico que requiera una especial atención a la persona, pero no en los registros administrativos ni en la generalidad de las Administraciones públicas.
Esta herramienta se ha convertido en un trámite más que no está previsto expresamente en las normas que regulan los procedimientos administrativos. Provoca un deterioro de los servicios públicos que solo encuentra explicación en una mala gestión y planificación por parte de los responsables y de los directivos públicos que la implantan.
Lo más grave de esta situación son las acusaciones, recogidas por el periódico ‘El País’, de ciudadanos que tienen que recurrir a un “mercado negro de citas” para conseguir sentarse delante de un funcionario. La pandemia nos ha dejado la secuela de la cita previa, provocando la insuficiencia productiva del funcionariado, que han visto relajada su jornada con atenciones más espaciadas dejando como consecuencia el cuello de botella existente en la actualidad.
En fin, la pandemia ya no puede justificar que se cambien los métodos de trabajo en la Administración. Es posible que exista una falta de funcionarios en muchas Administraciones, pero la solución no puede ser la cita previa obligatoria, sino una adecuada planificación del servicio y un redimensionamiento de las plantillas de personal.
