
El Congreso de los Diputados, antaño foro de encendidas deliberaciones, se ha convertido en un mausoleo de proyectos legislativos olvidados. Los pasillos, otrora bulliciosos con el ir y venir de diputados entregados a la ardua tarea de legislar, hoy resuenan con el eco del vacío institucional.
FUENTE: EFE
El Gobierno de turno, en una de las exhibiciones más grotescas de inacción que ha conocido la democracia reciente, se encuentra allí, pero no gobierna. Más que un Ejecutivo, parece un fantasma que deambula por el Palacio de las Cortes sin más voluntad que la de mantenerse en pie, sin más propósito que el de prolongar su existencia sin destino.
La legislatura actual es el reflejo más nítido de la decadencia política. Un Gobierno que se aferra al poder como náufrago a su madero, pero que es incapaz de dirigir la nave del Estado. Las leyes se apilan en los cajones de la Mesa del Congreso, esperando una oportunidad que nunca llega, víctimas de la estrategia de quienes han convertido la política en una partida de ajedrez sin reglas, donde el objetivo no es avanzar, sino impedir que el adversario lo haga.
El Parlamento no legisla. La excusa oficial es la fragmentación política, la dificultad para llegar a acuerdos, el obstáculo insalvable de una oposición que no coopera. Pero la verdad es otra: lo que hoy nos gobierna no es más que una administración de la parálisis, una burocracia de la inercia, un gabinete que se conforma con gestionar los silencios y los aplazamientos, mientras el país se hunde en la incertidumbre.
No hay reformas, no hay iniciativas, no hay impulso. Solo hay tacticismo de salón y un miedo enfermizo a tomar decisiones que puedan comprometer el frágil equilibrio de alianzas que sostiene este simulacro de poder.
Las cifras no mienten: decenas de leyes atrapadas en un limbo procesal, prórrogas indefinidas para la presentación de enmiendas, ampliaciones de plazos que no responden a la necesidad de mejorar los textos normativos, sino al deseo de que la política siga siendo un teatro de sombras donde nada se concreta, donde nada avanza.
La Ley de Familias, la regulación de los servicios de atención a la clientela, reformas urgentes en sectores estratégicos… todas ellas duermen el sueño de los justos en una cámara que debería ser el corazón palpitante de la democracia, pero que hoy es su fosa común.
La legislatura se ha convertido en un largo y tedioso invierno donde el tiempo no transcurre, donde la acción gubernamental es un concepto vacío, una promesa no solo incumplida, sino deliberadamente abandonada. Y mientras el Congreso se paraliza, el Ejecutivo se envuelve en discursos grandilocuentes sobre su propio compromiso con la gobernabilidad, como si la repetición de la mentira pudiera hacerla verdad. No hay gobernabilidad sin acción, no hay estabilidad sin decisiones, no hay democracia sin leyes que la articulen.
El Gobierno, sin embargo, ha optado por la inacción estratégica, por el inmovilismo calculado, por la pasividad como doctrina de supervivencia. No gobierna porque teme gobernar. No legisla porque cualquier movimiento real podría hacer tambalearse su precaria aritmética parlamentaria. No impulsa el cambio porque cualquier cambio lo enfrenta a sus propias contradicciones. Ha preferido ser un espectador de su propia debilidad antes que un actor en el drama de la historia.
El Congreso es ahora una metáfora del país: un lugar donde todo parece estar en marcha, pero donde nada se mueve realmente. Un hemiciclo repleto de discursos huecos, de gestos vacíos, de debates sin consecuencias. Un espacio donde la política ha dejado de ser el arte de transformar la realidad para convertirse en el oficio de mantener el statu quo a cualquier precio.
La oposición grita, denuncia, intenta abrir brechas en el muro de la inercia, pero el Gobierno ha perfeccionado el arte de la sordera institucional. No responde, no reacciona, no corrige. Solo espera. Espera a que el calendario haga su trabajo, a que los días pasen y la legislatura se consuma en su propia irrelevancia. Espera, como si la política fuera un asunto de paciencia y no de responsabilidad.
Lo más indignante no es la parálisis en sí, sino la aceptación resignada de la misma. El Ejecutivo no solo ha renunciado a gobernar, sino que ha conseguido que la ciudadanía se acostumbre a esta apatía institucional, que se normalice la idea de un Congreso atascado, de un país donde las decisiones se postergan indefinidamente, de un Gobierno que está, pero que no gobierna.
España no puede permitirse este letargo. No puede resignarse a un Parlamento que se ha convertido en un museo de leyes embalsamadas. No puede tolerar un Gobierno que ha hecho del no hacer nada su única estrategia. La democracia exige acción, liderazgo, valentía. Exige gobernantes que gobiernen, legisladores que legislen, ciudadanos que no acepten la parálisis como norma.
El tiempo de la espera ha terminado. O el Gobierno asume su deber de gobernar, o que ceda el paso a quien tenga la voluntad y la determinación de hacerlo.

100% de acuerdo.
Pero casi mejor que no legislen a que lo hagan solo para favorecer a una minoría, como pago político, y en contra del programa electoral por el que se votó, esto último es auténtica corrupción democrática.