Cuando un país olvida a Miguel Ángel Blanco

Hay olvidos que son inevitables. El paso del tiempo difumina nombres, rostros y acontecimientos que dejan de formar parte de la experiencia cotidiana de una sociedad. Ningún país puede vivir instalado permanentemente en su pasado ni convertir cada aniversario en una ceremonia obligatoria. Pero existe otra forma de olvido mucho más preocupante: aquella que afecta a los hechos que explican por qué una democracia es hoy como es. Cuando desaparece esa memoria compartida, no sólo se pierden unos nombres propios; también empieza a desdibujarse el significado de las libertades que costó tanto defender.

Ése es el punto de partida del documental Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo, dirigido por Jon Sistiaga. El periodista ha explicado que decidió reconstruir aquellos días porque comprobó que muchos jóvenes apenas conocen quién fue aquel concejal de Ermua o por qué su secuestro y asesinato marcaron un antes y un después en la historia reciente de España. La constatación resulta mucho más inquietante que el propio aniversario. No habla únicamente del paso del tiempo. Habla de la manera en que una sociedad decide qué episodios conserva en su memoria colectiva y cuáles deja desaparecer.

Mucho más que un asesinato

El asesinato de Miguel Ángel Blanco nunca fue únicamente un crimen más de ETA. La organización terrorista había matado durante décadas a militares, policías, jueces, empresarios, concejales y ciudadanos anónimos. Sin embargo, aquellas cuarenta y ocho horas de julio de 1997 produjeron una reacción distinta. Millones de españoles comprendieron que el terrorismo ya no amenazaba sólo a quienes ocupaban determinados cargos o vivían en el País Vasco. La amenaza alcanzaba directamente a la democracia española y a cualquier ciudadano que creyera en ella.

El llamado Espíritu de Ermua no surgió porque ETA asesinara por primera vez. Surgió porque una parte muy importante de la sociedad decidió que el miedo dejara de marcar los límites de la convivencia. Aquel movimiento cívico rompió inercias que parecían inamovibles y demostró que el terrorismo podía ser derrotado también desde la movilización democrática. No fue el final de ETA, pero sí el comienzo del final de la legitimidad social que todavía conservaba en algunos sectores del nacionalismo radical.

Precisamente por eso sorprende que ese episodio ocupe hoy un espacio cada vez más reducido en el conocimiento de quienes no lo vivieron.

La memoria también es una institución

Las democracias no se sostienen únicamente sobre constituciones, parlamentos o tribunales. También necesitan una memoria compartida que permita comprender por qué determinadas reglas existen y qué precio hubo que pagar para consolidarlas. Cuando esa memoria desaparece, las instituciones siguen funcionando, pero pierden parte de su sentido.

España ha dedicado en los últimos años enormes esfuerzos a recuperar determinados capítulos de su historia, algo perfectamente legítimo en una democracia que reflexiona sobre su pasado. Sin embargo, esa misma intensidad no siempre se ha aplicado a la hora de preservar la memoria del terrorismo que condicionó la vida pública durante más de cuarenta años. El resultado empieza a ser visible: una generación que conoce con detalle episodios ocurridos hace casi un siglo, pero que apenas identifica el nombre de un concejal asesinado hace menos de treinta años.

No se trata de establecer una competición entre memorias. Se trata de preguntarse por qué algunos acontecimientos permanecen constantemente presentes en el debate público mientras otros parecen desvanecerse con una rapidez llamativa.

Cuando el pasado deja de incomodar

Ese olvido nunca es completamente neutro. La política también se beneficia, en ocasiones, de las lagunas de la memoria colectiva. Bildu forma hoy parte de la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno y participa con absoluta normalidad en la negociación de algunas de las decisiones más importantes de la legislatura. Ésa es una realidad política que cada ciudadano valorará conforme a sus convicciones, pero resulta difícil ignorar que esa normalización se produce al mismo tiempo que disminuye el conocimiento social sobre lo que significó ETA.

No se trata de atribuir responsabilidades hereditarias ni de negar la evolución política de nadie. Una democracia debe ser capaz de integrar a quienes abandonan definitivamente la violencia y aceptan las reglas del Estado de Derecho. Lo que no debería hacer nunca es construir esa integración sobre la desmemoria. Porque una cosa es pasar página y otra muy distinta arrancarla del libro.

Cuando las nuevas generaciones dejan de saber quién fue Miguel Ángel Blanco, también resulta más sencillo contemplar el presente como si estuviera completamente desligado del pasado. Y esa desconexión acaba favoreciendo una lectura incompleta de nuestra propia democracia.

Lo que realmente nos recuerda Sistiaga

Quizá el mayor acierto del documental de Jon Sistiaga no sea reconstruir minuto a minuto aquellas cuarenta y ocho horas. Lo verdaderamente importante es la pregunta que deja flotando al terminar: ¿cómo es posible que uno de los acontecimientos que más transformó la historia reciente de España haya dejado de formar parte del conocimiento básico de tantos jóvenes?

Ésa debería ser la discusión. No por nostalgia, ni por revancha, ni para utilizar a las víctimas como argumento partidista. Sencillamente porque las democracias necesitan recordar aquello que puso en riesgo su propia existencia. La memoria no sirve para alimentar el resentimiento, sino para impedir que la banalización termine sustituyendo a la verdad.

Un país puede permitirse olvidar muchas cosas. Lo que no debería olvidar nunca es por qué hubo un tiempo en el que defender la libertad podía costar la vida. Porque cuando una democracia deja de recordar a quienes murieron por ella, empieza también a olvidar las razones por las que merece ser defendida.