La condena por el caso de David Sánchez trasciende los nombres propios. Si la sentencia no se modifica en instancias superiores, marcará un antes y un después: utilizar una Administración pública para «colocar» a una persona deja de ser únicamente una práctica censurable para convertirse también en una conducta con reproche penal.
FUENTE: EFE
España lleva demasiado tiempo conviviendo con una resignación peligrosa. Cada vez que aparecía un caso de enchufismo, la reacción era casi automática. Se criticaba el comportamiento, se denunciaba el favoritismo, se hablaba de ética pública y, unas semanas después, la conversación desaparecía hasta el siguiente escándalo. Como si el clientelismo fuera una enfermedad crónica de nuestra democracia frente a la que sólo cupiera la indignación periódica.
La sentencia conocida esta semana sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, introduce un elemento nuevo. No porque el condenado sea un familiar directo de Pedro Sánchez, ni porque las penas impuestas incluyan prisión, ya que no es el caso. Lo verdaderamente relevante es el mensaje jurídico que proyecta: cuando una Administración crea o utiliza una plaza pública para favorecer arbitrariamente a una persona determinada, el problema puede dejar de ser exclusivamente político para entrar en el ámbito del Derecho penal. La Audiencia Provincial de Badajoz le ha impuesto una pena de nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, una resolución que todavía no es firme y que será recurrida.
Naturalmente, serán las instancias superiores quienes tengan la última palabra. Así funciona un Estado de Derecho. Pero incluso antes de que exista una sentencia firme, el caso obliga a plantear una reflexión que trasciende por completo este procedimiento. Porque el verdadero protagonista de esta historia no es David Sánchez, sino una forma de ejercer el poder que durante demasiado tiempo ha parecido formar parte del paisaje institucional español.
Una cultura demasiado tolerada
España nunca ha necesitado inventar el clientelismo. Lo ha perfeccionado durante décadas. Han cambiado los gobiernos, las mayorías parlamentarias y el color político de ayuntamientos, diputaciones o comunidades autónomas, pero determinadas prácticas han sobrevivido con una capacidad de adaptación extraordinaria. Plazas diseñadas para un candidato concreto, empresas públicas convertidas en refugios de afines, nombramientos donde el mérito parecía una formalidad y la proximidad política una garantía, convocatorias que nacían con nombre y apellidos antes incluso de publicarse.
No siempre era fácil demostrar que existía un delito. Muchas veces tampoco resultaba sencillo acreditar una arbitrariedad con relevancia penal. Pero eso no impedía que la percepción ciudadana fuera devastadora: demasiadas administraciones parecían funcionar como una prolongación del partido que gobernaba en lugar de actuar como instituciones al servicio de todos. Ésa ha sido una de las formas más persistentes de deterioro institucional de la democracia española.
Porque no hace falta desviar dinero público para debilitar un Estado. Basta con instalar la sospecha de que acceder a un empleo público depende menos del mérito y la capacidad que de los contactos adecuados.
La Administración no pertenece al Gobierno
Quizá el mayor daño del enchufismo ni siquiera sea económico. Es institucional. Cada vez que una plaza pública deja de responder a criterios objetivos, el Estado pierde una parte de su legitimidad y los ciudadanos dejan de competir en igualdad de condiciones. Poco a poco se abre paso la idea de que las reglas sólo funcionan para quienes no tienen padrinos y que el esfuerzo vale menos que la cercanía al poder.
Cuando eso ocurre, la Administración deja de percibirse como una estructura al servicio del interés general para convertirse en un instrumento de distribución de favores. Y ahí desaparece uno de los principios esenciales de cualquier democracia liberal: la separación entre partido y Estado. Los gobiernos administran temporalmente las instituciones; no son sus propietarios. Los recursos públicos no existen para premiar fidelidades personales ni para resolver compromisos políticos, sino para servir a los ciudadanos con criterios de objetividad, mérito y capacidad.
Por eso el enchufismo nunca ha sido una simple incorrección ética. Es una forma silenciosa de colonizar las instituciones.
Mucho más que un apellido
Habrá quien reduzca toda esta discusión al parentesco con el presidente del Gobierno. Sería un error. Precisamente porque el apellido convierte el caso de David Sánchez en noticia, conviene no perder de vista lo importante. Si mañana la sentencia queda confirmada, el precedente afectará a cualquier administración gobernada por cualquier partido. No será un problema exclusivo del PSOE, sino un aviso para cualquier responsable público que crea que puede utilizar la estructura administrativa para beneficiar discrecionalmente a personas de su entorno.
Ésa es la verdadera dimensión institucional del caso. La Justicia no estaría censurando una determinada ideología, sino una determinada manera de entender el ejercicio del poder. Y esa diferencia resulta decisiva porque transforma una práctica que durante años se consideró simplemente reprobable en una conducta susceptible de tener consecuencias penales.
El principio que estaba en juego
Durante demasiado tiempo el enchufismo se ha tratado como una patología inevitable de la política española. Algo censurable, sí, pero casi consustancial al ejercicio del poder. Generaba escándalo, ocupaba titulares durante unos días y terminaba diluyéndose en la sensación de que «siempre ha sido así». Esa resignación es probablemente uno de los mayores fracasos de nuestra cultura institucional.
Si esta resolución termina consolidándose en las instancias superiores, ese paradigma empezará a cambiar. No porque desaparezca el clientelismo de la noche a la mañana, sino porque quienes utilicen la Administración como una agencia de colocación política sabrán que el reproche ya no será únicamente mediático o electoral. También podrá ser penal.
Ésa es la verdadera trascendencia de esta sentencia. No la suerte procesal de David Sánchez, ni el desgaste político del Gobierno, sino el mensaje que proyecta sobre el funcionamiento del Estado. El mérito y la capacidad no son una recomendación constitucional ni una declaración de buenas intenciones. Son el fundamento sobre el que descansa la credibilidad de toda la Administración. Cuando ese principio se vulnera deliberadamente, no se deteriora únicamente una convocatoria pública. Se deteriora la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Y ésa es una factura que una democracia nunca debería acostumbrarse a pagar.