El caso que envuelve la historia entre el ministro Grande Marlaska y el coronel Pérez de los Cobos es un claro caso de la injerencia del Gobierno en la profesionalidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de demostraciones de poder al margen de la legalidad que, finalmente, la Justicia termina por desacreditar.
FUENTE: EFE
Tras el fallo judicial, el ministro Grande Marlaska no sólo tiene que restituir al coronel Pérez de los Cobos en el cargo, tal como ordena la sentencia, sino que no debería impedir, si le queda un atisbo de decencia, que sea ascendido a general de Brigada. Pocos casos hay en España de méritos más que suficientes en una carrera como guardia civil para merecer este ascenso.
La purga de Grande Marlaska tuvo consecuencias: Pérez de los Cobos fue injustamente privado de su ascenso al generalato, pese a que contaba con la mejor puntuación, siendo uno de los coroneles mejor puntuados en las evaluaciones del Consejo Superior de la Guardia Civil. Sin embargo, su nombre nunca figuró entre los señalados por el ministro. Ahora, De los Cobos tiene derecho a que le sean reconocidos tres años de servicio al frente de un puesto de tanta relevancia como la Comandancia de Madrid, que otorga mayor puntuación para el ascenso que la que recibía en su actual destino. Y este mismo año habrá cuatro puestos que cubrir.
El varapalo para Marlaska es monumental, ya que el Supremo confirma ahora la primera sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, que ya había anulado la decisión del ministro del Interior tras considerar que el cese fue una represalia por la determinación de Pérez de la Cobos de cumplir la orden de la magistrada que investigaba el denominado caso del 8-M de no informar a sus superiores.
El Alto Tribunal obliga al Ministerio del Interior a reincorporar al coronel en el que era su cargo y abonarle los devengos que le correspondían. Las reacciones no tardaron ayer en llegar y, además de los partidos de oposición, varias de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil reclamaron la dimisión del ministro por la “persecución injusta, inmerecida y desproporcionada” a la que fue sometido Pérez de los Cobos y por la “falta de confianza” que los miembros de la Benemérita tienen hacia el propio Grande-Marlaska.
La trayectoria del titular de Interior, que descartó ayer su salida del Ejecutivo por la decisión del Supremo, está plagada de polémicas, entre las que destacan la tragedia acaecida en la valla fronteriza de Melilla con la muerte de varios inmigrantes presuntamente en suelo español; el acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco, con un giro de la política penitenciaria tras el apoyo de Bildu a los Presupuestos; o la adquisición de una cinta de correr de última generación con cargo al propio Ministerio. El cese ilegal de Pérez de los Cobos es el último episodio de un ministro con una situación insostenible y que sigue aferrado al cargo, pese a que ha tenido durante su mandato razones de peso para presentar su dimisión.
Cuando el Gobierno solicitó irregularmente a Pérez de los Cobos toda la información posible sobre la investigación de la manifestación feminista del 8-M, el principal perjudicado por dicha causa era José Manuel Franco, delegado del Gobierno en Madrid. Franco fue finalmente exonerado, pero el Gobierno temía que la imputación se extendiera también a Fernando Simón. La petición de información al coronel fue, por tanto, un intento de disponer de información clave que le habría permitido al Gobierno anticiparse a la imputación de cargos clave durante la pandemia.
La decisión del Tribunal Supremo es una mancha más en el historial de un ministro del Interior que, en otras etapas de la democracia, ya habría sido fulminantemente cesado por el presidente del Gobierno. Hay que recordar que fue el propio Marlaska el que afirmó en el Congreso que no iba a dimitir porque «no había cometido ninguna ilegalidad».
Después de los cambios que se acaban de acometer en el Gobierno, Sánchez ha perdido una buena oportunidad para relevar a Marlaska, aunque fuese por unos meses.
Marlaska y su valedor PS: soberbia en estado puro. No se dan cuenta que el cargo que ostentan es para ejercer un poder delegado para gobernar de la mejor manera y para todos. No es algo a título personal para, ni para un partido político. Ya les queda menos. El único consuelo.