No hay eufemismos posibles. Gravar con el IRPF a los trabajadores que cobran el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) no es solo un error de política fiscal, es una inmoralidad de dimensiones colosales.
FUENTE: EFE
Es el Estado actuando como un depredador voraz, metiendo la mano en el bolsillo de los que menos tienen mientras se llena la boca con discursos sobre justicia social.
El SMI ha subido a 1.184 euros mensuales en 14 pagas. A primera vista, podría parecer una buena noticia. Pero detrás de este aumento se esconde la trampa: a partir de ahora, quienes ganan esta cantidad verán cómo Hacienda se lleva su parte. Sí, un trabajador que apenas sobrevive con el salario más bajo posible tendrá que pagar impuestos sobre la renta, mientras las grandes fortunas encuentran cada día nuevos resquicios legales para minimizar su carga fiscal.
¿La excusa del Gobierno? “Es necesario para mantener el estado del bienestar”. Bonito eslogan. Lo que no cuentan es que, en los últimos tres años, han extraído entre 16.000 y 18.000 millones de euros en impuestos de todos los trabajadores, aprovechando la inflación sin ajustar los tramos del IRPF. No lo digo yo, lo dice un análisis reciente del Banco de España. A esto hay que sumar el sablazo a las cotizaciones sociales, que ha encarecido el empleo y frenado la posibilidad de que los sueldos mejoren.
Pero lo más escandaloso es la incoherencia brutal del Ejecutivo. Nos bombardean con propaganda sobre su compromiso con las rentas más bajas, aprueban subsidios y ayudas con gran despliegue mediático, y luego les meten un hachazo fiscal a esos mismos trabajadores. Mientras tanto, las grandes empresas y patrimonios siguen tributando mayoritariamente por Sociedades, con tipos efectivos ridículos en comparación con los asalariados.
Los datos son claros y devastadores: el 38% de la recaudación efectiva del IRPF proviene de quienes ganan menos de 21.000 euros al año. Y ojo, porque incluso aquellos con bases imponibles inferiores a 12.000 euros aportan casi un 10% del total. En cambio, los que ingresan más de 60.000 euros solo contribuyen con el 7,37%. Es decir, el peso de la recaudación lo llevan los que menos ganan. ¿Dónde está la progresividad de la que tanto presume el Gobierno?
La realidad es que esto no es otra cosa que una maquinaria recaudatoria descontrolada. No importa de dónde venga el dinero, lo que importa es exprimir hasta el último céntimo. Y ahora le ha tocado el turno al SMI.
La solución es evidente: hay que reformar el IRPF de una vez por todas. Establecer un mínimo exento mucho más alto, entre 22.000 y 24.000 euros, para que los salarios bajos no tengan que pagar impuestos injustos. Un sistema con menos tramos pero con una progresividad real, donde los que más tienen contribuyan proporcionalmente más. Pero claro, eso no interesa. Es más fácil seguir apretando a los de siempre, a los que no tienen capacidad de mover su dinero a paraísos fiscales ni acceso a complejas estrategias de optimización fiscal.
Si el Gobierno realmente quisiera ayudar a los trabajadores con menos ingresos, haría lo contrario de lo que está haciendo. Dejaría de sangrar fiscalmente a los sueldos bajos y permitiría que ese dinero se quedara en el bolsillo de quienes lo ganan. Pero eso significaría recaudar menos, y ahí está la clave de todo. Porque, al final, todo se reduce a eso: a recaudar, recaudar y recaudar.
Mientras tanto, los gobiernos autonómicos tienen en sus manos la posibilidad de hacer algo para mitigar este desastre. Pueden ajustar los tramos del IRPF en su parte autonómica, elevar mínimos exentos y reducir la presión sobre los salarios más bajos. No será una solución perfecta, pero al menos servirá para paliar en parte este expolio institucionalizado.
Es hora de dejar de tragar con este saqueo disfrazado de progresismo. Si pagar impuestos es una obligación ciudadana, también lo es exigir un sistema justo, donde los que menos tienen no sean los que más pagan. Lo que está haciendo el Gobierno no es política fiscal, es puro expolio. Y alguien tiene que decirlo alto y claro.