Los independentistas saben ahora que el precio a pagar es más bajo y, con los pocos escrúpulos que tienen, hace pensar que puedan volver a intentarlo.
Tras el intento del Gobierno de dejar que los secesionistas paseasen por Cataluña y el resto del territorio nacional con la supresión del delito de sedición y reforma del de malversación, el Tribunal Supremo ha adaptado la sentencia del ‘procés’ con la que se pretendía levantar la inhabilitación del presidente de ERC Oriol Junqueras para presentarse como candidato a las elecciones generales de este curso, manteniendo finalmente la inhabilitación hasta 2031.
Sin lugar a dudas, el Supremo ha pasado antes de lo que se esperaba una primera factura de todos los cambios producidos en el Código Penal en los últimos meses, haciendo pagar a Junqueras y a la coalición “la deslealtad constitucional y el menosprecio a las bases de la convivencia”, en la que en la sentencia se refieren a Junqueras, pero que se aplica perfectamente a los movimientos de Sánchez para liberar a unos delincuentes demostrados. Una deslealtad que a partir de ahora quedará como un ‘campo abierto’ para los secesionistas, a no ser que incurran en violencia o intimidación extrema para que puedan ser juzgados por rebelión.
Por si fuera poco, el Supremo también desmiente al Gobierno de coalición, que dijo que este tipo de procesos independentistas se verían afectados bajo la figura del nuevo delito de ‘desórdenes públicos agravados’, cosa que han desmentido con rotundidad. De esta forma, si se produjera un nuevo intento soberanista en Cataluña quedaría impune y sin respuesta penal judicial, a menos que en unos meses se vuelva a reformar el Código Penal y se reinstaure el delito de sedición.
El fallo del Supremo es un ‘cisne negro’ en toda regla a pocos meses de las Elecciones municipales. Los ideólogos de la reforma no contaban con que el Alto Tribunal se pronunciara de la forma en que lo ha hecho. De igual forma, el ‘cisne negro’ cuyo origen es el apoyo independentista al actual Gobierno central puede ser potencialmente más peligroso habida cuenta de las últimas novedades en cuanto a la situación penal del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont. No conviene minusvalorar los riesgos que para la mayoría parlamentaria actual tiene el libre trabajo de la Justicia que no se resigna a dejar impune un hecho tan grave como el 1-O. ¿Se arreglará con otro indulto? Es posible. Todo dependerá de cuáles sean las expectativas electorales de aquí al verano.
Mientras tanto, esta nueva sentencia del Supremo afectará a los cerca de 30 juicios pendientes del proceso de independencia que aún están pendientes y de los que pueden salir sentencias de prisión, porque muchos de los encausados pueden ser condenados por el delito de malversación. ¿Volverá a utilizar Sánchez el indulto como factor corrector de lo que la Justicia determina que fue la justa pena por la violación del régimen constitucional?
Lo grave de esta situación nace en que Sánchez buscaba que ERC le aprobara los PGE de 2023 y favorecer a los golpistas catalanes para que Junqueras pudiera ser candidato de ERC en la cita de las elecciones generales de diciembre. Y no solo no lo ha logrado, sino que al eliminar la sedición ha dejado indefenso al Estado y frente al riesgo de un nuevo proceso secesionista catalán.
Los independentistas saben ahora que el precio a pagar es más bajo y, con los pocos escrúpulos que tienen, hace pensar que puedan volver a intentarlo.