Esta semana se aprobó con retroactividad la actualización del salario mínimo un 8%, hasta los 1.080 euros brutos mensuales repartidos en 14 pagas.
Esta actualización beneficiará a los cerca de dos millones y medio de trabajadores que menos cobran en España. Pero no se confundan. Ojalá la cifra beneficiase realmente a todas esas personas. El punto aquí es cuántos puestos de trabajo se van a perder con esta medida, cuántos se van a dejar de crear y cuantos negocios van a tener que echar el cierre por una medida de claros tintes electoralistas, con unas elecciones que, como tarde, se celebrarán en diciembre o enero.
Pueden estar contentos de haber cumplido una de las promesas de la coalición: llevar el salario mínimo al 60% del salario medio. Pero ahogando a las pymes, a las que el nuevo SMI equivale al 71% de sus salarios. Si por tamaño o sectores no se entiende bien, por comunidades autónomas es aún más explícito: 13 regiones han visto superado el 60% de su salario medio, incidiendo con fuerzas en las comunidades consideradas como la España vaciada, que tanto pretendía defender este Gobierno.
En los últimos cuatro años España ha incrementado el salario mínimo un 35,9%, un aumento desde los 735,9 euros mensuales a los 1.080 euros actuales que ha provocado la desaparición de 217.500 puestos de trabajo. El alza del SMI ha generado de forma directa la destrucción de 71.600 puestos de trabajo y ha evitado la creación de 145.900 empleos. Esta nueva subida no hace más que agravar la situación del país en un contexto económico y político tan volátil.
Sánchez y Díaz confunden las políticas sociales y el salario mínimo. ¿Hay gente que tiene dificultades en estos momentos? Ayudémosla, para eso están las políticas sociales, pero no confundamos las cosas. Esas subidas del SMI lo que están haciendo es intervenir los mercados. Cuando un Gobierno socialista toma decisiones comunistas, es preocupante.
Este último año de un Gobierno atravesado por los desastres va a provocar que nuestra economía se tambalee, porque, de momento, Europa no tiene prisa, pero estas reformas van a ser miradas al dedillo y de lo que digan desde Bruselas dependerá la llegada de un dinero muy importante que debe llegar al tejido empresarial si, de alguna forma, se puede evitar la asfixia a los que pagan los platos rotos.
Aquí parece que el Gobierno prefiere no potenciar el sistema económico para que haya más trabajadores, sino esquilmar más a los que estamos. ¿Por qué no atacamos con políticas generales para incrementar este número?