Colombia está en pie de guerra. Las calles sufren un descontrol absoluto que recuerda a un conflicto civil más que a la normalidad en la democracia más longeva de Latinoamérica. La situación lleva más de una semana fuera de control y, de momento, parece no tener fin. Al igual que sucedió en Chile, ¿de dónde nace este conflicto y por qué afecta especialmente a la Alianza del Pacífico?
Unas imágenes escalofriantes que recuerdan a una guerra entre ciudadanos más o menos organizados especialmente en provincias donde existen estados paralelos y el ejercito del país. Los manifestantes salieron a las calles colombianas desafiando una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de suspender la jornada de protesta debido a la gravedad de la pandemia en el país, en el que han fallecido más de 75.000 por COVID-19. Poco después de que se iniciaran las protestas, el presidente Iván Duque desplegó fuerzas militares en las calles para tratar de sofocar los disturbios.
Las protestas comenzaron en noviembre de 2019 contra las políticas económicas y sociales del presidente Iván Duque, y han vuelto después de más de un año de coronavirus en el país, lo que ha derivado en graves consecuencias económicas para la mayoría de las familias colombianas, y tras la propuesta de una reforma tributaria que iba a afectar especialmente a las clases medias. Si bien estas revueltas pueden surgir a causa de determinadas decisiones gubernamentales que afectan especialmente a los estamentos más desfavorecidos de su sociedad en medio de un momento crítico, en realidad provienen de un movimiento de ataque a las democracias coaligadas en torno a la Alianza del Pacífico, habiendo ocurrido antes en Chile y Perú.
En Chile, todo saltó por los aires cuando el Gobierno decidió subir el precio del billete del transporte público y no paró hasta que no se cambió la Constitución del país. En Perú, el caso más reciente al menos con cobertura en medios, provocó la renuncia de Manuel Merino tras lo que algunos medios consideraron como un intento de golpe de estado encubierto, hecho considerado por Mario Vargas Llosa como “anticonstitucional”.
Los dirigentes deben reunirse con los líderes de la ciudadanía para reconducir una situación límite en favor del restablecimiento de la democracia y de su salud, así como de la ciudadanía, que es la base de ésta. Pero al mismo tiempo, es necesario investigar a fondo qué es lo que está sucediendo para que se produzca un movimiento de desestabilización de la región tan intenso y prácticamente simultáneo.