La reforma del sistema de acceso a la función pública es una constante a lo largo de los últimos años, la cual ha vuelto a aparecer a escena tras la propuesta del Ministerio de Política Territorial y Función Pública y en el contexto de la desaparición de la ENA en Francia. La importancia del asunto obliga a hacer propuestas prudentes e inteligentes que vayan más allá de los eslóganes fáciles que se han transmitido durante estos días. No se puede reducir la cuestión a “memoria vs. aptitud”.
A partir de lo anunciado por el Gobierno (“se trabaja en una estrategia para reformar el modelo de acceso al empleo público en el que se tenga más en cuenta la capacidad y la aptitud y menos la habilidad memorística”), iniciamos el debate con tres aportaciones de interés: por un lado, lo que señalan dos destacados miembros de nuestro Club de Opinión como son los profesores Sosa Wagner y De Carreras y, por otro lado, las propuestas de los altos funcionarios de la Administración del Estado, representados por Fedeca.
En el caso del profesor de Carreras, este modelo le recuerda a aquel modelo de enseñanza conocido como plan Bolonia y que acabó siendo un completo desastre. “Habilidades, competencias, prácticas, contra el esfuerzo, contra la memoria y devaluando el conocimiento. Todo eso me suena. Lo que se necesita, pues, según la filosofía que inspira el proyecto, son personas inteligentes, cuya aptitud los psicólogos pueden evaluar mediante test, minusvalorando en cambio el esfuerzo para alcanzar “el mérito y la capacidad” que exige el artículo 103.3 de la Constitución, un elemento clave para que se cumpla el principio de igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública dentro de una Administración cuya finalidad es servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la ley y a los fines que la justifican”.
Para el profesor Sosa Wagner, “otra grave consecuencia de estos modos de organización es el terremoto que se produce con ocasión de cualquier remodelación ministerial. Y lo ya definitivamente perturbador es que estas facultades de designaciones tan alejadas de la templanza que debería adornar a los ministros se trasladan, como en una cascada cantarina, a sus subordinados, los secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales quienes usan su voluntad para designar a los responsables de otras muchas dependencias: subdirectores y funcionarios asimilados que se cuentan ya por centenares”, lo que para Sosa Wagner, como antes comentábamos también, puede ocasionar la aparición de gente que solo busca un puesto fijo que no merecen.
Por último, Fedeca (Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) pide modernizar las oposiciones actualizando los procesos de selección y dar becas para acceder a la función pública para eliminar el sesgo socioeconómico. La Administración del Estado está envejecida: su edad media es de 52 años, 10 más que la del conjunto de la población activa, lo que hace que en la próxima década más de la mitad del personal se vaya a jubilar. Ante esta “crisis demográfica de la función pública”, los altos funcionarios llaman a tomar medidas urgentes para anticiparse a la futura “descapitalización” de la Administración. Por ello, piden planificar mejor las necesidades de efectivos, modernizar las oposiciones, ofrecer becas a los candidatos para democratizar el acceso al empleo público, y dar mucha más publicidad a las convocatorias para hacerlas atractivas a los jóvenes.
Ante unas pruebas de acceso criticadas por ser lentas, anticuadas y excesivamente memorísticas, Fedeca considera “inaplazable” su reformulación para adaptarlas más al desempeño concreto de los cargos y porque se midan mejor las aptitudes y las competencias como el liderazgo o la gestión de equipos. Si queremos seleccionar directivos, tenemos que valorar nuevas cuestiones. Y si se evalúan competencias distintas, también es necesario profesionalizar los tribunales examinadores.
Además, se deben actualizar los temarios, con conocimientos transversales para todos los cuerpos A1, y simplificar los procedimientos, reduciendo los tiempos entre distintas pruebas o liberando a los aspirantes de volver a realizar un examen si ya demostraron su capacidad en una convocatoria anterior. “La idea no es rebajar la dificultad, ya que si uno quiere captar la excelencia las pruebas deben ser difíciles, pero sí agilizar los plazos o guardar los exámenes de un año para otro, por ejemplo, en el caso de los idiomas”.
Por último, Fedeca propone generalizar un sistema de becas para opositores en función de su expediente académico y nivel de renta, y la posibilidad de acceder a préstamos financiados por el órgano que convoque las plazas ya que los costes de opositar son uno de sus desequilibrios del sistema de oposiciones, ya que no están al alcance de todos
Es evidente la necesidad de un cambio profundo en la Administración Pública en términos de productividad, generación de resultados, motivación y capacidad de innovación en sus puestos de trabajo. La mayor parte de los funcionarios se enfrentan ante situaciones de “riesgo moral” ya que, a no ser que hagan una barbaridad dentro de sus puestos, no pueden ser expulsados de la función pública. Es un trabajo que da seguridad al ciudadano por su condición de vitalicio y al que mucha gente pretende acceder.
Totalmente de acuerdo, en Francia la ENF dio magníficos ejemplos de su utilidad. Por contra el nuevo método en estudio puede ser un coladero para afines sin méritos ni capacidad, deslegitimando la igualdad de oportunidades.