Una labor tan necesaria de contrapeso como la que ejerce por mandato constitucional el Tribunal de Cuentas, no puede verse ensombrecida por la lentitud de sus procedimientos, en especial ante grandes casos de desfalco de dinero público.
Fuente:EFE
Los acontecimientos en torno a la liga española de fútbol se han convertido en un problema político y social. Aunque pudiera parecer una cuestión que sólo atañe a los jugadores, directivos de los equipos y los aficionados, la realidad es que el fenómeno del fútbol está muy extendido en la sociedad y, como ocurre en otros órdenes de la vida, tiene serios problemas para sobrevivir a medio plazo.
El deporte rey en nuestro país está viviendo momentos convulsos. Desde que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, anunció la creación de una nueva competición europea (la denominada “Superliga”), la polémica y las acusaciones cruzadas entre las partes han sustituido a un necesario debate de fondo partiendo de evidencias contrastables como la pérdida de aficionados que pagan cuotas de socios, la extensión de fórmulas alternativas de seguir los partidos frente a la televisión, la caída de los ingresos de los equipos por publicidad, la situación cada vez más delicada de equipos fuertemente endeudados y deudores del Fisco, la competencia desleal de equipos dopados con fuertes ayudas estatales o la situación de monopolio de la UEFA con abundantes casos de corrupción, entre otros.
Sin embargo, no siempre un buen diagnóstico de los problemas implica generar una buena solución. Una dialéctica de “grandes” frente a “pequeños” es demasiado simplista y deriva en soluciones que son peores que la propia enfermedad. En este sentido, la postura del presidente de LaLiga, Javier Tebas, el cual cree que una “Superliga” pone en riesgo a los equipos pequeños y sus ingresos por derechos televisivos, parece razonable. Sin embargo, ni Pérez ni Tebas tienen en este momento gran poder de convicción y credibilidad. Tampoco la tienen los reguladores nacionales e internacionales.
En medio del descrédito de los actores intervinientes y de una desafección social creciente, para establecer una solución primero es necesario analizar los incentivos que tienen las partes para, posteriormente, estudiar qué posible estrategia beneficiaría a la mayoría de las partes y, al menos, no perjudicaría a ninguna relevante. Siguiendo esta línea, es evidente que el acuerdo de LaLiga con el fondo CVC para dar liquidez a los equipos vía derechos de televisión no responde al objetivo final de generar una solución positiva para todas las partes. Más bien es la reacción de una parte enfrentada con otra que busca generar ingresos inmediatos a muy corto plazo a cambio de un pacto a muy largo plazo bajo unos supuestos financieros poco realistas.
¿Es razonable un pacto de esta naturaleza dada la necesidad acuciante de dinero por parte tanto de equipos grandes como pequeños? A tenor de las cifras que se han hecho públicas no lo parece. Sin tener que acudir a un rescate público, existen fórmulas alternativas que no se han explorado antes de construir un producto financiero que para el creador (CVC) será una fuente de enorme rentabilidad mientras se mantenga dentro de la inversión (cosa poco probable en este tipo de fondos más allá de 5 años) pero una fuente de riesgo enorme para los equipos que, ante un incumplimiento de las cláusulas contractuales, tendrían que responder con su patrimonio: el de sus socios (en el caso de los clubes) y de sus accionistas (en el caso de las sociedades anónimas deportivas).
Por tanto, es necesario repensar los últimos acontecimientos y articular otro tipo de solución, más aún cuando los cuatro votos en contra de la operación diseñada por LaLiga suponen el 22% de los derechos televisivos, es decir, una tarta que de diez partes se ha quedado de inicio sin algo más de dos de ellas. Esto afecta inevitablemente al valor financiero total que se le daba al conjunto de LaLiga (25.000 millones de euros) y al desembolso de CVC por los derechos, el cual pasa de 2.700 millones a 2.100 millones. Los restantes 38 votos a favor salen perdiendo precisamente por la pérdida de valor implícito del acuerdo a medio plazo.
Para la sociedad española, la ‘guerra del fútbol’ no es baladí. El deporte es una de las dimensiones más sociales en este momento y si bien puede suponer en ocasiones fuente de enfrentamientos, termina siendo un punto de encuentro como sucede, por ejemplo, en las competiciones internacionales (los mundiales y europeos, los Juegos Olímpicos…). Esperamos que las instituciones públicas –empezando por el Ministerio de Cultura– sean conscientes de la grave situación y ayuden a articular una solución satisfactoria para las partes. Es necesario que nuestras ligas recuperen el valor perdido en estos últimos años tras la marcha de las dos grandes figuras del fútbol mundial, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.