La huelga que llegó demasiado tarde

España paró ayer por razones difíciles de despreciar. Vivienda, salarios, precios y servicios públicos afectan directamente a millones de ciudadanos y explican que la convocatoria haya encontrado una considerable comprensión social. El problema del 11-N no son sus motivos. Es el momento elegido para convertirlos, por primera vez en más de una década, en una huelga general.

CCOO y UGT no convocaban conjuntamente un paro general desde 2012 y éste ha sido el primero celebrado durante los más de ocho años de presidencia de Pedro Sánchez. Ocho años en los que ha habido inflación, deterioro del acceso a la vivienda, conflictos laborales, pérdida de poder adquisitivo y una creciente dificultad de los jóvenes para emanciparse. Sin embargo, la huelga llegó el 11 de noviembre de 2026: dieciocho días antes de unas elecciones generales y dos días antes del comienzo oficial de la campaña.

Los sindicatos sostienen que la movilización se preparaba antes de que Sánchez adelantara las elecciones. Es un dato que debe respetarse. Pero también lo es que la convocatoria de una huelga general se anunció públicamente el mismo 5 de octubre en que se conoció el adelanto y que la fecha definitiva se cerró dos días después. Sea cual fuera la intención de sus promotores, el efecto político resulta difícil de ignorar: la mayor herramienta de presión del sindicalismo español se ha utilizado cuando el Ejecutivo al que debía interpelar ya no dispone prácticamente de tiempo político para corregir aquello contra lo que se protesta. UGT insistió en que la movilización se dirigía contra todas las administraciones y CCOO reconoció algo elemental: «todas las huelgas generales son políticas», aunque no tengan por qué ser partidistas.

Y ése es precisamente el punto. Una huelga general puede dirigirse contra empresarios, comunidades autónomas, ayuntamientos o decisiones parlamentarias, pero no puede ser contra nadie. Si se paraliza un país para exigir cambios en salarios, vivienda, servicios y políticas públicas, existe necesariamente un destinatario político. En una huelga general nacional, el Gobierno de la nación es uno de ellos.

Sin embargo, ocurrió algo extraordinario. El propio Gobierno consideró «justas» las causas del paro, mientras Frente Amplio reivindicó la movilización y Podemos llamó a «paralizar el país». Los partidos situados a la izquierda del PSOE respaldaron abiertamente la huelga. De ese modo, organizaciones que han gobernado, cogobernado o sostenido mayorías durante buena parte de estos años pudieron colocarse durante veinticuatro horas al otro lado de la pancarta.

Ahí aparece la contradicción política más difícil de explicar. Si la vivienda se ha convertido en una emergencia, si los salarios no bastan y si el coste de la vida justifica una huelga general, esas circunstancias no aparecieron en octubre. Y quienes han participado en el poder durante estos años no pueden presentarse ahora únicamente como portavoces del malestar que también les corresponde administrar.

Naturalmente, tampoco toda la responsabilidad pertenece a La Moncloa. En vivienda resulta especialmente importante evitar esa simplificación. La propia Ley estatal de Vivienda reconoce que todas las comunidades autónomas tienen asumida plenamente la competencia en esta materia, mientras el Estado interviene mediante sus competencias económicas, fiscales, civiles y de planificación. Ayuntamientos y gobiernos autonómicos, incluidos los gobernados por PP u otras fuerzas, tienen por tanto una responsabilidad evidente. Precisamente por eso la huelga podía haber sido una interpelación incómoda para todos.

Pero la proximidad electoral terminó convirtiendo esa incomodidad en otra cosa.

Una encuesta del Instituto DYM ofrece una fotografía especialmente reveladora. El 49% consideraba justificada la huelga, pero sólo el 13,9% creía adecuado el momento elegido; un 32,7% pensaba que debería haberse convocado antes y un 67,9% apreciaba una intención de influir en las elecciones. Incluso entre votantes del PSOE y Sumar predominaba la opinión de que la protesta debía haber llegado antes.

Ahí está probablemente el juicio más severo del 11-N. Una sociedad puede compartir las reivindicaciones y, simultáneamente, preguntarse por qué hubo que esperar hasta el final de una legislatura para utilizar el instrumento sindical más poderoso disponible.

Las grandes huelgas generales españolas tuvieron históricamente sentido porque pretendían obligar a un Gobierno en ejercicio a rectificar. La de ayer difícilmente podrá producir ese efecto antes del 29-N. El Gobierno al que interpela está terminando su mandato y las decisiones relevantes corresponderán muy pronto a otro Ejecutivo, sea cual sea su composición.

Por eso el 11-N deja una sensación extraña. La huelga puede haber servido para expresar un malestar real, para colocar la vivienda en el centro del debate y para demostrar capacidad de movilización. Lo que difícilmente podrá hacer es aquello para lo que una huelga general debería ser más útil: obligar al poder responsable a cambiar de rumbo mientras todavía está a tiempo de hacerlo.

Cuando la protesta llega después de ocho años y a dieciocho días de las urnas, el problema ya no es sólo contra qué se hace la huelga. Es preguntarse por qué llegó precisamente cuando casi nadie tendría que pagar políticamente por escucharla.