La RAE, como institución, es una entidad que siempre se mantiene al margen de decisiones políticas porque sabe que no es quien legisla. El problema llega cuando el que legisla atenta contra la integridad de lo que, en este caso, defiende la RAE per se: nuestro idioma. La lengua conforma parte de nuestra identidad como españoles y la Real Academia no ha dudado en expresar contundentemente su posición, contraria, al nuevo modelo de Selectividad que la cartera de Educación quiere aplicar.
FUENTE: EUROPA PRESS
La institución ha difundido un comunicado en el que admite que entre los cometidos que recogen sus estatutos no figura opinar sobre la forma en que se enseña la lengua y la literatura, pero sí tiene opinión y debe expresarla a petición de los profesionales que día a día imparten las materias relativas al idioma y su uso. En este sentido, la RAE insta al Ministerio a cambiar el rumbo de su reforma, que está prevista que empiece a aplicarse en una primera versión limitada en 2024 y, de forma más profunda, en 2027.
El pasado 22 de septiembre, 13 especialistas de las pruebas de Lengua Castellana y Literatura II de lo que antes se conocía como Selectividad y ahora con distintas sopas de letras según la comunidad autónoma de que se trate; y pertenecientes a 10 comunidades autónomas, firmaban un manifiesto titulado expresivamente Competencias para la nada: en contra de la propuesta de las EBAU/EvAU redactada por el Ministerio de Educación disponible en la plataforma change.org en busca de adhesiones.
Este texto describe de forma minuciosa el procedimiento por el cual se fusionarían las pruebas lingüísticas –de castellano, inglés y la lengua cooficial correspondiente– hasta reducirse a una veintisieteava parte de la extensión que tiene en las pruebas actuales cada uno de los idiomas.
Lo cual comportaría, claro, una merma análoga de los contenidos y del conocimiento que de su asimilación se deriva. Una Selectividad ‘low cost’.
Este texto llegó a la RAE y su respuesta se produjo el pasado viernes 18 de noviembre, siendo ésta su primera vez mostrándose en contra del plan de un Gobierno en ejercicio.
En la nueva propuesta de prueba de acceso, los alumnos habrán de contestar a 25 preguntas de tipo test y no podrán sobrepasar las 150 palabras en cada uno de los textos que redacten con lo que, para la RAE, “pierden el lugar preponderante que hasta hace poco tenían la reflexión y la argumentación lingüística, la capacidad para compendiar y ordenar discursos, así como la interpretación, la valoración y el análisis de los textos literarios”.
Por último, lamenta que la propuesta de reforma de la prueba de acceso a la Universidad haya sido elaborada “sin contar con la opinión de los profesores de bachillerato y sin consultar tampoco con los coordinadores de las pruebas de acceso a la universidad, sea cual sea la comunidad autónoma en la que estos desempeñen su labor”. En su opinión, las directrices sobre los conocimientos y las capacidades que se deben enseñar y evaluar en lengua y literatura “han de ser establecidas tras consultar con los profesionales de larga experiencia docente que imparten esas materias en la enseñanza secundaria, en el bachillerato y en la universidad. También debería tenerse en cuenta la opinión de las academias”.
No puede ser que desde las instituciones no se defienda la calidad en el uso de la lengua. Como dicen desde la RAE, esta propuesta debería ser establecida como un primer borrador provisional que facilite la aportación de todas esas personas e instituciones a una tarea común de considerable importancia. Este tipo de cambios se tienen que tomar con todos los expertos, no solo ministeriales, que puedan llegar a ser voces válidas. No se puede eliminar y restar importancia a los contenidos, reduciendo la importancia de trabajo a unos profesores que son quienes ponen las primeras piedras a los futuros ciudadanos de nuestro país.