El acuerdo económico necesario con la contradicción permanente Iglesias-Escrivá de fondo.

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Bruselas ha empezado esta semana a evaluar los paquetes de reformas que están enviando los países para acceder a los fondos de recuperación. Más allá de los detalles técnicos, el denominador común es la exigencia por parte de las autoridades comunitarias de que las medidas económicas sean ambiciosas, realistas, creíbles y detalladas, ya que nos estamos jugando el futuro de la Eurozona en los próximos años, y de ello depende el desembolso de los famosos 140.000 millones de euros.

Uno de los principales destinatarios de este mensaje de la Comisión Europea es, sin lugar a dudas, España. El borrador de medidas económicas presentado va en el estilo de este Gobierno de coalición: poco concreto, grandilocuente en sus expresiones, apabullante en el número de medidas que en el fondo se pueden resumir en menos de diez todas ellas de expansión fiscal, contradictorio en las medidas sin una base mínimamente rigurosa de principios económicos, diseñado para acaparar titulares de prensa de medidas que muchas de ellas son puro humo y sin un plan de corrección del enorme agujero presupuestario que se está generando.

Pero si ha habido un elemento paradigmático que ha evidenciado la imposibilidad de que de este Gobierno haga las reformas necesarias es la pugna Iglesias-Escrivá en materia de reforma de la Seguridad Social que lleva al Reino de España a intentar “engañar” a Bruselas diciendo una cosa y su contraria, siendo incapaces de dejar por escrito el mensaje definitivo mientras se contradicen el PSOE y Podemos con lo que habían pactado unos pocos meses antes en la Comisión del Pacto de Toledo.

Es posible que durante unos meses consigan hacer parecer como que cumplen con las exigencias de Bruselas. Pero a la hora de la verdad (sea ésta en mayo, junio o más adelante según evolucione el calendario de aprobación de los planes nacionales de reformas) si no hay un gran acuerdo de país en materia de reformas económicas, nos abocará a una situación crítica como la de 2010-2011, teniendo que pasar a estar tutelados por nuestros acreedores, especialmente el Banco Central Europeo (BCE) que en 2020 ha comprado el equivalente a toda la emisión neta de deuda realizada por el Tesoro Público.

¿Hasta cuándo vamos a tener la Sanidad de campaña electoral?

El comienzo de año no está siendo ni mucho menos tranquilo si hablamos de lo que está ocurriendo en el contexto político nacional. Todo sigue como estaba o, si acaso, hemos ido un poco a peor con respecto a 2020. La irresponsabilidad del Ejecutivo manteniendo al candidato de los socialistas catalanes, para los comicios, si nada cambia, del 14 de febrero, al frente del ministerio de Sanidad en medio del caos generado por la pandemia tras las navidades, parece no tener límites.

Las encuestas preocupan más a Salvador Illa que sus propias funciones al frente del ministerio más importante actualmente para España; el ministro parece desconocer el panorama en el que nos encontramos, con unas cifras que acarrearían un cierto riesgo a sufrir un confinamiento que nos puede devolver a marzo del año pasado; si no estuviéramos en medio de una campaña electoral.

La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿hasta cuándo vamos a tener la sanidad de campaña electoral? Desde algunos medios de comunicación, creen que la salida de Illa del ministerio no se producirá hasta que no comience oficialmente la campaña electoral, a expensas de las resoluciones judiciales en marcha. La situación epidemiológica en Cataluña ha abierto la puerta a que se pueda dar esta situación, algo que en el PSC no quieren para poder aprovechar el tirón que parece tener el ministro de Sanidad en su tierra; los votos por encima de la salud de los catalanes y, como no, también de los españoles.

Por su parte, los sanitarios le han pedido al Gobierno que decrete un confinamiento domiciliario ante el repunte del virus tras las vacaciones y la preocupante progresión que parecen llevar estas cifras. Esta situación podría volver a llevar al límite a nuestras instituciones sanitarias y frenar el ritmo de vacunación a nivel nacional con las previsiones del personal médico sobre un posible colapso hospitalario. El Ejecutivo sigue en sus trece de llevarnos a la situación más límite posible. A pesar de que desde Sanidad califican como “preocupante” el pico de contagios, todavía ven posible poder doblegar la curva sin tener que acudir al confinamiento domiciliario, como ya se hizo durante la segunda ola.

El ministro de Sanidad debe hacer caso a los expertos y aparcar el ego y las decisiones electorales para buscar lo mejor para los españoles y no para su carrera política, que con este nivel de irresponsabilidad no auguramos muy fructífera. El Gobierno no puede mantenerse inmóvil mientras la situación empeora y debe buscar soluciones como ya han hecho otros países como Portugal y Reino Unido, que acaban de adoptar nuevas medidas; o Alemania e Italia, que van saliendo, poco a poco, de duros confinamientos durante la Navidad.

Iglesias, de caballo de Troya a “dinamitero” del sistema del 78

En la entrevista concedida por Pablo Iglesias a La Sexta demuestra su ignorancia, pero también su “endeblez ética”, cuando compara a Puigdemont con los exiliados republicanos. Es un ignorante al equiparar a nuestros exiliados, que inundaron de inteligencia y nostalgia, de cultura y añoranza muchos países de América, con unos señores que dieron un golpe de Estado y pusieron en jaque a nuestro sistema constitucional.

Su confusión ética le impide distinguir una democracia de una dictadura, unos personajes llenos de dignidad con un delincuente, la defensa de unas ideas en una democracia con la imposición de un ideario por encima de leyes y resoluciones judiciales. Pablo Iglesias sin darse cuenta, porque es ignorante y atrevido, confunde la legalidad franquista y la legalidad constitucional de la España actual.

Su desfachatez y su desahogo moral es evidente, porque si la condición política y moral de Puigdemont fuera equiparable mínimamente a la de los exiliados de la República, su pertenencia a un gobierno que permite un solo día esta situación sería incomprensible. Si se pueden equiparar, ¿qué hace sentado en una poltrona gubernamental? ¿Cómo se aviene a solucionar esa situación ignominiosa por la puerta de atrás? ¿Qué hace siendo cómplice de quienes han provocado tan gran injusticia?

A muchos españoles, de muy diferentes posiciones políticas, nos ofende que compare al pintoresco fugado con Prieto, Azaña, Juan Ramón Jiménez, Américo Castro, Madariaga, Machado o con tantos otros que representaban la democracia española y la dignidad universal del hombre. A quien intentó un golpe de Estado con los que lo sufrieron.

Pablo Iglesias es nuestro caballo de Troya, es el dinamitero del sistema del 78. Nos fijamos y nos indignamos con Trump, pero nos hacemos los sordos y los ciegos con personajes como Iglesias, que no conforme con pretender destruir el sistema de libertades, terminará llevándonos a la ruina. Algunos dicen que le soportan en el gobierno porque garantiza la paz social -”imagínense esta situación con Iglesias en la oposición”, dicen hombres preclaros y poderosos- porque es compatible que él insulte a los poderosos de nuestro país y éstos le apoyen, aunque sea más por miedo que por prudencia, sin darse cuenta de que probablemente no conseguirán la paz social, que conseguida así no es más que expresión de la pusilanimidad que embarga a los poderosos españoles, y terminaran arruinando al país.

Por ese miedo a la revuelta, por ese temor a Iglesias, le tenemos en el gobierno. No tiene parlamentarios, no tiene votos suficientes, para ejercer la influencia que ejerce. Sólo el miedo de una izquierda democrática que ha perdido los argumentos políticos, ideológicos y éticos ante el neocomunismo podemita y de un grupo de poderosos que piensan más en ellos que el país, permiten que esa mezcla extraña de ignorancia y amoralidad, de desfachatez e irresponsabilidad, de bravuconearía y atrevimiento, se siente en el gobierno de España.

El “Populismo Energético” entra en juego

El temporal Filomena ha traído consigo temperaturas bajo cero y una nevada muy sonada en la capital de España, pero también un nuevo punto de fricción en el Gobierno, y ya se les están acumulando unos cuantos. La subida de la electricidad en plena ola de frío está siendo para Unidas Podemos una nueva excusa para machacar al Gobierno desde dentro y tratar de imponer sus políticas populistas cuando se presentan situaciones límite.

El partido del vicepresidente de Asuntos Sociales, se olvida de su ministerio cada vez que antepone sus propios intereses a las de sus funciones a cargo del ministerio ‘social’. Es una irresponsabilidad emplear esta situación para sacar rédito político a través de medidas populistas. Lo que están haciendo los ministros de Podemos, pidiendo la nacionalización de las eléctricas, es imposible de realizar de la noche a la mañana en un sistema que lleva activo tantos años.

No vale de nada culpar a Europa de nuestro problema, como hizo el ministro de Consumo. Garzón ha achacado las variaciones del precio de la electricidad a un sistema en el que “se trasladan las oscilaciones en el suministro al consumidor final” y que depende, según él, del ineficaz sistema creado por la Unión Europea. Miles de familias no podrán mantener sus casas a temperaturas adecuadas, lo que repercutirá gravemente en la salud de los que menos tienen. “Ningún gobierno decente debería tolerarlo”, reprochaba en diciembre de 2017 al Gobierno del Partido Popular que lideraba Mariano Rajoy, quién te ha visto y quién te ve.

Dentro del Gobierno se aprecia con claridad el malestar de algunos ministros socialistas, ya cansados de los delirios de grandeza de Iglesias y los suyos. Cada vez tenemos un Gobierno más volátil, que puede saltar por los aires en cualquier momento, como está pasando en Italia. En ningún momento hemos escuchado, por parte de los ‘podemitas’, alguna idea para solventar el problema de forma razonable e intentando resolverlo de forma rápida para así ayudar a la ciudadanía, que son los que verdaderamente están sufriendo el problema.

Basta con mirar a Portugal, que comparte el mismo mercado diario de electricidad que España. Los precios en ambos países suelen ser casi idénticos. Durante cinco días de este mes, el coste del megavatio/hora en el país vecino fue unos pocos euros más caro que aquí, la diferencia es que el Ejecutivo luso ha tomado cartas en el asunto y se ha hecho responsable, como ha de hacer un Gobierno, del problema; ya que este pagará el 10 % de la factura eléctrica de todos los hogares este mes para proteger a las familias del incremento de los precios en el mercado.

Mientras, nuestro Gobierno se excusa en que la Comisión Europea no lo vería con buenos ojos porque considera que España ya abusa de los tipos reducidos o superreducidos. Una vez más, no se hará nada para solucionar un problema que, en palabras de la ministra Teresa Ribera, “no se arregla con la nacionalización de las eléctricas”.