Hace 10 días que el Gobierno acordó en el Consejo de Ministros la regulación del precio de los alquileres junto a una serie de medidas de calado. Este acuerdo se enmarca dentro del pacto de gobierno con Unidas Podemos bajo la etiqueta de un gran cambio social, pero, ¿en qué consiste realmente esta nueva medida?
Fuente:EFE
El principal pilar se basa en la regulación de los precios, una regulación que es prácticamente igual a la primera Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) de 1946, durante el franquismo, y que estuvo vigente hasta 1985, con Felipe González. Nadie puede dudar de la magnitud del problema de la vivienda en España y, sobre todo, en las grandes ciudades. En tan sólo un lustro, del 2015 al 2020, el precio se dobló: creció un 52% de media en toda España, aunque en algunas comunidades autónomas, como Cataluña o la Comunidad Valenciana, la subida fue incluso más pronunciada (60% y 68%, respectivamente).
Traducido en números, esto significa que, si por una vivienda de unos 80 metros cuadrados se pagaba de media en el 2015 unos 568 euros, en el 2020 se paga por la misma 852. Y esto, insistimos, es tan sólo la media. Buscar algo por menos de 900 euros en ciudades como Barcelona es prácticamente imposible y eso que con la pandemia bajaron algo los precios. Pero esta medida, lejos de poder servir como un bálsamo para las personas que sufren para pagar un alquiler, puede empeorar el panorama y mucho.
¿Es necesaria una regulación?
Pues depende de cómo se mire y según las prioridades que queramos atacar primero. ¿Cómo de necesario es una regulación en este aspecto? De nuevo lo importante es analizar, dónde y en qué condiciones, y con quién nos queremos comparar.
Desde hace más de una década, España tiene un problema con el mercado inmobiliario. Se muestran cifras de viviendas en alquiler en los países más ricos de Europa y se comparan erróneamente con las nuestras. Según los datos de Eurostat, el 86% de los españoles vive en una casa de su propiedad frente al 51% de los alemanes.
Es cierto que una proporción muy baja de vivienda en alquiler puede significar que este mercado tiene problemas, esto ocasionaría una falta de oferta; sumado a precios muy altos en determinadas localizaciones y el complicado acceso para los jóvenes. También es cierto que la obsesión con la vivienda en propiedad tiene efectos en otras variables: por ejemplo, supone un freno a la movilidad y reduce el dinamismo en el mercado laboral. Pero también debemos recordar que un porcentaje elevado de las viviendas en propiedad apunta a un país de pequeños propietarios, en el que las familias de renta media-baja han accedido a la vivienda, con lo que eso supone de amortiguador para las crisis y para los períodos de reducción de ingresos (por ejemplo, durante la jubilación). Porque en otros países, esas cifras de vivienda en propiedad y de patrimonio entre las clases más bajas se miran desde lo lejos.
¿Cómo afecta la medida?
El principal argumento del Gobierno para aplicar esta es que, si los alquileres son altos, sólo hay que fijarlos por decreto o, en su defecto, obligar a los propietarios a bajarlos. Todo esto enfrascándose en la idea de que así lo han hecho grandes ciudades como Berlín o Londres. Por muy lógico que esta medida pueda parecer, sobre todo en el ámbito social. Pues no lo es en absoluto.
Que muchas ciudades europeas se hayan puesto a controlar precios por decreto lo único que quiere decir es que media Europa tiene políticos tan cortoplacistas como los nuestros, ya que regular los precios de la vivienda no se ha conseguido en ninguna ciudad con semejantes medidas como las de España. Lo que ocurriría puede ser todo lo contrario: las políticas de control de precios del alquiler han sido históricamente un desastre y han tenido consecuencias catastróficas para las ciudades en el largo plazo. Según diversos análisis realizados por economistas, esta medida es una de las técnicas más eficientes para empeorarlo todo.
¿Soluciona el problema?
Por todo lo que hemos relatado hasta ahora, la Ley seguramente no tendrá ningún impacto en el control de precios de alquiler y éstos seguirán subiendo. Tampoco se beneficiarán los jóvenes; en realidad, podrían salir bastante perjudicados. Ya que esta ayuda sólo se dará si los jóvenes trabajan y los contratos de alquiler no superen, en principio, los 600 euros mensuales o los 900 en algunos casos, lo cual en ciudades como Barcelona o Madrid es prácticamente imposible; aparte del efecto que esta ley ocasionaría en el mercado.
En realidad, parece que todo lo que no sea construir vivienda pública social servirá para bastante poco para controlar uno de los principales problemas que tenemos hoy en España.
Buena medida la vivienda pública social, pero lejos de las fórmulas de Unidas Podemos. También el ayudar a “todos” con el muro infranqueable de la “entrada” para acceder a hipoteca, con avales públicos. Digo TODOS, pues la distinción de “jóvenes” hasta 35 años es perniciosa, pues el primer bebé llega justo a esa edad para más de un 30% de las mujeres.