No se recuerda ya una semana tranquila en el seno del Gobierno de coalición, con una fractura más que evidente desde el paso por las urnas en Cataluña. Desde entonces, el cisma entre Iglesias y Sánchez se agranda cada día con reproches cruzados. En este sentido, la última disputa de los morados con la formación socialista salta por uno de los puntos del acuerdo de gobierno firmado entre ambos, que hace referencia a la aprobación de una nueva Ley de Vivienda, donde la reivindicación del partido de Pablo Iglesias es establecer un control de precios sobre el alquiler.
FUENTE: EFE
El debate sobre el acceso a la vivienda llega de manera extemporánea, en plena tendencia bajista tanto de precios de compraventa de vivienda como del alquiler en las grandes ciudades y muy especialmente en las localizaciones donde había un sobrecalentamiento notable (en Madrid se están reduciendo un 1,7% anual y en Barcelona un 2,4%). En este sentido, Iglesias y los suyos promueven un debate que crea ruido en torno al sector del alquiler, incrementando la sensación de inseguridad jurídica, dado que es ahí donde maximizan la rentabilidad de sus propuestas populistas. Ni al ministro Ábalos ni mucho menos a Podemos se les ha ocurrido pensar en qué políticas hay que diseñar para reducir las barreras a la entrada que se encuentran los jóvenes y las familias de renta baja a la hora de acceder a una vivienda a un coste asequible.
Es necesario estimular la salida de stock disponible al mercado en manos de entidades financieras que ejecutaron sus carteras de préstamos, potenciando el alquiler social y generando incentivos a los propietarios para colocar en mercado sus viviendas sin el riesgo de que un okupa les prive de su posesión. No es ni serio ni razonable en un país democrático apelar a expropiaciones como está haciendo el Gobierno autonómico balear ni tampoco la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional. Lo que el señor Iglesias hace con sus palabras cuando exige estas medidas de control al sector inmobiliario es generar un efecto ‘boomerang’, ya que crea en la sociedad una inseguridad mayor a la que ya había dentro de este ámbito.
José Luis Ábalos, ministro sobre el cual recaen las competencias en término de vivienda, destacó que tanto PSOE como Podemos tienen “los mismos objetivos pero con concepciones distintas” en las formas de intervenir el mercado de los alquileres. Ábalos comentó que en el momento actual es “más positivo promover que no imponer” para evitar “la detracción del mercado y que muchas de las viviendas que podrían ir al alquiler acaben en el mercado de la compraventa” y así evitar la especulación y proteger a aquellos que buscan una vivienda asequible.
La respuesta de Podemos, como era de esperar, es la de adoptar una oposición de inmovilismo semejante a la que ejerce en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. La secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra (quien lleva el peso de las negociaciones de la futura ley en su partido) ha señalado en la red social Twitter que “lo pactado obliga”; una vez más que, desde la formación morada, se quiere ejercer un peso que no tienen en el Congreso para sacar adelante medidas como si tuvieran una mayoría absoluta, de la que están bastante lejos.
Por su parte, Sánchez parece querer resolver los conflictos que tiene entre manos su coalición, pidiendo a sus socios “bajar los decibelios” para resolver sus diferencias y fortalecer un Ejecutivo que no beneficia a España. Sánchez no debe dejarse llevar por el vicepresidente Iglesias en otra de sus cruzadas contra los que él considera, los verdaderos enemigos de nuestro país, una larga lista que solo el señor Iglesias conoce. El presidente del Ejecutivo debe abrir los ojos y darse cuenta de que, la persona con quién comparte el poder de nuestro país, tiene unos objetivos muy distintos a las necesidades que tiene la ciudadanía española.